Nacionales
Millones de depuraciones de personas, armas y vehículos realizo la PN.
Santo Domingo, R.D.-El Sistema de Identificación Ciudadana y Depuración Biométrica (DIBI) de la Policía Nacional informó que realizó 26 millones de consultas en los primeros ocho meses de 2024, las cuales abarcan personas, vehículos y armas.
Según los informes de la institución, se realizaron 9,387,456 depuraciones ciudadanas, acciones que permitieron la captura de al menos 979 prófugos de la justicia entre los meses de abril y agosto. Los datos de los primeros tres meses del año no especifican esta categoría.
En el mes de agosto, fueron arrestados 145 individuos que figuraban en los registros policiales. En julio se detuvieron a 178, en junio a 252, en mayo a 209 y en abril a 195.
El portal web de la Policía Nacional registra 216 prófugos de la justicia. El más reciente publicado el martes 03 de septiembre es Elvy Aleydo Morel Ogando, a quien se le atribuye la comisión de homicidio y otros delitos.
También figuran en el mes de agosto Vigioni Joel Núñez, Frankyn José Marte, Livio Alexander Mejía Mora, Melisa Fabiana Lora Calderón, José Alfonso Cohen, Maicol Mateo Castillo, Ayendri Bocio Tapia, José Augusto Abad, Edwin Ventura Noe, entre otros.
Además, se verificaron 6,341 armas de fuego, de las cuales 215 tenían permisos vencidos. Desde el 1 de enero hasta el 30 de agosto, las autoridades confiscaron 3,173 armas.
De acuerdo con el Análisis Estadístico de Criminalidad, también se han realizado 23,730,444 depuraciones de placas y de vehículos, de las cuales 9,428 presentaron irregularidades al momento de la requisa.
Sobre el sistema DEBI
El Sistema de Identificación Ciudadana y Depuración Biométrica (DEBI) es una herramienta tecnológica diseñada para verificar a los ciudadanos sin necesidad de trasladarlos a una dotación policial.
Con esta aplicación, los agentes del orden, pueden identificar a cualquier persona mediante datos biométricos, lo que les permite determinar si el ciudadano posee un historial limpio o si tiene asuntos pendientes con la justicia.
La herramienta tecnológica utiliza un sistema de indicadores de colores: rojo, naranja, gris y verde. El color rojo señala que el individuo está en alerta por ser prófugo de la justicia o por estar vinculado a un vehículo robado. El naranja establece que la persona tiene antecedentes penales. El gris se usa para marcar armas con licencia de porte vencida, mientras que el verde indica que tanto el ciudadano como el vehículo en el que se desplaza no presentan ninguna incidencia.
Tecnología contra el crimen
El sistema DEBI comenzó a utilizarse en el país en julio del año 2022. De acuerdo a las declaraciones de la autoridad policial, se trata de un sistema integrado de identificación ciudadana, con el cual, a través de los equipos móviles distribuidos en las diferentes regiones de República Dominicana, los agentes preventivos pueden depurar a los ciudadanos sin necesidad de hacerlo en un destacamento policial. La aplicación ha permitido la captura de 900 prófugos en últimos cuatro meses.
Santo Domingo.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), informó que la justicia dominicana está inmersa en un proceso de transformación profundo en busca de la protección del Estado de Derecho y “garantizar una justicia al día, que respete y promueva la dignidad de las personas”.
Al dictar la conferencia “Justicia al día y dignidad de las personas: un compromiso Compartido”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el contexto de la Cátedra “Dr. Manuel Bergés Chupani”, destacó que la independencia de las y los jueces significa que estos deben actuar bajo las normas del Derecho y no bajo presiones externas.
Precisó el magistrado Molina que, en el ordenamiento jurídico de República Dominicana, las juezas y jueces están obligados a seguir un orden jerárquico de normas, donde la Constitución y las leyes tienen prioridad absoluta sobre otras disposiciones de menor rango, lo que garantiza que sus decisiones se basen únicamente en lo que dicta el Derecho.
