Agencia efe 

Buenos Aires, Argentina.-Una fiscalía argentina imputó este jueves a una persona por abandono de persona seguido de muerte y a otras dos por suministro de estupefacientes en la causa que investiga la muerte del cantante británico Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

«En el marco de la investigación por la muerte del músico británico Liam James Payne, ocurrida el 16 de octubre cuando cayó de un balcón en un hotel del barrio porteño de Palermo, se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes», informó hoy la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14.

Uno de los acusados es una persona que acompañó a Payne durante su estadía en Buenos Aires, otro es un empleado del hotel en el que tuvo lugar su fallecimiento y el tercero fue descrito como «un proveedor de estupefacientes».

La fiscalía informó que la imputación de estas tres personas, cuya detención ya ha sido ordenada, llegó tras una extensa investigación que incluyó decenas de testimonios, el análisis de más de 800 horas de filmaciones de cámaras del hotel y de la vía pública y del contenido del móvil de Payne y de varios testigos, así como estudios tanatológicos y de laboratorio.

El primero de los acusados fue descrito en el anuncio como «quien acompañaba de manera cotidiana al artista» durante su estadía en Buenos Aires y se le imputaron los delitos de abandono de persona seguido de muerte y de suministro y facilitación de estupefacientes.

El segundo es un empleado del hotel Casa Sur, en el que se encontraba alojado Payne, acusado de haber suministrado cocaína al músico durante su estadía; mientras que el tercero habría suministrado estupefacientes al músico en dos ocasiones.

Los informes presentados a la fiscalía concluyeron que «todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas».

Además, confirmaron las pericias iniciales que indicaban que el músico no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que consideran que «pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia» y descartan la posibilidad de «un acto consciente o voluntario» ya que «en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo».

«Más allá de la contundencia probatoria que se logró hasta el momento (visual, registral, médica, científica, documental, telefónica, testimonial, etc), se debe continuar la investigación, pues, entre otras diligencias, aún está en curso el desbloqueo de la netbook personal de la víctima -que está averiada- y otros aparatos incautados en la investigación», añadió el comunicado.

El cuerpo del exintegrante del grupo musical One Direction fue trasladado ayer desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) hacia Londres en un vuelo de la aerolínea British Airways, poco después de que fuera embalsamado en el Cementerio Británico de Buenos Aires con el fin de preservar sus restos.

Agencia EFE

San Juan.-La comisionada residente en Washington de Puerto Rico, Jenniffer González, quien será la próxima gobernadora de la isla tras vencer en las elecciones de este martes, según los resultados parciales, es una abogada acostumbrada a hacer historia en política.

González ha sido la primera candidata mujer a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y, el próximo enero, de confirmarse la tendencia, se convertirá en la segunda gobernadora electa de la isla.

Con más del 80 % de los colegios de votación contabilizados, González obtiene el 39,63 % de los votos, seguida del candidato de la Alianza de País, el independentista Juan Dalmau, con el 32,34 %.

Nacida en San Juan en 1976, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico y luego una maestría en Derecho y un doctorado en la Universidad Interamericana.

La más joven en varios cargos de liderato

Destacó desde sus inicios en las filas del PNP y la política local como representante por acumulación en la Cámara, donde en 2009 se convirtió en la presidenta más joven de la historia de Puerto Rico, con 32 años.

Fue reelegida como legisladora en las elecciones de 2012, aunque el PNP perdió la mayoría en la Cámara, siendo seleccionada como portavoz del partido para el periodo 2013-2017.

Su ambición la llevó en 2016 a ser la primera mujer y la persona más joven en ser electa comisionada residente, que es el político que representa los intereses de la isla en el Congreso de Estados Unidos.

En junio pasado, venció en las primarias del PNP al actual gobernador, Pedro Pierluisi, y comenzó su carrera hacia el puesto más alto de poder en la isla con una campaña centrada en atacar a Dalmau.

Adalid de la ‘estadidad’

Desde su puesto de comisionada residente, González ha sido una firme defensora de la llamada ‘estadidad‘, es decir, la anexión de Puerto Rico a EE.UU. por la que aboga el PNP.

Uno de sus objetivos ha sido promover que el Congreso de Estados Unidos apruebe la celebración de un referéndum vinculante en la isla para que los puertorriqueños decidan un nuevo estatus político, diferente al Estado Libre Asociado.

El proyecto, todavía pendiente de aprobación en Washington, es que el plebiscito incluya las opciones de ‘estadidad’, independencia y soberanía en libre asociación.

«El único partido político que va a defender la ciudadanía americana, la relación con los Estados Unidos, para afianzarla más, es el Partido Nuevo Progresista», dijo González en el debate televisado durante la campaña electoral.

De hecho, las elecciones de este martes incluyeron una consulta de estatus no vinculante, en la que el 56,96 % de los votantes han optado por la ‘estadidad’.

