Santo Domingo, R.D.-La Presidencia de la República informó este domingo que el presidente Luis Abinader emitió el decreto número 215-25, mediante el cual creó el Observatorio de Políticas Migratorias, un espacio de intercambio ciudadano orientado a fortalecer la vigilancia organizada, la transparencia y la participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias del Estado dominicano.

• Este observatorio forma parte de las 15 medidas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a la migración irregular de haitianos a territorio nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, el Observatorio funcionará bajo la dependencia del Consejo Nacional de Migración y contará con una comisión ejecutiva encabezada por el periodista Miguel Franjul, designado por el Poder Ejecutivo como presidente del organismo, y coordinado con el Ministerio de Interior y Policía.

Otros integrantes de la comisión

Esta comisión estará integrada, además, por el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Julio Sánchez Maríñez; el arzobispo de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez; el pastor Feliciano Lacen Custodio, director ejecutivo del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue); Jacinto Pichardo, secretario general del Instituto Duartiano.

Además, Juan Mera, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago; César Dargam Espaillat, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), y Juan Bancalari, presidente de Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

• Todos sus miembros ejercerán sus funciones de manera honorífica.

El decreto también faculta al Observatorio a incorporar nuevas personas de la sociedad civil y crear mesas permanentes de trabajo con expertos y especialistas en la materia.

«Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con una política migratoria más transparente, participativa y alineada con el interés nacional», dijo la Presidencia.

SANTO DOMINGO. – La Procuraduría General de la República (PGR) tomó medidas legales preventivas contra el empresario Antonio Espaillat López, quien trató de movilizar el mapa societario de empresas a su nombre en medio de la investigación por el colapso de la discoteca Jet Set, que dejó 232 personas muertas y 133 niños huérfanos.

Noticias SIN supo, de acuerdo a fuentes muy bien informadas, que Espaillat López trató de movilizar el mapa societario de su empresa de medios RCC Media, lo que obligó a la PGR “a tomar acción y frenar la movilización de empresas”.

El periódico Listín Diario publicó una información similar, al citar una fuente ligada a la investigación diciendo que la PGR ha activado procedimientos legales para impedir cualquier intento de enajenación o traspaso de propiedades vinculadas a Espaillat. Estas acciones incluyen oposiciones formales a posibles movimientos patrimoniales en compañías como Inversiones E y L SRL y el Jet Set Club, así como sobre otras propiedades a su nombre, según el diario.

La Dirección de Persecución, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, ha asumido el caso y está ejecutando una serie de operativos legales orientados a preservar los derechos de las víctimas, sobre todo el más de un centenar de huérfanos.

Las autoridades buscan asegurar que los bienes relacionados con el empresario permanezcan bajo control judicial mientras avanza la investigación y se fijen las responsabilidades de rigor.

El desplome total del techo de concreto de la popular discoteca, ocurrido el pasado martes 8 de abril durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el siniestro, ha llevado al Ministerio Público a examinar minuciosamente los antecedentes administrativos y legales del local.

Aunque el empresario ha manifestado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, el Ministerio Público mantiene la vigilancia activa sobre todos los elementos relacionados con la tragedia y sus responsables.

Estas acciones se enmarcan en lo establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual le otorga la capacidad de dirigir las investigaciones penales y actuar en representación de la sociedad para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los afectados.

Santo Domingo, R.D.-El pasado mes de octubre el presidente Luis Abinader anunciaba la meta de deportar por semana unos 10 mil haitianos en condiciones migratorias irregulares en el país. Seis meses más tarde, el mandatario estableció 15 medidas para continuar con sus regulaciones en materia de migración. Pero, ¿cómo ha sido el ritmo de deportaciones que ha mantenido el gobierno desde el pasado año 2024?

Este medio solicitó a la Dirección General de Migraciones (DGM) una base de datos con todos los extranjeros que fueron deportados a su país de origen o procedencia, desde enero del 2024 hasta la fecha, con la obviedad de que el 99% de los casos se trataron de ciudadanos de nacionalidad haitiana.

Desde enero del año 2024 hasta principios de abril del 2025, las autoridades de migración han reportado la deportación de unas 209,964 personas, siendo los haitianos el grupo más predominante con un 99.4% de los retornados.

No obstante, el gobierno no ha sido capaz de cumplir con la meta que se estableció, y es desde octubre del pasado año hasta marzo del 2025, la cifra de 10,000 haitianos por semana ha sido imposible de cumplir. El mes que precisamente estuvo más cerca fue cuando anunciaron la medida (octubre 2024), cuando se reportaron 24,963 haitianos que fueron regresados a su país.

Tanto febrero con marzo contabilizaron 12,101 y 12,709, respectivamente, de haitianos deportados, lo que es una media, aproximada, de 3,000 por semana.

Deportaciones y medidas

El 2 de octubre del 2024 el gobierno dominicano informó que se ejecutará un operativo de repatriación de 10,000 migrantes irregulares por semana.

“Se acordó la ejecución inmediata de un operativo de repatriación, con el objetivo de repatriar hasta 10,000 inmigrantes por semana hacia su país de origen”, apuntó Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental.

El plan, que según dijeron busca priorizar tanto la seguridad como el respeto a los derechos humanos, estaría basado en varios puntos fundamentales que ayudarán no solo a enfrentar la migración sino a la trata de personas.

El 6 de abril del 2025, Abinader endureció su política contra la migración irregular haitiana anunciando al menos 15 medidas con el objetivo de frenar ese flagelo, “proteger” el país y “garantizar” el respeto de las leyes migratorias.

Entre ellas aparecen varias destinadas a controlar la cantidad de haitianos con situación migratoria irregular en la República Dominicana.