Opinión
De corruptos a aspirantes o candidatos presidenciales
Por José Cabral
Son muy variados los ejemplos de personajes de la política nacional que luego de ser señalados por el rumor popular o luego de habérseles instrumentado un expediente por corrupción pasan a ser aspirantes o candidatos presidenciales.
Hay otros casos en los que algunos de los que han sustraído fondos públicos desde un ministerio o cualquier otro cargo en el Estado pasan a ser legisladores y se les ocurre presentar un proyecto de ley para combatir la corrupción cuando ya tienen a través de ese mismo ilícito los bolsillos llenos.
Este fenómeno es muy común en países como la República Dominicana y otros tantos de Latinoamérica, ya que incluso el corrupto que se apropió de dinero del patrimonio público se presenta en los medios de comunicación como una persona limpia, sin tachas.
Este asunto, que debe ser parte de un debate nacional, amenaza con que no pocos de este tipo de personajes pretendan presentarse como candidatos en las elecciones del 2028.
El escollo consiste para exigirles a este tipo de personajes que rindan cuentas en que siempre se apoyan en la presunción de inocencia, sobre todo porque en el país no existe una fortaleza institucional que permita exigirles que expliquen la procedencia de sus fortunas.
Sin embargo, sería bueno que para una próxima contienda electoral estos personales digan al pueblo dominicano cómo adquirieron las riquezas que tienen, porque resulta prácticamente imposible que se pueda iniciar algún proceso legal en su contra.
Pero para que sus aspiraciones tengan mayor legitimidad deben hablar de los orígenes de sus fortunas, porque no parece haber vías que las justifiquen.
Entre los que ahora aparecen en el escenario electoral a destiempo están Francisco Javier García, quien se afirma que posee una fortuna relativamente muy grande, la cual, si es verdad que la tiene, su procedencia tiene que ser necesariamente del Estado dominicano.
Ya anteriormente hubo otros aspirantes o candidatos presidenciales que aprovecharon su riqueza para ser candidatos presidenciales, como por ejemplo Abel Martínez, Amarante Baret, Temístocles Montás, entre otros tantos, que han tenido por consigna enriquecerse primero y aspirar después.
Lo grande del problema es que ahora comienzan a intoxicar prematuramente como si sus pecados no tuvieron ninguna importancia para un pueblo lleno de precariedades y limitaciones mientras su dinero es disfrutado por pelafustanes de la politiquería nacional.
Por Isaías Ramos
Es alarmante observar al Presidente de la República dirigiéndose a la nación semanalmente, omitiendo nuestros símbolos patrios. Esta actitud puede interpretarse como un intento consciente de crear una identidad nacional más «inclusiva», desasociada de nuestra historia y cultura. Sin embargo, esta postura se vuelve aún más preocupante al actuar en contra de los intereses de la patria y del bienestar nacional.
El gobierno ha adoptado un «lenguaje orweliano», donde las discrepancias entre lo que se dice y lo que se hace son evidentes. La distorsión de la verdad y el ocultamiento de la realidad parecen ser virtudes, creando una desconexión entre promesas y resultados.
No basta con reducir los gastos públicos; es imperativo garantizar la transparencia en la gestión de los recursos. Recortar presupuestos sin explicar el uso de más de 40 mil millones de dólares en préstamos es inaceptable. El pueblo dominicano merece saber a dónde ha ido ese dinero y por qué la deuda sigue creciendo. Cada semana, el país se endeuda sin rendición de cuentas, convirtiendo esta falta de claridad en una burla hacia la ciudadanía.
La reciente reforma de gasto público anunciada para «hacer un Estado más eficiente» genera inquietud. En lugar de mejorar, parece que se busca disminuir el gasto en servicios sociales y privatizar servicios básicos. Aunque se argumenta que las fusiones administrativas optimizarán recursos, numerosos estudios demuestran que estas reestructuraciones suelen generar costos adicionales a corto plazo, como el reentrenamiento del personal.
La unión del sistema educativo, aunque en teoría podría ser ventajosa, puede resultar problemática debido a las diferencias estructurales y culturales entre los niveles educativos. El éxito educativo no depende solo de estructuras, sino de inversiones directas en capacitación docente y en infraestructura escolar adecuada.
Estas medidas revelan una tendencia de la partidocracia a encadenar al pueblo dominicano, transformando su voz en un eco de intereses ajenos. No es la reducción de gastos lo que el pueblo exige; se pide transparencia. La población está dispuesta a pagar impuestos siempre que sus derechos económicos y sociales estén garantizados y se detalle cómo se invierten los recursos.
Un ejemplo ilustrativo es el caso de Argentina, donde, tras el endeudamiento de 35 mil millones de dólares en 1984, se descubrió que 19 mil millones fueron transferidos al exterior. La falta de transparencia y una mala gestión del endeudamiento tuvieron consecuencias severas. Este caso debe servir como advertencia; la rendición de cuentas es fundamental para fortalecer la democracia y mejorar la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
En el Frente Cívico y Social creemos que la responsabilidad y el futuro de la nación están en juego. Las iniciativas del Poder Ejecutivo deben ser vistas con cautela ante promesas poco realistas sobre ahorros derivados únicamente de fusiones ministeriales. Es imperativo abogar por políticas públicas fundamentadas en evidencia concreta de sus beneficios antes de aceptar cualquier narrativa simplista sobre «ahorros» mágicos.
