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Exhortan al Gobierno a continuar con la reforma fiscal y reducir el uso desconsiderado de dinero público
Santo Domingo.-El Gobierno fue exhortado por el movimiento cívico Participación Ciudadana a continuar con el reforma fiscal integral, pero detener el uso dislocado de dinero público.
La entidad considera que el presidente Luis Abinader no debe abandonar los esfuerzos por una reforma fiscal cuando ha dicho que sería una “actitud irresponsable y poco patriótica renunciar a la reforma fiscal que tanto necesita el país» y reiteró que se hará con el mayor consenso posible.
“El plan sobre la reforma estaba tan claro que el Gobierno tomó algunas medidas para reducir el gasto público, fusionando algunos ministerios y entidades públicas y tomando algunas medidas dentro de un plan de austeridad, antes de someter su proyecto de reforma fiscal, pero es obvio que las medidas relacionadas con el gasto son insuficientes y restan legitimidad a los esfuerzos por mejorar los ingresos del Estado a través del aumento de los impuestos”.
Sin embargo, denuncia que el Gobierno no ha hecho todo el esfuerzo necesario para mejorar la calidad del gasto antes de embarcarse en aprobar nuevos impuestos. reduciendo el uso desconsiderado de dinero público.
Participación Ciudadana reconoció la necesidad de aumentar los ingresos del Estado, para reducir el déficit presupuestal, que se paga con endeudamiento y para que el Estado pueda pagar, aunque sea parcialmente, la “enorme deuda social que tiene con los sectores más vulnerables de la población”.
Propone que el Gobierno, con el apoyo de su mayoría en el Congreso, debe “agregar legitimidad a la reforma fiscal reduciendo el uso desconsiderado de dinero público”.
Citó cinco formas de hacerlo:
Tomar medidas que enfrenten con todo el rigor posible y con un régimen de consecuencias adecuado, la evasión fiscal, que se mueve entre el 40% y 50%.
Revisar la nómina pública para eliminar a todas aquellas personas que no desempeñan función alguna y están en la nómina para pagar favores partidarios.
Eliminar todas las pensiones otorgadas en violación a la ley y reducir aquellas cuyos montos generan indignación.
Reducir a la mitad los fondos entregados cada año a los partidos políticos, que desde 1998 han recibido más de RD$28 mil millones de pesos.
Reducir los gastos superfluos del gobierno, que son exageradamente altos en partidas como dietas y gastos de representación, en eventos y actividades de entretenimiento, en servicios de internet y televisión por cable, en publicidad y promoción y en electrodomésticos.
Reducir los gastos del Congreso, que en los primeros cinco meses de este año han gastado RD$2,251,4 millones de pesos lo que representa el 70% del presupuesto de ambas cámaras, con partidas tales como RD$104 millones en dietas y gastos de representación; RD$258 millones de pesos en gratificaciones y bonificaciones y RD$123 millones en sobresueldos. También deberían eliminar toda partida para asistencia social, como el barrilito, que alcanzó la suma de RD$253,millones cualquiera otra, pues escapan a las funciones de los legisladores de representar, legislar y fiscalizar.
Pagar buenos salarios a los cónsules dominicanos, pero ingresando a las arcas públicas todos los fondos recibidos en pago por los servicios que prestan.
Reducir la publicidad del Estado, que ya supera los RD$8 mil millones de pesos anuales, a publicidad meramente institucional.
Reducir el déficit del sector eléctrico.
Si bien entendemos que en un plazo inmediato no es posible, ni práctico, atender todos los reclamos enumerados, el Gobierno, y el poder político en general, deben comprometerse con la sociedad dominicana con los puntos arriba enumerados, que sí pudiera corregir en el corto plazo, antes o durante la discusión de una Reforma Tributaria. Asimismo, deberán fijarse fechas compromisos en el mediano y largo plazo para atender las demandas restantes.
Sólo en la medida que se logre este compromiso con la sociedad dominicana, en el marco de un pacto Gobierno-ciudadanía, se podría hablar de modificar el sistema tributario agregando mayores cargas impositivas para cubrir la brecha que, probablemente, quedará de todas maneras. Sólo entonces ciudadanía y oposición podrán coincidir en apoyar los ajustes impositivos que fuesen necesarios para evitar que el déficit presupuestario nos obligue a un endeudamiento insostenible.
En ese mismo sentido, es importante que cualquier propuesta de reforma tributaria observe en cada una de sus disposiciones los principios en lo que se sustenta el sistema tributario de la República Dominicana, establecidos en el artículo 243 de nuestra Carta Magna, referente a la legalidad, equidad, igualdad y justicia. Si una disposición no garantiza la equidad, la igualdad o la justicia, no debe ser parte de una propuesta de reforma del sistema tributario y, en gran medida, las disposiciones el proyecto de «Ley de Modernización Fiscal» no se enmarcaban en estos principios por estar fundamentadas en impuestos de características altamente regresivas.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.