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En Haití agentes policiales ya no protegen a personalidades para combatir a las bandas
Efe
El envío de más policías y soldados de élite por parte del Gobierno de Haití persigue frenar la violencia de las bandas armadas ante el deterioro de la seguridad en el país.
«He tomado la decisión de ordenar la retirada inmediata de varios centenares de policías y soldados de las unidades de élite actualmente asignadas a la protección de personalidades para que puedan ser desplegados allí donde la lucha por la seguridad es más intensa, en las zonas de combate. Cada miembro de estas unidades debe contribuir ahora directamente a la defensa de nuestro territorio», anunció el primer ministro haitiano, Garry Conille, según un comunicado de su Oficina.
Conille indicó que se reunirá con socios de la comunidad internacional para insistir en la urgencia de una mayor cooperación a fin de respaldar los esfuerzos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití: «Juntos, con el apoyo de nuestros aliados, lograremos restablecer el orden y garantizar la seguridad de todos los haitianos. Sigo convencido de que nuestra victoria contra la inseguridad es inminente. No retrocederemos».
Alarmados por el incremento de la violencia, miembros del Consejo Presidencial de Transición con Leslie Voltaire a la cabeza, por una parte, y el primer ministro, por otra, se reunieron en las últimas horas con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Haitianas, lugarteniente general Derby Guerrier, y el director general de la Policía Nacional de Haití, Normil Rameau.
La Presidencia explicó en su cuenta de Facebook que «el objetivo de esta reunión estratégica era revisar y actualizar las medidas ya adoptadas para coordinar los esfuerzos encaminados a restablecer el orden en todo el país. También fue una oportunidad para que los altos funcionarios de seguridad evaluaran la preocupante situación que prevalece en Puerto Príncipe y varias ciudades de provincia».
Por su parte, Conille indicó que había convocado un encuentro urgente de alto nivel con las fuerzas de seguridad y miembros del Gobierno para abordar la preocupante situación de la seguridad, en especial en Puerto Príncipe y la región de Artibonite.
«No cederemos distritos estratégicos como Solino y otras zonas recientemente liberadas. La seguridad de nuestros conciudadanos no es negociable», afirmó Conille en un mensaje en la página de Facebook de la Oficina del Primer Ministro.
El domingo, Conille visitó unidades especializadas de la Policía Nacional y a soldados en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas para mostrar su solidaridad y analizar la puesta de marcha en nuevas estrategias frente a la violencia.
«Estamos avanzando cada día, de forma más estratégica y eficaz, para actuar juntos y recuperar el control de las zonas ocupadas por bandas criminales», indicó Conille, quien detalló que se está reforzando la capacidad operativa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El domingo, las bandas atacaban simultáneamente zonas y barrios de Puerto Príncipe, entre ellos Solino, Delmas 24 y Tabarre 27, lo que, según medios locales, había provocado muertes y la huida de sus hogares de cientos de personas. La Policía Nacional informó, por su parte, de que había abatido a una docena de pandilleros al norte de la capital.
La violencia no cesa en Haití, pese a que en junio pasado comenzó el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia y con el visto bueno de la ONU.
Según la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH), en el primer semestre del año se registraron unas 3.900 víctimas entre muertos y heridos, después de que 2023 cerrara con unas 8.000 víctimas.
Santo Domingo, R.D.-Los que porten de manera clandestina armas de fuego serán perseguidos por el Ministerio de Interior y Policía, cuyo órgano agilizará las solicitudes de operación de los miembros de la Asociación Dominicana de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego (Adivaf).
Durante un diálogo con más de 30 representantes de estos negocios en Santo Domingo, La Romana, Peravia y San Francisco de Macorís, la ministra Faride Raful explicó que encontró un registro de dos mil procesos en curso y que aplicará un esquema de trabajo que garantizará la «efectividad, seriedad y transparencia» para la renovación, traspaso y licencias nuevas.
La ministra informó mediante nota de prensa que solicitó la colaboración de Adivaf para identificar los negocios que están fuera de la ley y aseguró que la institución no permitirá la ilegalidad.
Juan Antonio Ferrand, director jurídico de la institución, destacó el interés de canalizar y tramitar las autorizaciones, conforme lo establecido en la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Precisó que por primera vez fue creada una comisión interinstitucional entre los ministerios de Interior y Policía y el de Defensa para atender todos los pendientes en esta norma.
«Atendemos todos los pendientes, como la actualización del catálogo de armas para su clasificación y las municiones también. Deben mantenerse actualizados y comunicársele al presidente para que no haya solapamiento de funciones», sostuvo.
Igual, Carlos Manuel Ogando, viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones, resaltó que desde el inicio de esta gestión aumentó en un 200 por ciento el traspaso de armas, con la entrega de cientos de licencias.
En tanto, los miembros de Adivaf valoraron la disposición de la institución en escuchar sus inquietudes y prometieron trabajar mancomunados, con la esperanza de que sus demandas sean resueltas, entre las que están el levantamiento de la prohibición de la importación de armas, establecida en 2006.
Sobre el tema, la ministra indicó que será «analizada, debatida y luego escalada a nivel presidencial», porque es el presidente de la República quien debería establecer por norma, esta petición.
