Nacionales
Luce como otra torpeza del presidente abinader nombramiento de nuevos embajadores.
Santo Domingo, R.D.-Lo que parece ser otra torpeza del presidente Luis Abinader son las designaciones de nuevos embajadores en sustitución de los que estaban en esas posiciones y que reúnen ciertas experiencias que pueden ser aprovechadas en favor del pais, lo cual no ofrece una justificación al respecto por parte del Gobierno.
En este caso, Abinader hizo cambios en Países Bajos, Antigua y Barbuda, El Salvador, Francia, Alemania, Costa Rica, Santa Sede (Vaticano), Argentina, Bélgica y China, países que, en su mayoría, representan oportunidades de comercio y requieren de un buen estado de las relaciones diplomáticas.
Un análisis realizado por Listín Diario sobre los perfiles de los viejos y los nuevos embajadores que representarán a la República Dominicana en estas 10 naciones presagia posibles conflictos o desinterés en las relaciones que se planea mantener con estos países.
Lejos de ser referentes en las relaciones internacionales y la diplomacia, y a pesar de los cuestionamientos por el acuerdo marítimo firmado con los Países Bajos, Abinader volvió a nombrar a un embajador sin experiencia en la materia.
El pasado embajador, Juan Bautista Durán, es un odontólogo miembro del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) que puso en marcha el movimiento “Unidos por el Cambio” en Europa durante el proceso electoral y fue nombrado en la posición.
El más reciente, Carlos de la Mota, carece también de experiencia y preparación en el área de las relaciones internacionales, siendo actor y arquitecto de profesión, con unos años ejerciendo de viceministro para las “comunidades dominicanas en el exterior”.
En el caso Países Bajos, el país salió a relucir en la palestra pública luego de haberse divulgado un acuerdo para definir los límites marítimos con Curazao, una isla que pertenece a esa nación europea, y en el que se han señalado presuntas “debilidades” en el proceso de negociación y formulación del pacto.
Otro caso ocurrió con la nueva elección de la embajadora en Costa Rica. El pasado embajador, Josue Fiallo, quien inició sus labores en ese país en enero de 2024, fue traído de vuela a la Cancillería por una “asesora” en el despacho del canciller Roberto Álvarez, que inició sus labores en 2020 y no posee experiencia en el servicio exterior.
María Amelia Marranzini saltó de ser asesora de Roberto Álvarez a embajadora en Costa Rica, sustituyendo a Fiallo, un diplomático de carrera, con más de 20 años de experiencia, y que ha ocupado diversas posiciones en el servicio exterior, sin contar su formación en las relaciones internacionales.
Desde 2018, cuando se firmó la apertura de las relaciones diplomáticas, Briunny Garabito, diplomático de carrera con experiencia en distintos países, se mantuvo en el cargo, hasta que recientemente el presidente dispuso su cambio.
Su lugar será ocupado por un también miembro del PRM, José Julio Gómez, quien tampoco tiene experiencia en el servicio exterior. En su currículum solo muestra haber sido viceministro de “política exterior bilateral”, pero no ha ocupado ninguna posición en embajadas, consulados o representaciones del país en el extranjero.
La decisión del presidente de nombrar a un exmiembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como embajador ante la Santa Sede (Vaticano) despertó múltiples críticas sobre las razones que lo llevaron a tomar está acción.
Abinader dispuso el nombramiento de Víctor Valdemar Suárez, exdiputado del PLD por más una década y exmiembro de la entidad morada por casi 30 años en el Vaticano, luego de su renuncia de la organización, pasando a apoyar al presidente.
Inclusive, votó a favor de varias iniciativas legislativas que propuso el gobierno y pasaron por la Cámara de Diputados mientras él era legislador.
El cuestionamiento se produce porque Víctor Suárez, que por más de una vez lanzó críticas públicas y directas a Abinader, tanto cuando este último era candidato, como cuando ya alcanzó el poder, Suárez, sin experiencia diplomática, sustituirá a Luis Emilio Montalvo, otro inexperimentado en el área, quien ocupaba esa posición.
El pasado embajador es licenciado en psicología y doctor en medicina, sin ningún estudio en las relaciones exteriores.
En el caso de Argentina, ambos embajadores carecen de algún tipo de estudio o experiencia en diplomacia. Para hacer frente al gobierno del presidente Javier Milei, Abinader optó por colocar a Jorge Gerardo Neftalí Marte Báez, un médico que ha realizado toda su carrera en el sector de la salud, quien reemplazará a su colega Gustavo Hernando, con quien comparte profesión y carencia de conocimientos en las relaciones internacionales.
Por otro lado, en el caso de Antigua Barbuda, El Salvador, Francia, Alemania y Bélgica, Abinader dispuso cambiar embajadores de carrera diplomática por otros que también ostentan la misma posición.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.