Opinión
La Estrategia del Embrutecimiento: Cómo Nos Roban Poder y Libertad
Por Isaías Ramos
En nuestra nación, la Constitución no es solo un documento legal; es la promesa de una sociedad justa y equitativa. Sin embargo, esta promesa ha sido traicionada. El artículo 63, numeral 13, que obliga al Estado a educar a los ciudadanos en sus derechos y deberes fundamentales, en la formación social y cívica, y en la enseñanza de la Constitución, ha sido enterrado. Esto no es un accidente ni una simple omisión. Es un acto deliberado, parte de un modelo político, económico y social que sigue una lógica distópica: “quitarle a los de abajo para darle a los de arriba”.
En esta distopía real, ¿por qué educarían a un pueblo que, al conocer sus derechos, podría desafiar al sistema? Una ciudadanía consciente e informada es una amenaza directa al poder y los privilegios de una élite política y económica que se alimenta de nuestra ignorancia. La desinformación no es una falla del sistema; es su principal herramienta de control. Nos mantienen embrutecidos para debilitarnos, para que no podamos exigir lo que por derecho nos pertenece.
No se limitan a mantenernos en la ignorancia. Han perfeccionado el engaño con un lenguaje propio de las novelas distópicas. Hablan de “modernización fiscal” cuando, en realidad, planean subir impuestos que golpean con más fuerza a los pobres. Justifican “subidas abusivas en los peajes” con términos como “nivelación”, cuando esos recursos van directamente a engordar las arcas de sus financistas, quienes sostienen esta maquinaria de explotación.
Incluso los apagones programados, presentados como “control de oferta”, son un preludio para la privatización de nuestras infraestructuras energéticas en 2026, una maniobra diseñada para transferir el control de lo público a manos privadas.
El problema no es solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. Cada acción está diseñada para sostener un sistema que despoja a las mayorías para beneficiar a una élite voraz. El sufrimiento de las mayorías se ha convertido en el precio de los privilegios de unos pocos. Lo más indignante es que esta traición se perpetra desde el mismo Estado que, en lugar de protegernos, ha decidido ignorar su mandato constitucional de educarnos y empoderarnos.
Sin embargo, esta realidad no es inmutable. La educación en derechos fundamentales no es un lujo ni una concesión; es un derecho constitucional y, más importante aún, la herramienta más poderosa para romper el ciclo de manipulación que nos mantiene sometidos.
La historia ha demostrado que un pueblo educado no se somete, se organiza, lucha y vence. Por eso, la educación en derechos fundamentales debe convertirse en una prioridad nacional. Conocer la Constitución no es solo un derecho, es el primer paso para construir una ciudadanía fuerte y activa, capaz de enfrentar a un sistema que se beneficia de nuestra desinformación.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que un pueblo informado y consciente es un pueblo invencible. Debemos exigir el cumplimiento del artículo 63 y todas las garantías que la Constitución nos otorga. No podemos permitir que sigan utilizando nuestra ignorancia como su mayor herramienta de poder.
Solo a través del conocimiento podemos desafiar este sistema que nos quita para darles a ellos y construir una sociedad donde la Constitución sea una guía real, no un papel que otros pisotean. Pero no basta con indignarnos. Es hora de pasar a la acción.
Participemos en nuestras comunidades, promovamos la educación cívica, enseñemos a nuestros hijos y vecinos sus derechos, y fomentemos la unión en torno a un propósito común: recuperar nuestra dignidad y nuestra libertad.
La narrativa distópica que nos han impuesto no tiene por qué ser nuestro destino. El futuro no pertenece a la élite que nos oprime, sino al pueblo que despierta, se educa y se organiza. Imaginemos una sociedad en la que cada dominicano conozca sus derechos, donde el poder no esté concentrado en unos pocos, sino emanando del pueblo.
Esa visión no es un sueño lejano; está al alcance de nuestras manos si actuamos juntos. Dejemos de ser espectadores y convirtámonos en protagonistas de nuestra historia. El poder es del pueblo, y es hora de reclamarlo.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
El fundamento del proyecto de creación de una Corte Penal para Latinoamérica y el Caribe, de carácter complementario de las justicias nacionales, y dedicada a la desarticulación de esas cúpulas criminales, se presenta como una alternativa adecuada para resolver o tramitar algunos casos, cuando la jurisdicción nacional así lo entienda.
Los integrantes de la X Cumbre de las Américas deben expresar un apoyo contundente mediante una declaración de compromisos a la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado para la persecución y castigo de las cúpulas criminales en estrecha colaboración con las fuerzas de justicia y de seguridad nacionales y a la campaña que se está desarrollando con este objetivo
La COPLA se fundamenta jurídicamente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, documentos que han sido suscritos por todos los Estados que conforman este cuerpo; cumpliéndose así con creces las medidas en materia de prevención y sanción de delitos transnacional organizado previstas en las referidas normas.