“Una Justicia eficiente es esencial para el desarrollo institucional y para asegurar que los derechos de las personas sean protegidos, es un pilar clave para atraer inversiones, mejorar la competitividad de nuestro país y fomentar el desarrollo humano en todas sus dimensiones, es decir, para el funcionamiento de la República”, aseguró Henry Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial. Asimismo, manifestó que, en el camino de alcanzar una justicia al día, mantener la independencia judicial y la confianza en la justicia dominicana han enfrentado grandes desafíos, pero también se han logrado avances significativos.
“Un claro ejemplo es el aumento de la confianza pública en nuestro sistema de justicia, reflejado en nuestro ascenso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país ha subido año tras año, aumentando ocho posiciones en el ranking global; mientras gran parte de los países de la región descienden”, aseguró el magistrado Molina.
Manifestó que la justicia debe ser eficiente y transparente para mantener su legitimidad, por lo que desde el Poder Judicial se esfuerzan en crear una justicia cercana, eficiente y en diálogo con la ciudadanía, pues solo así puede cumplir con su misión esencial de poner en el centro la dignidad humana y proteger los derechos.
En la actividad estuvo presente el juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la referida universidad. También participaron jueces, juristas, funcionarios (as) del Poder Judicial y estudiantes de la citada casa de altos estudios.
Santo Domingo, R.D.-Fue levantada la prisión domiciliara en favor del mayor general Adán Cáceres por parte de un tribunal que también le quitó el grillete electrónico al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, el principal imputado en el caso de corrupción denominado Coral.
Durante el conocimiento de revision dela medida de coercion, la jueza presidenta del tribunal, Giselle Méndez, ademas le mantuvo la garantia economica que pesa en contra de Cáceres, así como el impedimento de salida.
De acuerdo a la defensa de este imputado, indicó que el tribunal entendió que esta medida era desproporcional y no correspondía con lo que se había “lucidado” en el comportamiento de su defendido.
Cáceres estuvo 18 meses en la cárcel de Najayo-Hombres, pero luego un tribunal le varió la medida de coerción, imponiéndole arresto domiciliario y la colocación del dispositivo.
En el mes de febrero, el imputado había acudido ante la Segunda Sala Penal de la Corte, en busca de la variación de la medida de coerción, pero el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación, alegando que la acción fue interpuesta fuera del plazo.
Varios meses y audiencias después, al imputado, quien era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina (2012-2020), le levantan la prisión domiciliaria.
Nacionales
El Dotolcito otra vez frente a tribunal el 31 de octubre para ver si anulan su sentencia.
Santo Domingo, R.D.-Quedó en estado de fallo la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para ver si anula la sentencia que condena a Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, a 15 años de prisión y otros dos por su participación en la muerte del joven Joshua Fernández.
El tribunal presidido por Rosalba Garib Holguín e integrado por Teófilo Andújar y Delio German fijaron para el 31 de octubre la lectura de su decisión de si confirma la condena, ordena la celebración de un nuevo juicio o si por el contrario dicta su propia sentencia.
Durante la audiencia del recurso de apelación los abogados de El Dotolcito, Allyson de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) condenado a 30 años de prisión y Luis Alberto “Luisito” Brito condenado a 20 años, solicitaron a los jueces anular la sentencia dictada en su contra.
Asimismo, pidieron al tribunal anular la sentencia para que se conozca el juicio de nuevo desde cero por otro tribunal distinto al que dictó la sentencia condenatoria.
Mientras que el Ministerio Público solicitó al tribunal mantener la sentencia condenatoria dictada en contra del grupo y que se mantenga la prisión que pesa en su contra.
Chuquito y Luisito, al tomar un turno en la Corte alegaron que no fueron bien asesorados por sus anteriores abogados sobre lo que tenían que decir en el tribunal de primera instancia donde fueron sentenciados.
Chiquito declaró en el tribunal que quiere que se haga justicia, ya que él quiere salir de prisión, debido a que tiene dos hijos y que además tiene dos semanas con disípela.
Mientras que El Dotolcito dijo que no es cierto que él siempre se mantuviera en el vehículo el día que en ocurrió el hecho de sangre y que él llegó a entrar a la discoteca Kiss Bar.