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Prisiones de República Dominicana afectadas con problemas de drogas.

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Santo Domingo, R.D.-Tras tres reclusos sufrir sobredosis por consumo de drogas, ha quedado en evidencia un grave problema que afecta las cárceles dominicanas, lo cual ha permitido observar la competencia en torno a este flagelo a partir de lo ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca.

Este no es un fenómeno nuevo; a lo largo de los años, múltiples denuncias han revelado la presencia de sustancias ilícitas dentro de los centros penitenciarios del país, a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de seguridad.

El dirigente comunitario Guanchi Comprés, de Los Peregrinos de Moca, dio a conocer el caso el lunes 6 de enero, señalando que los internos involucrados en este suceso se encontraban en el módulo dos del penal cuando se produjo la sobredosis.

El incidente ha puesto de relieve no solo el problema del consumo de drogas en las cárceles dominicanas, sino también las graves fallas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.

El dirigente destacó que las cámaras de vigilancia del penal están inoperativas desde hace más de una década, lo que dificulta cualquier intento de esclarecer los hechos. “¿Cómo pueden investigar este hecho si no tienen medios para saber lo que ocurrió?”, cuestionó Comprés, exigiendo una respuesta clara de las autoridades.

El caso también resalta la falta de control por parte de los agentes penitenciarios, quienes, según Comprés, podrían estar involucrados en el tráfico de drogas dentro del penal.

“Pedimos el traslado inmediato de todos los agentes de este centro, que son cómplices de lo que pasa”, añadió el dirigente, subrayando que el director del penal, aunque honesto, no tiene control total sobre lo que ocurre en las instalaciones.

Un problema de drogas que no es nuevo en las cárceles de RD

Este caso en Moca se suma a una serie de denuncias similares que han salido a la luz en otros centros penitenciarios de República Dominicana en los últimos años. En marzo de 2024, se reveló que en la cárcel de San Francisco de Macorís los reclusos tenían acceso a drogas y otros artículos ilícitos gracias a mafias internas y la complicidad de algunos agentes penitenciarios.

Según informes, el gasto mensual en drogas dentro de este centro podía superar los 15,000 a 20,000 pesos, lo que sometía a las familias de los reclusos a una constante presión y chantaje.

Por otro lado, en noviembre de 2024, la Penitenciaría Nacional de La Victoria se vio envuelta en una denuncia sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas, drogas y estimulantes sexuales dentro del recinto. Las sustancias ingresaban al penal a través de redes de contrabando, lo que ponía en peligro la seguridad y el orden dentro de la cárcel.

Incluso en el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció el tráfico de drogas, armas, prostitución y abusos sexuales dentro de las cárceles de República Dominicana, describiendo un panorama de sobrepoblación y falta de control en los centros del viejo modelo penitenciario, como la emblemática Penitenciaría de La Victoria.

El silencio del sistema penitenciario ante las denuncias

El sistema penitenciario de la República Dominicana ha sido blanco de múltiples críticas por su incapacidad para erradicar el consumo de drogas y otros ilícitos dentro de sus recintos. Aunque las autoridades han intentado implementar reformas, como la creación del Nuevo Modelo Penitenciario, los problemas persisten.

En varios casos, la complicidad entre reclusos y agentes penitenciarios ha permitido que sustancias ilícitas sigan entrando a las cárceles. Tambien, en la cárcel de Neiba, agentes de la policía y el Ministerio Público incautaron armas, drogas y otros objetos prohibidos.

Además, la falta de una respuesta oficial y la escasa transparencia en cuanto a las investigaciones sobre estos hechos contribuyen a la desconfianza en el sistema. Aunque el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones han prometido tomar medidas para mejorar la seguridad, la situación sigue siendo grave.

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Suprema Corte dice supera mora y que tramitación de casación se redujo de 707 a solo 27 días

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Santo Domingo, R.D.-El 90% de los casos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se resuelven en tres, seis y 12 meses y el tiempo de tramitación se redujo de manera significativa con la aplicación de la nueva ley de Casación, pasando de 707 a solo 27 días, informaron jueces de esa alta corte este miércoles.

La información fue ofrecida durante el encuentro «Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia«, encabezado por los presidentes de las Primera y Segunda Sala, Justiniano Montero Montero y Francisco Jerez Mena, respectivamente. Mientras que el magistrado Francisco Ortega Polanco, representó a la Tercera Sala de ese tribunal.

Al realizar la presentación, el secretario general de la SCJ, César García Lucas, informó que actualmente la SCJ tiene 4 mil 273 casos pendientes de fallo, de estos, los más antiguos datan del año 2024 de la materia civil y comercial, que presenta un total de 2, 983 expedientes pendientes.

Expedientes por materias

Mientras que, en materia de tierras solo tiene pendiente 377 casos, penal 353, laboral 266, contencioso administrativo 225 y contencioso tributario 69, todos estos casos corresponden a los años 2025 y 2026.

