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Se reservan identidad de policías vinculados a venta municiones
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2 semanas agoon
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LA REDACCIÓNSanto Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policía informó que desmembró el pasado 31 de octubre una red delictiva en el interior de la Policía Nacional dedicada a la venta ilegal de municiones.
Las informaciones compartidas por el órgano rector del cuerpo policial fueron enviadas en un comunicado, donde expuso también a oficiales superior y subalterno que eran parte esencial en la ejecución de este entramado criminal, perseguido por una supuesta “extracción irregular” de las cargas.
Los artefactos de metralla estaban en los depósitos ubicados en las oficinas del Palacio de la Policía, donde se supone deben ser protegidos y utilizados únicamente para labores que aseguren la seguridad ciudadana.
A diferencia de otros casos en los que quienes son investigados no pertenecen a la institución policial, el MIP fue muy cerrado al expresar ayer datos importantes sobre este caso, ya que aseguraron su intención de no “entorpecer” el proceso de investigación.
Para la titular del MIP, Faride Raful, detalles tan fundamentales como los es la cantidad de agentes involucrados y los nombres de los miembros policiales no son posibles exponerlos en este momento, debido a que podría alterar la recolección de pruebas realizada por el Ministerio Público (MP).
Aclaró que esto permitirá tener una justicia con mayor precisión e independencia. Por lo que, según resaltó, no se trata de “revestir con impunidad” las pesquisas que desarrolla el órgano persecutor.
“Todos los procesos investigativos se determinan de esta manera para poder tener una justicia precisa e independiente tenemos que cumplir con el debido proceso No por esperar que se quiera decir que estamos revistiendo de impunidad”, dijo Raful.
Respondiendo a las preguntas de los periodistas, la incumbente fue reiterativa al adelantar que serán los representantes del Ministerio Público quienes señalarán a los agentes policiales acusados.
“Sometimos ante el Ministerio Público los mismos y el Ministerio Público está realizando ya la parte completiva que corresponde, me imagino que en los próximos días estarán viendo todos los detalles”, explicó.
Además, resaltó el compromiso del director de la entidad ciudadana, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue uno de los principales colaboradores que lograron identificar estas anormalidades.
“Inmediatamente, pudimos determinar algunas incidencias con la colaboración del respaldo pleno de nuestro general Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, que hay que decir que hubo un hecho sin precedentes para esta policía, pues quien la encabeza, es uno de los principales actores para que esta investigación saliera a flotes, sin importar quienes estuvieran involucrados”, aseveró Raful, mientras presidía la rueda de prensa de la reunión del Plan de Seguridad Ciudadana, donde los organismos de seguridad comparten los resultados de la semana.
Peralta aprovecho su intervención para confirmar que se produjeron «cambios rutinarios» en la Intendencia de Armas de la Policía, donde ordenó la sustitución del extitular, coronel Narciso Félix Romero para colocar al Francisco Adolfo Francisco Pimentel, quien tiene el mismo rango.
Nuevo mecanismo
Partiendo de los hallazgos detectados en una etapa de introspección que tardó tres meses, el MIP anunció que implementará un esquema diferente de supervisión, para garantizar la seguridad del inventario policial.
Bandas criminales
Precisamente, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó el pasado 8 de octubre a los países suscritos la importancia de aplicar y cumplir el embargo de armas para frenar los suministros que reciben las agrupaciones criminales en Haití.
Esta es una medida acogida por el Consejo de Seguridad de la ONU para reducir las muertes violentas que se han registrado en el vecino país.
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Perseguirán armerías clandestinas y agilizarán solicitudes de permisos
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14 horas agoon
noviembre 20, 2024Santo Domingo, R.D.-Los que porten de manera clandestina armas de fuego serán perseguidos por el Ministerio de Interior y Policía, cuyo órgano agilizará las solicitudes de operación de los miembros de la Asociación Dominicana de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego (Adivaf).
Durante un diálogo con más de 30 representantes de estos negocios en Santo Domingo, La Romana, Peravia y San Francisco de Macorís, la ministra Faride Raful explicó que encontró un registro de dos mil procesos en curso y que aplicará un esquema de trabajo que garantizará la «efectividad, seriedad y transparencia» para la renovación, traspaso y licencias nuevas.
La ministra informó mediante nota de prensa que solicitó la colaboración de Adivaf para identificar los negocios que están fuera de la ley y aseguró que la institución no permitirá la ilegalidad.
Juan Antonio Ferrand, director jurídico de la institución, destacó el interés de canalizar y tramitar las autorizaciones, conforme lo establecido en la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Precisó que por primera vez fue creada una comisión interinstitucional entre los ministerios de Interior y Policía y el de Defensa para atender todos los pendientes en esta norma.
«Atendemos todos los pendientes, como la actualización del catálogo de armas para su clasificación y las municiones también. Deben mantenerse actualizados y comunicársele al presidente para que no haya solapamiento de funciones», sostuvo.
Allanan armería en Santiago y arrestan a un empleado
Igual, Carlos Manuel Ogando, viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones, resaltó que desde el inicio de esta gestión aumentó en un 200 por ciento el traspaso de armas, con la entrega de cientos de licencias.
En tanto, los miembros de Adivaf valoraron la disposición de la institución en escuchar sus inquietudes y prometieron trabajar mancomunados, con la esperanza de que sus demandas sean resueltas, entre las que están el levantamiento de la prohibición de la importación de armas, establecida en 2006.
