Nacionales
Luce como otra torpeza del presidente abinader nombramiento de nuevos embajadores.
Santo Domingo, R.D.-Lo que parece ser otra torpeza del presidente Luis Abinader son las designaciones de nuevos embajadores en sustitución de los que estaban en esas posiciones y que reúnen ciertas experiencias que pueden ser aprovechadas en favor del pais, lo cual no ofrece una justificación al respecto por parte del Gobierno.
En este caso, Abinader hizo cambios en Países Bajos, Antigua y Barbuda, El Salvador, Francia, Alemania, Costa Rica, Santa Sede (Vaticano), Argentina, Bélgica y China, países que, en su mayoría, representan oportunidades de comercio y requieren de un buen estado de las relaciones diplomáticas.
Un análisis realizado por Listín Diario sobre los perfiles de los viejos y los nuevos embajadores que representarán a la República Dominicana en estas 10 naciones presagia posibles conflictos o desinterés en las relaciones que se planea mantener con estos países.
Lejos de ser referentes en las relaciones internacionales y la diplomacia, y a pesar de los cuestionamientos por el acuerdo marítimo firmado con los Países Bajos, Abinader volvió a nombrar a un embajador sin experiencia en la materia.
El pasado embajador, Juan Bautista Durán, es un odontólogo miembro del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) que puso en marcha el movimiento “Unidos por el Cambio” en Europa durante el proceso electoral y fue nombrado en la posición.
El más reciente, Carlos de la Mota, carece también de experiencia y preparación en el área de las relaciones internacionales, siendo actor y arquitecto de profesión, con unos años ejerciendo de viceministro para las “comunidades dominicanas en el exterior”.
En el caso Países Bajos, el país salió a relucir en la palestra pública luego de haberse divulgado un acuerdo para definir los límites marítimos con Curazao, una isla que pertenece a esa nación europea, y en el que se han señalado presuntas “debilidades” en el proceso de negociación y formulación del pacto.
Otro caso ocurrió con la nueva elección de la embajadora en Costa Rica. El pasado embajador, Josue Fiallo, quien inició sus labores en ese país en enero de 2024, fue traído de vuela a la Cancillería por una “asesora” en el despacho del canciller Roberto Álvarez, que inició sus labores en 2020 y no posee experiencia en el servicio exterior.
María Amelia Marranzini saltó de ser asesora de Roberto Álvarez a embajadora en Costa Rica, sustituyendo a Fiallo, un diplomático de carrera, con más de 20 años de experiencia, y que ha ocupado diversas posiciones en el servicio exterior, sin contar su formación en las relaciones internacionales.
Desde 2018, cuando se firmó la apertura de las relaciones diplomáticas, Briunny Garabito, diplomático de carrera con experiencia en distintos países, se mantuvo en el cargo, hasta que recientemente el presidente dispuso su cambio.
Su lugar será ocupado por un también miembro del PRM, José Julio Gómez, quien tampoco tiene experiencia en el servicio exterior. En su currículum solo muestra haber sido viceministro de “política exterior bilateral”, pero no ha ocupado ninguna posición en embajadas, consulados o representaciones del país en el extranjero.
La decisión del presidente de nombrar a un exmiembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como embajador ante la Santa Sede (Vaticano) despertó múltiples críticas sobre las razones que lo llevaron a tomar está acción.
Abinader dispuso el nombramiento de Víctor Valdemar Suárez, exdiputado del PLD por más una década y exmiembro de la entidad morada por casi 30 años en el Vaticano, luego de su renuncia de la organización, pasando a apoyar al presidente.
Inclusive, votó a favor de varias iniciativas legislativas que propuso el gobierno y pasaron por la Cámara de Diputados mientras él era legislador.
El cuestionamiento se produce porque Víctor Suárez, que por más de una vez lanzó críticas públicas y directas a Abinader, tanto cuando este último era candidato, como cuando ya alcanzó el poder, Suárez, sin experiencia diplomática, sustituirá a Luis Emilio Montalvo, otro inexperimentado en el área, quien ocupaba esa posición.
El pasado embajador es licenciado en psicología y doctor en medicina, sin ningún estudio en las relaciones exteriores.
En el caso de Argentina, ambos embajadores carecen de algún tipo de estudio o experiencia en diplomacia. Para hacer frente al gobierno del presidente Javier Milei, Abinader optó por colocar a Jorge Gerardo Neftalí Marte Báez, un médico que ha realizado toda su carrera en el sector de la salud, quien reemplazará a su colega Gustavo Hernando, con quien comparte profesión y carencia de conocimientos en las relaciones internacionales.
Por otro lado, en el caso de Antigua Barbuda, El Salvador, Francia, Alemania y Bélgica, Abinader dispuso cambiar embajadores de carrera diplomática por otros que también ostentan la misma posición.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.