Hacemos un llamado a la acción para luchar por la transparencia y el bienestar del pueblo dominicano. Exigimos un gobierno que no solo escuche, sino que también rinda cuentas. Un pueblo unido por una causa justa jamás podrá ser derrotado.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Debido a que el propósito de la Corte Penal Internacional es servir como complemento para las jurisdicciones penales nacionales, generalmente la CPI no será competente y por ende no investigará o enjuiciara si un Estado Parte ya está investigando o procesando el mismo caso.
No todos los Estados están posibilitados para llevar a cabo una investigación, particularmente si están involucrados en conflictos armados que causan el colapso del sistema judicial.
Los redactores del Estatuto de Roma percibieron que algunos Estados podrían llevar a cabo juicios ¨falsos¨, los cuales no satisfaría el interés de una justicia internacional.
El Estatuto de Roma establece algunos procedimientos que permiten que la Corte se informe sobre las investigaciones y procesos en los en los Estados, para asegurar así que la Corte no está duplicando los esfuerzos auténticas de los Estados en el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte, y así permitir que la Corte fiscalice cualquier investigación o juicio que le concierne.
Las condiciones bajo las cuales la Corte Penal Internacional asumirá su competencia están establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Roma, el cual será discutido a fondo por los Estados Partes en los procesos internos de complementariedad llevados a cabo por estos.
En el contexto de los procedimientos relevantes del Estatuto de Roma, una vez que se remita a la Corte una situación que requiera atención de la Corte Penal Internacional, o una vez que el Fiscal de la CPI identifique la aparente comisión de un crimen con competencia de la CPI, el Fiscal de la CPI debe determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación. El Fiscal deberá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI la autorización de cualquier investigación iniciada de oficio por el Fiscal.
En ese momento, o una vez que el Fiscal inicie la investigación basada en la referencia de un Estado Parte, se debe notificar a todos los Estados Partes. El Fiscal debe también notificar a cualquier otro Estado que normalmente seria competente sobre los crímenes en cuestión.
Cabe destacar que el Fiscal puede notificar de forma confidencial, y limitar la información provista a los Estados, si es necesario para proteger a ciertas personas, prevenir la destrucción de prueba, o impedir que ciertas personas evadan la justicia.
En el artículo 18 del Estatuto de Roma se señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación para informar a la Corte de que esta llevando o ha llevado a cabo una investigación respecto al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado. Este corto plazo asegura que la Corte no padezca de retrasos innecesarios con el cumplimiento de sus funciones.
El artículo 18 del Estatuto de Roma prevé también que ¨el Estado podrá informar a la Corte de sus propias investigaciones Aunque los Estados no están obligados a informar a la Corte de sus propias investigaciones, sería aconsejable que un Estado recomendará a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.
Una vez que un Estado solicite la inhibición de competencia de la Corte de una investigación, el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso. Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y de juicio ulterior. Los Estados Partes deben ¨responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas¨.
Finalmente, aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la CPI. El Fiscal podrá solicitar al Estado de que se trate que le comunique sobre las actuaciones. Los Estados pueden solicitar que dicha información sea confidencial.
Por Nelson Encarnación
La sociedad estadounidense está viviendo una de sus etapas más cruciales, a propósito de la actual campaña hacia las elecciones del próximo noviembre, durante la cual se ha llegado a acciones directas contra uno de los aspirantes a la Casa Blanca, un episodio inédito en más de medio siglo.
La campaña electoral en ese país siempre ha sido descarnada, susceptible de que en ella ocurran extremos tales como el asesinato del demócrata Robert Kennedy, en 1968, cuando emergía como claro favorito para ganar las primarias demócratas, correr frente al futuro tramposo Richard Nixon y posiblemente convertirse en el segundo Kennedy presidente.
En aquellos días primaba el pleno apogeo de la profunda división racial de los Estados Unidos, la que ese mismo año derivó en el asesinato del reverendo Martin Luther King, el referente por excelencia de la lucha por los derechos civiles en ese gran país. Sin embargo, el proceso actual rebasa todos los parámetros de crispación, hasta generar una fractura social sin precedentes desde aquella turbación generalizada, y rozando límites altamente preocupantes, y cuyo desenlace no es previsible en los escasos 50 días que faltan para que los estadounidenses acudan a los colegios electorales.
Los dos intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump —particularmente el primero del 13 de julio en Pensilvania— son señales muy ominosas que definen a qué se están enfrentando y las derivaciones que ha tenido el tipo de campaña notoriamente incendiaria que se verifica.
“Lo que necesitamos en Estados Unidos no es división; lo que necesitamos en estados Unidos no es el odio; lo que necesitamos en Estados Unidos no es la violencia y el desorden, sino el amor, la sabiduría, la compasión entere unos y otros y un sentimiento de justicia hacia quienes todavía sufren en nuestro país, sean blancos o negros”.
Esa fue la reacción de Bobby Kennedy horas antes de ser abatido, justamente para condenar la muerte del reverendo King. Este sería el discurso correcto en la actual coyuntura de EE.UU. Por desgracia para los estadounidenses, los niveles altisonantes alcanzados no permiten estos razonamientos.
No hay duda de que Trump genera pasiones tan fuertes que puede ser un objetivo para extremistas. En el eventual caso de que al candidato republicano llegase a sucederle algo irremediable, estamos seguros que Estados Unidos se enfrentaría a situaciones impensadas.