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Metodología de evaluación de desempeño será implementada en instituciones públicas.
Santo Domingo. – El nuevo sistema de evaluación de desempeño del Ministerio de Administración Pública (MAP) será implementado mediante el cual se comenzarán a medir a las entidades del Estado y que estará orientado directamente a los resultados obtenidos por las instituciones hacia la ciudadanía.
En su calidad de órgano de rector de la evaluación del desempeño, el MAP indicó que el EDI como herramienta, estratégica permite medir y monitorear el desempeño de las instituciones públicas, garantizando que estas alineen sus objetivos con las prioridades del Gobierno, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
El nuevo método, con el cual se evaluará el rendimiento de las entidades del Estado, busca mejorar la gestión pública, a través de la retroalimentación y el aprendizaje organizacional. Además, que el ciudadano se sienta totalmente “satisfecho” con el servicio obtenido por alguna entidad estatal, motivar el compromiso y responsabilización de las autoridades institucionales para lograr una gestión eficiente, eficaz y efectiva e impulsar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos gubernamentales.
La utilización de este nuevo sistema, como método de evaluación, está consagrado en el decreto 273-13, pero no se había logrado su instauración de manera formal en la administración pública del país. Sin embargo, luego de ver los resultados obtenidos de las instituciones que utilizaron el mismo, durante la etapa de prueba, el Gobierno central oficializó que este sea el mecanismo para medir el desempeño de los órganos estatales.
Esa decisión fue tomada durante la realización del primer Consejo de Gobierno de este 2025, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, donde la viceministra de Evaluación y Desempeño del MAP, Hadeline Matos, presentó un informe en representación del ministro de Administración Pública, Sigmund Freund.
La viceministra indicó que el sistema permitirá que se realice un monitoreo trimestral que permitirá evaluar el progreso en los indicadores de desempeño institucional lo que asegurará la disponibilidad de información clave para la toma de decisiones estratégicas, garantizando que las instituciones estén alineadas con las metas prioritarias del Gobierno.
Expuso que se propuso la transferencia del esquema de incentivos financieros y no financieros del Sismap Gestión Pública al marco de la EDI, que permitirá que los incentivos estén directamente vinculados al logro de resultados concretos y al impacto en las metas estratégicas del Gobierno, incentivando una gestión orientada al valor público.
“La Evaluación del Desempeño Institucional se ha convertido en el motor de cambio que impulsa la modernización del aparato estatal y agiliza el cumplimiento de las metas prioritarias del Gobierno. Este proceso permite transformar la planificación en resultados concretos, mejorando la calidad de los servicios públicos y promoviendo la confianza ciudadana en las instituciones”, refirió Matos.
Agregó que desde el MAP se seguirán realizando capacitaciones a los comités técnicos de evaluación y las áreas misionales de las instituciones para garantizar la aplicación uniforme de los criterios y metodologías de la EDI, promoviendo una cultura de mejora continua y excelencia. Destacó que el liderazgo del MAP en este proceso refleja su compromiso con “una administración pública eficiente y moderna, capaz de responder a las demandas ciudadanas mediante el uso de herramientas innovadoras y enfoques estratégicos”.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.