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No ha cumplido Misión Multinacional en Haití, según canciller dominicano.
Santo Domingo, R.D.-Roberto Alvarez, ministro de Relaciones Exteriores, estimó este miércoles que el impacto de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) no ha cumplido cabalmente con los objetivos.
El canciller dominicano dio estas declaraciones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, al asegurar que a pesar de los esfuerzos realizados por el Consejo de Seguridad, la realidad demuestra que las medidas no han sido suficientes para superar la grave crisis que atraviesa Haití.
Sostuvo que a pesar del apoyo de países como Kenia, quien lidera la misión y ha enviado más de 400 efectivos para luchar contra las bandas, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Guatemala, Jamaica Bahamas y El Salvador, la situación en Haití continúa deteriorándose.
Álvarez mencionó que entre los esfuerzos que ha realizado el consejo está la creación en 2022 del Comité de Sanciones para Haití a través de la resolución 26-53, y que desde entonces con apoyo del Panel de Expertos, siete personas han sido sancionadas.
“El panel de expertos se encuentra agotando una intensa agenda de trabajo en República Dominicana”, dijo.
Ante esto, condenó energéticamente las declaraciones de Samuel Madistin, presidente de la Fundación Je Klere (FJKL), y Pierre Espérance, director Ejecutivo de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh), quienes propusieron una alianza entre partidos políticos y bandas criminales como parte del gobierno de transición en Haití.
Roberto Álvarez tachó la propuesta como “descabellada e inadmisible”, mientras apuntó que “esto sería ofensivo para todas las víctimas causadas por estos criminales y socavaría el esfuerzo de las Naciones Unidas para lograr la estabilización en ese país”.
“Todos a uno debemos repudiar el intento de lavar la imagen del crimen organizado e involucrarlo en el gobierno haitiano”, expresó el canciller Álvarez.
El funcionario reconoció el esfuerzo del Consejo de Seguridad tras la solicitud hecha a António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas para realizar una evaluación exhaustiva del contexto actual de Haití
“Entendemos que tan pronto se reciba el informe del secretario general este órgano debe iniciar las discusiones pertinentes para evaluar las recomendaciones y poner en práctica aquellas que conformen un mecanismo robusto y sostenible con un mandato claramente definido tendente a restablecer la paz en Haití”, destacó.
Paro al tráfico de armas
Durante su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Álvarez hizo un llamado a detener el tráfico ilícito de armas y municiones hacia Haití.
El diplomático calificó como urgente detener el flujo ilícito de armas y financiamiento de las bandas haitianas, así como sancionar y llevar ante la justicia a las personas que apoyen estos grupos.
“Tras la información presentada por el Comité de Sanciones sobre Haití, nuestro país ha arrestado y presentado a los tribunales a oficiales de la Policía y civiles de mi país, involucrados en el tráfico de municiones”, expresó.
De igual forma, instó a todos los países que tengan la posibilidad de limitar el flujo de municiones hacia Haití a redoblar sus esfuerzos de una manera contundente, “si no se logra parar el envió de las numerosas armas en manos de las bandas, el mandato de la MSS sería una labor de Sísifo”.
“Llegó el momento de que esta organización asuma un rol más efectivo y directo en la pacificación de Haití acompañando a las autoridades de ese país”, apuntó el ministro Roberto Álvarez.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.