Sobre el tema, la ministra indicó que será «analizada, debatida y luego escalada a nivel presidencial», porque es el presidente de la República quien debería establecer por norma, esta petición.
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Pasaportes no fue consultado por Migración para solicitar cédulas en el aeropuerto
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14 horas agoon
noviembre 20, 2024Santo Domingo, R.D.-El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, aseguró este miércoles que no fue consultado por Migración para pedir cédulas a los dominicanos en el aeropuerto al momento de entrar o salir del país.
También señaló que su oficina no ha recibido informes de falsificación de libretas, defendiendo la validez de los documentos que entregan.
«La Dirección General de Migración es una entidad de seguridad nacional, y por eso tiene la potestad de hacer estos operativos. Sin embargo, es una medida que ellos tienen. Nosotros no tenemos con la institución ninguna información que indique que haya alguna situación con los elementos o con el desarrollo del pasaporte«, dijo Ramírez en un encuentro con la prensa.
«La noticia que sí les puedo dar es que yo estoy trabajando, o hemos conversado con ellos, para mejorar todo el rendimiento, donde desarrollamos una mesa técnica para que desde que nosotros hagamos la impresión del pasaporte, podamos tener el auto gate de manera automática, sin tener que trasladarse a la Dirección General de Migración. Esa es la tarea a la que le estamos invirtiendo ahora», continuó.
«El documento que se requiere para viajar es el pasaporte, pero estamos pidiendo la cédula como un mecanismo para validar identificación y evitar suplantación de identidad», reza un breve comunicado compartido con este medio tras una solicitud de información.
El comunicado señala que las personas pueden mostrar el documento de identificación tanto físico como en formato digital. Sin embargo, la entidad declinó responder a partir de qué fecha comenzó a implementarse esta medida, alegando motivos de «seguridad nacional».
«Es una medida de reciente aplicación«, fue la escueta respuesta de la institución.
La Dirección General de Migración (DGM) también declinó informar sobre el motivo que provocó la medida, citando las mismas razones.
«No se ha devuelto ninguna persona por no tener la cédula al momento de hacer migración de salida y entendemos que presentarla no genera retraso a los pasajeros», dice la entidad en el comunicado sobre la medida que hasta el momento no había sido informada y tomó por sorpresa a muchos viajeros dominicanos.
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En opinión de expertos municipales modificación a la Ley 176-07 debe ser «integral».
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14 horas agoon
noviembre 20, 2024Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura este martes por el Senado de la República el proyecto de ley que modifica los artículos 36, 64 y 81, además de adicionar los artículos 66.1 y 66.2 a la Ley 176-07, que regula el Distrito Nacional y los municipios.
Para Víctor de Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana, la ley necesita una revisión profunda para adecuarla a la Constitución de 2010 y cumplir con el artículo 203, que ordena convertirla en una Ley Orgánica de la Comunicación Pública.
Entre las prioridades, D’Aza señaló la necesidad de abordar los porcentajes de inversión municipal y la cobertura de vacantes.
D’Aza informó que este fin de semana evaluarán las propuestas en la Liga Municipal, y el próximo lunes se reunirán con la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para analizar las reformas.
Mientras que Waldys Taveras, director ejecutivo de la mancomunidad del Gran Santo Domingo, calificó las modificaciones como insuficientes y lamentó que no se aborde una reforma integral de la ley.
“La falta de voluntad y de dirección política lleva a que sigamos poniendo parches. Eso que ellos están planteando deberían hacerlo en la reforma constitucional”, expresó.
Taveras subrayó la necesidad de uniformar las reglas de sucesión para todos los niveles de elección popular.
“El partido que postuló presenta una terna al órgano correspondiente… Entonces no puede ser diferente con relación a los ayuntamientos”, agregó.
Por su parte, Pedro Richardson, director de FEDODIM, respaldó la iniciativa en términos generales, pero expresó reparos sobre algunos puntos.
Richardson enfatizó que las vacantes en los gobiernos locales deben ser cubiertas exclusivamente por estos, a través de una terna presentada por el partido ganador.
“No creemos prudente que el alcalde proponga sustituciones de regidores, porque la alcaldía no es el órgano al que le corresponde ejercer la función normativa y supervisora del gobierno local”, explicó Richardson.
Asimismo, añadió que, si el partido no presenta una terna en el plazo estipulado, el consejo de regidores debe asumir esa función.
Modificaciones
El artículo 3, que modifica el 36, sobre el regidor, indica que, si no hubiese suplente para sustituirlo, el partido que lo postuló presentará dentro de 30 días una terna al Consejo de Regidores.
La misma deberá ser escogida de los candidatos a regidor donde ocurrió la vacante. Si dentro de ese periodo no se somete la terna, el Concejo de Regidores escogerá al sustituto de una terna planteada por el alcalde.
El artículo 4, que modifica el 64, sobre la sustitución del alcalde, señala que, si la vacante de éste ocurriese por pérdida del mismo, se posicionará al vicealcalde.
El artículo 5, refiere que el Tribunal Superior Electoral es una máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y solo puede ser revisado por el Tribunal Constitucional cuando la misma sea manifestante contraria a la Constitución.
En su artículo 3, la iniciativa señala que los procedimientos contenciosos electorales del reglamento por del Tribunal, así como los celebrados por la Juntas Electorales seguirán los principios de transparencia, publicidad, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal y con ellas, se observarán las garantías institucionales y legales del debido proceso.
Este proyecto contempla en el artículo 7, que la integración de este órgano será por cinco jueces electorales y suplentes, designados por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo de cuatro años.