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Jochi Gómez instaló cámaras en calles de RD como parte de “esquema ilegal de espionaje”para vendérselo al mejor postor.
Santo Domingo, R.D.-El crimen organizado penetró a una serie de instituciones del Estado con el aval de los que tienen la misión de evitar que ello ocurra, todo como resultado de mafias que operan alrededor del poder político de la Nación.
A través de la denominada “Operación Camaleón”, el Ministerio Público anunció el desmantelamiento de una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco y estafa contra el Estado y de venta de información al bajo mundo.
Durante el despliegue de esta operación fue arrestado José “Jochi” Ángel Gómez-Canaán, tras ser interrogado a mediados de la semana en la Procuraduría General de la República (PGR) sobre presuntas irregularidades en la licitación para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo con el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).
Sobre esta licitación, los fiscales aseguraron que Transcore Latam, la empresa vinculada a Gómez-Canaán que le fue adjudicada el concurso, usó las instalaciones semafóricas para un fin distinto para el que fueron contratados.
Igualmente aseveraron que esta empresa agregó otros elementos de manera unilateral, como fibra óptica, nodos de concentración y kits de Starlink, que tampoco formaban parte de la oferta técnica original. También aseguraron que instaló 55 cámaras.
¿Con qué fin? De acuerdo con el Ministerio Público, estas cámaras y su acceso al tráfico formaban parte de un “esquema ilegal de espionaje” dirigido por Jochi y Carlos Peguero, otro de los imputados.
“La manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento crea una amenaza directa a la privacidad y seguridad, configurando delitos contra la seguridad pública y otros crímenes conexos”, leía parte del referido documento.
Además, los fiscales indicaron que este tipo de actividades significarían una amenaza para la seguridad pública, asegurando que esto no solo implica espionaje ilegal, sino que también las informaciones recogidas utilizando esta tecnología podría ser utilizada en actos de extorsión.
SIN JUSTIFICACIÓN
El órgano persecutor indicó que durante la auditoría, los peritos observaron que estas cámaras tenían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real. De manera similar almacenaban un “volumen significativo” de datos.
Pero, los fiscales resaltaron que Transcore Latam no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaba esta información, sin especificar cuáles fueron las excusas presentadas por la compañía.
Asimismo, indicaron que los servidores que revisaron “resultaban insuficientes” para manejar la cantidad de datos almacenados.
Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.
Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.
Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.
Buscan a los tripulantes
La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.
- En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.
«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.
De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.
«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.
Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024
Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.
- La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.
Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.
Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.
La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.