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En la provincia La Altagracia Incautan propiedad y armas de fuego a implicados en red de narcotráfico.
Santo Domingo, R.D.-Una propiedad valorada en más de seis millones de pesos fue incautada conjuntamente con armas de fuego durante un allanamiento realizado por la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuyo operativo fue denominado fue Rana.
incautó una propiedad valorada, preliminarmente, en más de seis millones de pesos y armas de fuego, durante tres allanamientos simultáneos realizados en diferentes zonas de la provincia La Altagracia contra la estructura de narcotráfico, tenencia ilegal de armas y lavado de activos, desmantelada en julio pasado con la Operación Rana (Red de la provincia La Altagracia de Narcóticos).
De acuerdo con una nota institucional, los allanamientos fueron practicados en propiedades de Rigoberto Castillo Santana, quien, conjuntamente con José Padua Castillo y Robert Montás Ruiz, fue detenido en flagrante delito en fecha 18 de julio del año 2024, aproximadamente a las 7:42 de la noche, en la carretera Bayahíbe-Dominicus, próximo al Parque Nacional Cotubanamá, del distrito municipal Bayahíbe, en el municipio San Rafael del Yuma, y le fue ocupada la cantidad de 6 kilogramos de cocaína clorohidratada.
Por ese hecho, los investigados guardan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-Anamuya), del municipio de Higüey.
Detienen empresaria en Higüey
Los recientes allanamientos practicados en el transcurso de esta investigación fueron ejecutados en zonas lujosas de Higüey, incluyendo al reconocido Motopréstamo Ricardo, por su vinculación en la investigación financiera, lugar donde fue detenida en flagrancia, la propietaria Judith Santana, por tenencia ilegal de arma de fuego.
Se informó que el Ministerio Público solicitará medida de coerción en contra de la empresaria.
Ejecución de los allanamientos
Un equipo de dicho órgano especializado del Ministerio Público, integrado por los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez, Hitler Stalin Sánchez y José Manuel Calzado, junto a otros equipos de la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados y de la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos (Difla), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutaron los allanamientos con orden judicial en recientes operaciones ejecutadas contra los miembros de la organización criminal.
De su lado, la magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, manifestó que, en el proceso, se ha detectado un complejo esquema de lavado de activos contra el cual, a través de una investigación financiera, se tendrá una respuesta de conformidad con el debido proceso.
Dijo también que durante las pesquisas ocuparon otra arma de fuego tipo escopeta, documentos societarios y aparatos electrónicos.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.