Opinión
“Se acata pero no se cumple”
Por Isaías Ramos
Es profundamente preocupante que, al cumplirse hoy 180 años desde la promulgación de nuestra constitución original, nuestro país aún no haya sido capaz de implementar plenamente el mandato constitucional que obliga a los mandatarios a «cumplir y hacer cumplir» la ley. Esta omisión ha sido una constante, con contadas excepciones.
Es inaceptable que la población siga permitiendo que la clase política se burle impunemente del cumplimiento de sus deberes. El pacto social que debería unirnos como nación, cimentado en la implementación efectiva de nuestra Constitución, sigue siendo una utopía inalcanzable. Cada día que pasa sin que se lleve a cabo una verdadera reforma política y social, es un día más en el que el pueblo sigue perdiendo su norte, mientras una clase dirigente egoísta y corrupta se perpetúa en el poder. Es indignante que, tras 14 años, 9 meses y 10 días desde la promulgación del Estado Social y Democrático de Derecho, todavía se siga utilizando nuestra Constitución como un simple «pedazo de papel», en lugar de ser la guía y el fundamento del orden social y político.
La falsedad y el engaño han sido los pilares de este gobierno y de muchos otros anteriores. Nos dicen una cosa mientras hacen todo lo contrario. Como nación, ya no podemos seguir tolerando que las élites políticas gobiernen de manera caprichosa, desinteresada y corrupta, priorizando su propio beneficio a costa del bienestar de la población. Es urgente que el pueblo exija un cambio real, un retorno a los principios democráticos y sociales que deben regir nuestra convivencia.
El actual modelo de gobierno, que ha entregado las riendas del país a los intereses de unos pocos, ha desatado un proceso de saqueo sistemático, endeudamiento y opresión que ha afectado a millones. Este modelo se basa en el desmantelamiento del Estado y la concentración de los recursos en manos de las élites. En lugar de avanzar hacia un Estado Social y Democrático de Derecho, como dictan nuestra ley de leyes, hemos retrocedido a un Estado corporativista que favorece los intereses de unos pocos, mientras el pueblo sigue hundido en la pobreza.
Cuando aceptamos que el lucro y la codicia, practicados sin control, son el motor del progreso, nos hemos rendido ante la idea de que cualquier acto de enriquecimiento personal puede ser justificado. La corrupción, el lavado de activos y el saqueo de los recursos públicos son vistos como «contribuciones al capital creativo del capitalismo», mientras más del 40% de nuestra población vive en condiciones de pobreza extrema. Esta perversión del sistema ha generado una profunda desigualdad y ha condenado a la mayoría del pueblo a vivir en la miseria, mientras una élite política y económica acumula riquezas de manera escandalosa.
Esta miseria planificada es aún más grotesca cuando observamos la riqueza acumulada por una clase política que solo busca perpetuar su poder para robar y saquear los recursos del país. La élite actual ha logrado instalar un modelo de despojo que favorece a pocos, a costa de las generaciones presentes y futuras. Este pillaje no solo se basa en la explotación de nuestros recursos naturales, sino en el control absoluto de las instituciones del Estado, a través de un capitalismo mafioso que permite a actores corruptos perpetuar un sistema injusto y destructivo.
La corrupción masiva está normalizada y no se ve ningún cambio a la vista. Necesitamos urgentemente un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. Desde el Frente Cívico y Social, defendemos este modelo porque representa una verdadera renovación, una opción frente a la corrupción y el desgobierno que nos está destruyendo. Tirar por la borda la libertad que nuestros héroes lograron a costa de sacrificios inmensos es un sacrilegio que no podemos permitir.
¿Cómo podemos seguir en silencio ante tanta ignominia? ¿Cómo podemos ver cómo se entregan nuestros derechos territoriales sin que se levante una sola voz en defensa de la patria? Nos descalifican con frases vacías sobre su supuesta superioridad intelectual, pero no podemos callar ante el despojo sistemático de lo que es nuestro. Nos tildan de ignorantes y nos acusan de romantizar el pasado, pero lo cierto es que estamos luchando por un futuro mejor, uno que respete nuestros derechos fundamentales, nuestra soberanía y nuestra identidad.
Es inaceptable que sigamos siendo cómplices de la indiferencia y la pasividad. La cultura del engaño, la manipulación y la falsedad debe ser erradicada. La clase política que gobierna ha sido incapaz de garantizar los derechos constitucionales, y cada día que pasa estamos más cerca de perder lo que tanto nos costó conquistar. La apatía social solo beneficia a aquellos que han mantenido secuestrado al Estado, despojándonos de nuestras libertades y derechos fundamentales.
Por ello, en el FCS hacemos un llamado urgente al pueblo a despertar de su letargo y tomar las riendas de su destino. Ya no podemos seguir siendo espectadores de nuestra propia historia. Es hora de exigir la implementación plena de la Constitución y de restablecer un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho que garantice los derechos políticos, económicos y sociales para todos. Debemos organizarnos, movilizarnos y exigir la rendición de cuentas de los gobernantes. La lucha por la justicia social no puede seguir siendo una promesa vacía ni una ilusión remota.
El cambio solo será posible si unimos nuestras fuerzas para erradicar esta cultura de demagogia y corrupción. Es hora de rechazar el cinismo de aquellos que han prometido el cambio y han traicionado la confianza del pueblo. La libertad y la dignidad de nuestra nación no deben seguir siendo mercadeadas como un bien de consumo. ¡El pueblo tiene el poder de transformar su realidad! ¡Es hora de que nos levantemos con firmeza, decididos a recuperar lo que es nuestro por derecho! No dejemos que nos roben el futuro que nos pertenece. ¡El momento de la acción es ahora!
¡Despierta, RD!
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.