La inclusión de la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado en la Declaración Final de Compromiso de la X Cumbre de las Américas representa una gran oportunidad para los participantes en esta Cumbre mandar un mensaje inequívoco a las organizaciones criminales que desarrollan sus actividades delictivas en la América Latina y el Caribe.
De la Declaración de Compromiso de la X Cumbre de las Américas deberá resultar un plan de acción con los mandatos de las reuniones ministeriales para la implementación y seguimiento de estos mandatos a través del Grupo de Revisión de la implementación de la Cumbre (GRC).
Entre las instituciones internacionales que esperamos se comprometan con la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA), se encuentran la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otras.
Finalmente, el éxito de la cumbre dependerá de la adopción de una agenda objetiva y orientada a la acción, y del cumplimiento de los compromisos que los líderes asuman en la República Dominicana para hacer frente a los desafíos de la región dentro de los cuales está la urgencia de crear la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA) para dar respuestas contundentes al fenómeno del crimen transnacional organizado en la región de Latinoamérica y el Caribe.
Por Narciso Isa Conde
Los medios de EEUU y sus reflejos en el Caribe ocultan la verdad, desviando la atención de temas cruciales.
- El texto critica el resurgimiento de fascismos y tiranos que amenazan derechos fundamentales.
- Se cuestiona la democracia liberal occidental por ser controlada por minorías corruptas.
- Se destaca la resistencia de Irán y Cuba frente al poderío militar de EE.UU.
De sus entrañas brotan los fascismos de estos tiempos, con sus nuevos tiranos y nuevos sátrapas. Esos que aplastan los derechos de los trabajadores y de las mujeres, la soberanía de pueblos y naciones, la libertad de opción sexual y los derechos de niños.
La mediática de EEUU, y la de aquí, que es uno de sus espejos en el Caribe, escamotean la verdad.
Crisis de la democracia liberal
La democracia liberal promovida por Occidente, que prometió igualdad y fraternidad, ha devenido en un sistema político secuestrado por minorías y/o tutelado por un poder supranacional altamente corrompido.
De sus entrañas brotan los fascismos de estos tiempos, con sus nuevos tiranos y nuevos sátrapas. Esos que aplastan los derechos de los trabajadores y de las mujeres, la soberanía de pueblos y naciones, la libertad de opción sexual y los derechos de niños.
Brotan los políticos, generales y empresarios racistas, que odian a los inmigrantes y a las culturas no occidentales. Esos son los Trump, los Biden, los Elon Musk, los Netanyahu, Macri, Meloni, Milei, Noboa, Kast y Bolsonaro… las ultraderechas y todo lo ultraconservador y mafioso asociado a Trump, Macron y Abinader.
La humanidad estaría condenada a morir y a sacrificar el futuro de su descendencia si no toma conciencia, se organiza y lucha para transformar esta trágica realidad.
Debilidades del sistema dominante
Ahora bien, este cuadro, un tanto lúgubre, no es señal de fortaleza del sistema de dominación que ha encabezado EEUU. Es más bien consecuencia directa de sus profundas debilidades en todo lo que no es poderío militar y capacidad de matar, mentir y engañar. Es desesperación por su decadencia.
- Incluso con la agresión a Irán, EEUU e Israel van hacia una crisis y un declive mayor. Allí también brotan evidencias de que el poderío militar gringo no es invencible.
No es cualquier cosa que una potencia media como Irán, bloqueada, hostilizada por décadas, esté dando una demostración insólita, destruyéndole gran cantidad de bases militares, aviones y buques de guerra al imperio estadounidense en esa región; poniendo en jaque a los estados lacayos que les alquilan sus territorios, a lo Abinader.
Resistencia de Irán y Cuba
Entonces, es importante que se entienda que, por más duro que se presente el momento, es posible vencer a un imperio en crisis de decadencia; y para lograrlo, no hay que darle espacio al pesimismo y a la rendición. Vencer la desesperanza, despreciar el miedo y el terror, y desplegar el optimismo del triunfador.
Es la actitud de Irán y también la de Cuba, ambas distantes en geografía y cultura, pero cercanas en heroísmo y firmeza: sometidas durante décadas al escarnio imperialista sin gritar, dispuestas a resistir hasta que la humanidad, desde el Sur Global y desde las entrañas del hemisferio occidental, le diga basta ya, al mismísimo verdugo.