El tiempo de respuestas ronda los seis a 12 meses en materia civil, penal tres meses y un día para decidir los casos de extradición; mientras en lo relacionado a las decisiones contencioso tributario, administrativo, laboral y de tierras se emiten dentro del plazo de los seis meses.

Un aspecto importante destacado es la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional para enviar de manera digital los expedientes apoderados, generando constancia de remisión automática.

Lo encontrado en 2019

La SCJ recordó que para el año 2019,  había un total de 18,357 expedientes, de estos 9,187 completos y 9,170 incompletos. Algunos de estos correspondían al año 1982.

En el encuentro Justicia y Medio participó, además, el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder JudicialJavier Cabreja.

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23 minutos de persecución: ¿Qué dice la solicitud de medida de coerción y videos sobre muerte de chofer?

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Santo Domingo, R.D.-“Un motorista lo chocó, iba abajo”, respondió, de acuerdo a uno de los videos que circula en las redes sociales, Juan Carlos Soto Ortiz, una de las personas que persiguió a Deivy Carlos Abreu Quezada hasta el Palacio de Justicia de Santiago, lugar en donde le propinaron una herida de arma blanca en su pierna derecha, lo que provocó su muerte.

En la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados, se indica que la persecución duró alrededor de 23 minutos (desde las 3:00 de la tarde hasta las 3:23 p. m.).

El recorrido en contra del conductor del camión recolector de basura inició en el Ensanche Bermúdez y concluyó en el Palacio de Justicia. Antes de ese tiempo, la narración de los hechos no abunda en el conflicto.

Según el relato del Ministerio Público, Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como “Macho”, fue la persona que le propinó la estocada a Deivy Carlos Abreu Quezada.

La unión de los videos que circulan en las redes sociales sobre este crimen y los datos que presenta el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados, detallan lo siguiente:

Jhovanny de Jesús Metz Cruz realizó la persecución en contra de Abreu Quezada en su motocicleta, marca Boxer BM150, color negro, con un diseño en el tanque de color amarillo con verde y con un stiker que dice: “Chucho R”. La misma era conducida por una persona “no individualizada”, “Macho”; iba en la parte de atrás.

Al llegar al Palacio de Justicia, cuando el camión reduce la velocidad para entrar, Metz Cruz se desmonta de la motocicleta y lo persigue a pie, corriendo, junto a otras personas. Iba vestido con un casco protector negro que impedía ver su rostro, un abrigo negro manga larga, un pantalón negro y unos crocs blancos.

Cuando Abreu Quezada detiene el camión recolector de basura, dos hombres lo atacan por el área del conductor, obligándolo a que este salte del camión y que Beylor Rodríguez Méndez, seguridad del área, dispare su arma para despejar a la multitud.

En el video se observa al hombre con casco protector negro, abrigo negro manga larga, pantalón negro y unos crocs blancos portar un cuchillo en las manos. Según la medida de solicitud de coerción, era un arma “tipo caza, color negro, de aproximadamente doce (12) pulgadas de longitud”, recogida en el Palacio de Justicia.

Según el video, después de que Jhovanny de Jesús Metz Cruz le propinó la estocada en la pierna, Deivy Carlos Abreu Quezada salta del camión y grita: “Me mató”.

Tras esto, “Macho” sale corriendo del Palacio de Justicia y desaparece. Las autoridades lo persiguen por este crimen y le piden que se entregue.

“Me interceptaron por el camino para matarme… Yo no choqué a nadie; ellos me atravesaron un motor en el medio, está grabado allá arriba en la cámara; me interceptaron un motor en el medio”, dice Deivy Carlos Abreu Quezada a un hombre que le pregunta qué pasó, mientras se desangra.

Mientras el hombre sigue preguntando, Deivy Carlos Abreu Quezada empieza a orar y a pedir a Dios que lo perdone y que no lo dejen morir. Su muerte se produce entre las 4:30 y 5:30 de la mañana, de acuerdo al acta del médico legista realizada en el Hospital Presidente Estrella Ureña, al otro día del incidente, el 18 de abril.

“Su fallecimiento se produjo de dos a tres horas antes del levantamiento del cadáver”, dice la solicitud de medida de coerción. Se recuerda que el levantamiento del cadáver es el formulario que llena el médico sobre la muerte de una persona. El mismo se realizó a las 6:00 de la mañana.

Deivy Carlos Abreu Quezada tenía 9 meses laborando en la empresa Comlursa S.R.L., que ofrece el servicio de recolección de basura en Santiago.

Su muerte ha dejado a cinco niños en la orfandad.

Las autoridades presentaron solicitud de medida de coerción en contra de Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Moran, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.

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Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.

Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.

La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.

Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.

La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.

Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).

El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.

Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.

En primera lectura

El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.

También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.

En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.

También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.

El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.

Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.

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