En estos años, González ha centrado también sus esfuerzos en lograr el apoyo y la financiación federal para la reconstrucción de Puerto Rico, que quedó devastado tras el paso del huracán María en 2017.

Su trabajo en el Congreso se ha enfocado asimismo en patrocinar proyectos de ley relacionados con asuntos de veteranos, la salud y el alivio fiscal para Puerto Rico.

La Suprema Corte zanja, de una vez por todas, el conflicto que ha enfrentado durante meses al oficialismo con la judicatura y que puso al país al borde de una crisis política

México elegirá a partir del próximo año a todos sus jueces por voto popular. Se trata de miles de cargos judiciales de nivel federal y estatal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cerrado definitivamente toda posibilidad de cambiar la reforma judicial instaurada por el oficialismo, con el impulso de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum en la presidencia del Gobierno. Un proyecto de sentencia proponía limitar o aminorar la cantidad de cargos judiciales a elegir en las urnas, pero ha sido rechazado este martes en el pleno del Supremo. Esta decisión del Alto Tribunal pone fin a meses de confrontación entre los jueces con Morena, que controla el Ejecutivo y domina arrolladoramente en el Congreso. La Suprema Corte requería de al menos ocho votos para aprobar el proyecto que limitaba la enmienda y ponía a salvo el futuro de miles de juzgadores. Sin embargo, el oficialismo contó con el apoyo in extremis del ministro Alberto Pérez Dayán, que esta vez no acompañó al bloque mayoritario. La resolución del Supremo supone un asomo a lo desconocido. Ningún país del tamaño de México vota a todos sus jueces.

Alrededor de 1.700 cargos judiciales de nivel federal tendrán que ser votados en las urnas en dos elecciones, una en 2025 y otra en 2027. Serán electos jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial —de reciente creación— y ministros de la Suprema Corte. Los 32 Estados que conforman la República también elegirán por voto popular a sus poderes judiciales locales en dos comicios. Los mexicanos tendrán que decidir entre miles de candidatos a jueces en todas las materias de los tribunales, desde los más elementales de justicia familiar hasta los más especializados en lo mercantil o las telecomunicaciones. El Instituto Nacional Electoral (INE), que estará a cargo de organizar los inéditos y complejos comicios, ha presupuestado un gasto público de al menos 13.200 millones de pesos (unos 656 millones de dólares) solo para la elección del próximo año. La reforma judicial fue impulsada por el oficialismo con el argumento de que la judicatura estaba ahogada por la corrupción y los privilegios y que era necesario renovarla de un plumazo.

El proyecto rechazado este martes por la Corte, y que fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, proponía que solo fuesen votados los jueces de la cúpula judicial —ministros del Supremo y magistrados electorales y de disciplina—, y que los jueces de distrito y magistrados de circuito se mantuvieran sujetos a los ascensos escalonados de la carrera judicial, que existe en México desde hace tres décadas. El proyecto también señalaba que era indebida la imposición, desde la Constitución federal, de un modelo u hoja de ruta a los Estados —que son libres y soberanos— para conformar a sus poderes judiciales.

Los ministros se enfrascaron en un largo debate técnico sobre si la Suprema Corte tiene facultades para revisar e invalidar reformas a la Constitución. El proyecto de sentencia, que finalmente fue apoyado por siete de los 11 ministros, sostenía que sí. El Supremo mexicano es un tribunal constitucional y como tal puede invalidar leyes generales que contradicen el texto de la Carta Magna. El proyecto de Alcántara señalaba que la Constitución es un conjunto de normas generales y que, en determinados casos, los cambios que se le hagan desde el Legislativo pueden ser revisados mediante la acción de inconstitucionalidad, que es el recurso que promovieron los partidos de oposición para controvertir la reforma oficialista.

Además, el ministro Alcántara advertía de que la enmienda judicial contradice las reglas fundamentales —o “pétreas”— que hacen de México una república federal y democrática, cuyo poder se asienta en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Su proyecto indicaba que la independencia del Poder Judicial, condición necesaria en toda democracia, descansa en garantías básicas que la reforma morenista ha borrado de la Constitución: la inamovilidad en el cargo de los jueces, un sistema adecuado de ascensos, la prohibición del despido injustificado y la irreductibilidad del salario.

La minoría en la Suprema Corte rechazó esta interpretación. Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanas al oficialismo, han afirmado que solo el Congreso puede modificar la Constitución y que las enmiendas no pueden ser revertidas por el Alto Tribunal. Se trata de una postura retomada del discurso político morenista. Tanto la presidenta Sheinbaum como los líderes del partido han afirmado que la reforma judicial es una expresión fiel de los anhelos populares, y han fustigado a la Corte por pretender “estar por encima del pueblo de México”, según palabras de la mandataria.

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