Por Isaías Ramos
La República Dominicana no puede seguir financiando su vulnerabilidad energética como si fuera una política transitoria. Solo en 2025, el subsidio al sector eléctrico ascendió a RD$105,849.1 millones, una cifra superior al presupuesto conjunto de Obras Públicas, Agricultura y Vivienda. Y a esa carga estructural se añade el repunte del subsidio a los combustibles, que solo para la semana del 14 al 20 de marzo de 2026 obligó al Estado a destinar RD$1,189.8 millones adicionales.
Después de más de dos décadas de subsidios al sector eléctrico, que según distintas estimaciones han absorbido recursos equivalentes a decenas de miles de millones de dólares sin corregir las fallas estructurales del sistema, la República Dominicana sigue sosteniendo un modelo que ha probado su insostenibilidad.
Que esto ocurra, además, sin una auditoría integral e independiente desde la generación hasta la distribución, mientras el Estado continúa asumiendo nuevos subsidios extraordinarios, revela que el problema ya no es únicamente de sostenibilidad fiscal: también es de seriedad institucional.
Los subsidios no focalizados, opacos y escasamente auditables crean un terreno fértil para la discrecionalidad, la ineficiencia y el riesgo de desvío de fondos públicos. Cuando el Estado subsidia sin focalización clara, sin trazabilidad y sin evaluación verificable, termina destinando recursos de todos a esquemas que no necesariamente protegen mejor a quienes más lo necesitan. Por eso, la corrección no debe consistir en abandonar a los sectores vulnerables, sino en sustituir subsidios generalizados por apoyos directos, transparentes y auditables, preservando de manera expresa un subsidio focalizado al GLP doméstico para los hogares de menores ingresos.
Pero el problema no termina ahí. El mundo atraviesa una etapa de desorden e incertidumbre marcada por guerras, rivalidades geopolíticas y tensiones sobre rutas energéticas estratégicas. Para una economía abierta y dependiente de importaciones como la dominicana, esos choques externos no son noticias lejanas: se traducen en inflación, presión fiscal, encarecimiento del transporte y aumento del costo de vida.
Las crisis internacionales rara vez llegan sin aviso. Antes de convertirse en emergencia, suelen anunciarse durante años. En tiempos inciertos, la esperanza sin previsión no es una estrategia. La verdadera prudencia consiste en prepararse para lo peor mientras se trabaja por lo mejor. Gobernar, en tiempos difíciles, es anticipar.
Por eso, la República Dominicana necesita algo más que administración cotidiana del Estado. Necesita una doctrina nacional sobria, realista y sostenida, capaz de ordenar prioridades, reducir vulnerabilidades y garantizar continuidad estratégica más allá de los ciclos políticos. Esa doctrina debería comenzar, al menos, por tres prioridades: seguridad energética, soberanía alimentaria y fortaleza institucional.
La primera es la seguridad energética. Persistir indefinidamente en un esquema de subsidios generalizados sería una temeridad fiscal y estratégica. Un país vulnerable no puede darse el lujo de subsidiar su propia fragilidad. Un país que subsidia el consumo sin corregir las fallas estructurales del sistema no está protegiendo su futuro: está hipotecando su propia estabilidad.
La segunda es la soberanía alimentaria. Cuando sube la energía, no solo se tensionan las cuentas públicas: se encarece el transporte, aumenta el costo de producción y suben los alimentos que llegan a la mesa de las familias dominicanas. Por eso, fortalecer la producción nacional de alimentos no es únicamente una política agrícola. Es una política de estabilidad económica y seguridad nacional.
La tercera es la fortaleza institucional. La República Dominicana ha preservado una estabilidad democrática relativa, pero todavía no puede darse por sentada. Existen reglas y órganos de control en el plano formal; sin embargo, persiste con demasiada frecuencia una distancia incómoda entre la norma y su aplicación efectiva. Cuando esa brecha se amplía, la confianza se resiente, la seguridad jurídica se debilita y la estabilidad deja de ser una fortaleza para convertirse en una vulnerabilidad.
Corregir estas vulnerabilidades no debería ser materia de improvisación ni de cálculo partidario. Debería convertirse en un acuerdo mínimo de Estado sobre lo que la República Dominicana debe proteger primero en un mundo cada vez más caro, más volátil y más incierto.
La pregunta ya no es si el mundo seguirá siendo incierto, sino si la República Dominicana corregirá a tiempo sus vulnerabilidades antes de que esa incertidumbre la obligue a hacerlo bajo presión. Porque en tiempos de desorden global, los países que llegan a puerto seguro no son los que improvisan el rumbo, sino los que protegen con claridad aquello que consideran esencial.