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Prisión preventiva a principales imputados de Operación Arrecife 2.0
María Trinidad Sánchez.- Un año de prisión preventiva fue impuesto por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez a los principales miembros de la red de lavado de activos provenientes narcotráfico, desmantelada con la Operación Arrecife 2.0.
La medida privativa de libertad por un año le fue impuesta a los imputados Ángel María Polanco, Luis Arístides Alcéquiez, Alanna Familia y Ana María Peña Meléndez, quienes deberán cumplir la prisión en el Centro de Privación de Libertad Olegario Tenares, del municipio Nagua.
En tanto que fue impuesto arresto domiciliario, igualmente, por espacio de un año, contra Ana Victoria Duarte Trinidad. Mientras que Wilmer Manuel Polanco Caridad recibió como medida de coerción presentación periódica por espacio de seis meses ante la Fiscalía de María Trinidad Sánchez.
La jueza Martha Mireya Indhira Solano Cedano impuso las medidas de coerción y declaró el proceso de tramitación compleja al acoger en su totalidad la solicitud formulada por el Ministerio Público.
En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Luis Alberto García, Pedro Medina y José Manuel Calzado, y de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, Ana Carina Pérez Hilario y Helaynne Guzmán de Jesús.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que dirige la magistrada Ramona Nova Cabrera, conjuntamente con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez puso en marcha el pasado 4 de octubre la Operación Arrecife 2.0, que incluyó la realización de 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país en contra de una estructura de lavado de activos provenientes del narcotráfico, ocupando en el transcurso de los mismos apartamentos, discotecas, liquor store, almacenes, fincas y villas, entre otros.
Más de 25 fiscales, 350 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y un equipo técnico del Ministerio Público, tuvieron a cargo las labores por aire, mar y tierra, incluyendo los lugares bajo dominio y control de los miembros de esa organización criminal.
Los allanamientos fueron realizados en María Trinidad Sánchez, Samaná, Montecristi, la provincia Santo Domingo (en sus municipios Santo Domingo Este y Oeste) y el Distrito Nacional, relacionado a la estructura criminal, parcialmente intervenida, mediante la Operación Arrecife, el 30 de noviembre de 2023.
Se recuerda que esta investigación surge del hallazgo en fecha 20 de febrero del año 2023, de doscientos cuarenta y tres (243) paquetes de un polvo blanco, en cuyo análisis resultaron ser de cocaína clorhidratada.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.