Santo Domingo, R.D.-El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, aseguró este miércoles que no fue consultado por Migración para pedir cédulas a los dominicanos en el aeropuerto al momento de entrar o salir del país.
También señaló que su oficina no ha recibido informes de falsificación de libretas, defendiendo la validez de los documentos que entregan.
«La Dirección General de Migración es una entidad de seguridad nacional, y por eso tiene la potestad de hacer estos operativos. Sin embargo, es una medida que ellos tienen. Nosotros no tenemos con la institución ninguna información que indique que haya alguna situación con los elementos o con el desarrollo del pasaporte«, dijo Ramírez en un encuentro con la prensa.
«La noticia que sí les puedo dar es que yo estoy trabajando, o hemos conversado con ellos, para mejorar todo el rendimiento, donde desarrollamos una mesa técnica para que desde que nosotros hagamos la impresión del pasaporte, podamos tener el auto gate de manera automática, sin tener que trasladarse a la Dirección General de Migración. Esa es la tarea a la que le estamos invirtiendo ahora», continuó.
«El documento que se requiere para viajar es el pasaporte, pero estamos pidiendo la cédula como un mecanismo para validar identificación y evitar suplantación de identidad», reza un breve comunicado compartido con este medio tras una solicitud de información.
El comunicado señala que las personas pueden mostrar el documento de identificación tanto físico como en formato digital. Sin embargo, la entidad declinó responder a partir de qué fecha comenzó a implementarse esta medida, alegando motivos de «seguridad nacional».
«Es una medida de reciente aplicación«, fue la escueta respuesta de la institución.
La Dirección General de Migración (DGM) también declinó informar sobre el motivo que provocó la medida, citando las mismas razones.
«No se ha devuelto ninguna persona por no tener la cédula al momento de hacer migración de salida y entendemos que presentarla no genera retraso a los pasajeros», dice la entidad en el comunicado sobre la medida que hasta el momento no había sido informada y tomó por sorpresa a muchos viajeros dominicanos.
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura este martes por el Senado de la República el proyecto de ley que modifica los artículos 36, 64 y 81, además de adicionar los artículos 66.1 y 66.2 a la Ley 176-07, que regula el Distrito Nacional y los municipios.
Para Víctor de Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana, la ley necesita una revisión profunda para adecuarla a la Constitución de 2010 y cumplir con el artículo 203, que ordena convertirla en una Ley Orgánica de la Comunicación Pública.
Entre las prioridades, D’Aza señaló la necesidad de abordar los porcentajes de inversión municipal y la cobertura de vacantes.
D’Aza informó que este fin de semana evaluarán las propuestas en la Liga Municipal, y el próximo lunes se reunirán con la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para analizar las reformas.
Mientras que Waldys Taveras, director ejecutivo de la mancomunidad del Gran Santo Domingo, calificó las modificaciones como insuficientes y lamentó que no se aborde una reforma integral de la ley.
“La falta de voluntad y de dirección política lleva a que sigamos poniendo parches. Eso que ellos están planteando deberían hacerlo en la reforma constitucional”, expresó.
Taveras subrayó la necesidad de uniformar las reglas de sucesión para todos los niveles de elección popular.
“El partido que postuló presenta una terna al órgano correspondiente… Entonces no puede ser diferente con relación a los ayuntamientos”, agregó.
Por su parte, Pedro Richardson, director de FEDODIM, respaldó la iniciativa en términos generales, pero expresó reparos sobre algunos puntos.
Richardson enfatizó que las vacantes en los gobiernos locales deben ser cubiertas exclusivamente por estos, a través de una terna presentada por el partido ganador.
“No creemos prudente que el alcalde proponga sustituciones de regidores, porque la alcaldía no es el órgano al que le corresponde ejercer la función normativa y supervisora del gobierno local”, explicó Richardson.
Asimismo, añadió que, si el partido no presenta una terna en el plazo estipulado, el consejo de regidores debe asumir esa función.
Modificaciones
El artículo 3, que modifica el 36, sobre el regidor, indica que, si no hubiese suplente para sustituirlo, el partido que lo postuló presentará dentro de 30 días una terna al Consejo de Regidores.
La misma deberá ser escogida de los candidatos a regidor donde ocurrió la vacante. Si dentro de ese periodo no se somete la terna, el Concejo de Regidores escogerá al sustituto de una terna planteada por el alcalde.
El artículo 4, que modifica el 64, sobre la sustitución del alcalde, señala que, si la vacante de éste ocurriese por pérdida del mismo, se posicionará al vicealcalde.
El artículo 5, refiere que el Tribunal Superior Electoral es una máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y solo puede ser revisado por el Tribunal Constitucional cuando la misma sea manifestante contraria a la Constitución.
En su artículo 3, la iniciativa señala que los procedimientos contenciosos electorales del reglamento por del Tribunal, así como los celebrados por la Juntas Electorales seguirán los principios de transparencia, publicidad, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal y con ellas, se observarán las garantías institucionales y legales del debido proceso.
Este proyecto contempla en el artículo 7, que la integración de este órgano será por cinco jueces electorales y suplentes, designados por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo de cuatro años.