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Negocios nocturnos fueron clausurados y arrestaron a decenas de personas por infringir la ley
Santo Domingo, R.D.-Mediante operativos conjuntos de diferentes órganos del Estado, fueron clausurados varios negocios, notificaron a otros de la posibilidad de cerrarlos y apresaron a decenas de personas por violar la ley y por afectar la seguridad y tranquilidad social.
De acuerdo a las informaciones suministradas por el programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) del Ministerio de Interior y Policía, durante el esfuerzo interinstitucional integrado por fuerzas mixtas, compuestas por miembros del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa (MIDE) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), fueron fiscalizados unos 70 negocios nocturnos, entre los que figuran colmados, bares y liquor stores.
De esa cantidad, cinco negocios fueron cerrados; tres situados en el Gran Santo Domingo y los dos restantes en provincias del interior del país. En tanto que 24 establecimientos fueron notificados por infracciones menores a los fines de que regularicen su situación; de esa cantidad, 10 negocios están situados en el Gran Santo Domingo y 14 en el interior del país.
- Según las informaciones oficiales, en los negocios intervenidos se encontraban menores de edad, máquinas tragamonedas y fue detectada la contaminación sónica; la ocupación ilegal de espacios públicos, la falta de señalización de seguridad y la ausencia de puertas de emergencia.
Los operativos simultáneos se realizaron en el Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, Duarte, Monseñor Nouel y Hato Mayor. Las fuerzas mixtas se hicieron acompañar de representantes del Ministerio Público, que notificaron a los propietarios o representantes de los comercios sobre las medidas tomadas.
También, durante la «operación Garantía de Paz», fueron detenidas varias personas que intentaron obstaculizar el trabajo de las autoridades y otras que fueron encontradas con sustancias prohibidas.
Edwin Féliz, viceministro de Seguridad Interior, quien encabezó los operativos en el Distrito Nacional, aseguró que los mismos se realizarán de forma permanente con el objetivo de garantizar la seguridad en las zonas con mayores índices delictivos.
«El dominicano merece descansar y vivir tranquilo; los menores no pueden estar en lugares que no les están permitidos, y queremos que la ley se cumpla», expresó el funcionario.
Los sectores intervenidos
Entre los sectores intervenidos situados en el Distrito Nacional figuran: Villa Francisca, Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Ensanche La Fe y Cristo Rey.
Mientras que en la provincia Duarte, el operativo abarcó Las Flores, Santa Ana, Av. Caonabo, Ribera del Jaya, Av. Libertad, la Villa Olímpica, La Javiela, Los Maestros, Los Rieles y El Capacito.
Fermín Domínguez, director general del programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), detalló que los negocios clausurados no cumplieron con corregir las irregularidades que fueron detectadas en una visita anterior.
Mientras que Carlos José Alcántara, director regional del COBA, reveló que durante la intervención se incautaron bocinas, motocicletas, varias máquinas tragamonedas, sillas y mesas que obstruían las aceras y el paso de los peatones.
Reunión previa
Según una nota de prensa, previo al operativo de intervención conjunta, lanzado el pasado viernes, el director del COBA sostuvo un encuentro con Junior González y otros integrantes de la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos de Diversión (Udcend) para socializar sobre la importancia del cumplimiento a la Resolución 001-2022, rubricada por los ministerios de Interior y Policía y de Turismo. La normativa regula el horario y condiciones de expendio de bebidas alcohólicas en bares y discotecas ubicadas dentro de los hoteles.
Domínguez explicó que por instrucciones de la ministra Faride Raful se realizarán otras reuniones con los propietarios de todos los niveles y clasificación de establecimientos comerciales que expenden bebidas alcohólicas a nivel nacional.
El pasado viernes, el gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía y gracias a un esfuerzo interinstitucional, lanzó un operativo de intervención conjunta para mantener la seguridad, la tranquilidad social y reducir la incidencia delictiva.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.