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Trump frena préstamos y subvenciones a Puerto Rico mientras continúan las redadas
Santo Domingo, R.D.-Aunque la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Aydin González Colón, tratado de calmar los ánimos ayer ante las comunidades migrantes indocumentadas en la isla, específicamente la dominicana, en medio del inicio de las redadas contra indocumentados, la realidad es otra, y más preocupante.
Y para agregar mas incertidumbre a este panorama con una carga descomunal de pánico entre la población migrante indocumentada, ayer la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB, en inglés) de la Casa Blanca ordenó frenar, a partir de este martes, subvenciones y préstamos del gobierno federal, generando caos y confusión sobre el acceso a miles de millones de dólares en fondos que recibe Puerto Rico.
La orden de la administración del presidente Donald Trump generó alarma en gobiernos estatales, locales e instituciones que reciben fondos del gobierno federal, debido a su amplitud. Varios estados demandaron el mismo martes al gobierno de Trump por entender que la orden es inconstitucional.
La directriz inicial de OMB a las oficinas del gobierno federal ordenó frenar temporalmente – sin fecha de expiración-, “todas las actividades relacionadas con las obligaciones o el desembolso de toda la asistencia financiera federal”, con el propósito de revisar si cumplen con la política pública de la administración Trump.
Las instrucciones incluyen iniciativas relacionadas a subvenciones del Departamento de Energía (DOE, en inglés) para mitigar huracanes, subvenciones para energía solar, para instituciones hispanas de educación superior (lo que incluye a Puerto Rico), educación para adultos, enseñanza del inglés y control de fraude en el uso de fondos de Medicaid en los estados.
En medio de la confusión creada, la OMB circuló el martes preguntas y respuestas sobre su orden inicial, con el objetivo de acentuar que no se afectarán programas “que proporcionen beneficios directos a las personas”.
redadas en nueva york
La nueva secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dirigió este martes en persona las primeras redadas de inmigrantes que tienen lugar en Nueva York, una de las ciudades “refugio” del país en las que el presidente estadounidense Donald Trump tiene puesto el foco.
Noem, encargada de la política migratoria, compartió esta mañana en X un video en el que varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), detienen a un inmigrante presuntamente acusado de “secuestro, asalto y robo”, antes de que amaneciera en un edificio del Bronx.
“Seguiremos eliminando de nuestras calles a este tipo de basura”, escribió la secretaria de Seguridad Nacional.
habla gonzález colón
El elemento de tranquilidad que la gobernadora González Colón estuvo presente cuando dijo que las redadas responden a la orden ejecutiva federal emitida por el presidente Donald Trump.
“Esa orden ejecutiva del presidente no es a la comunidad dominicana, no dice que es a la comunidad dominicana. Ha habido arrestos de múltiples nacionalidades”, aseguró.
un testimonio
Uno de los detenidos en el operativo migratorio del domingo en Puerto Rico es Fermín Díaz, un dominicano que relató al medio puertorriqueño El Nuevo Día que fue llevado a un centro de detención y una hora después fue puesto en libertad tan pronto como el ICE corroboró sus datos.
Las redadas migratorias se iniciaron tan solo pocos días después del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) empezó el operativo el domingo en Puerto Rico.
“Yo, de ahí, me he sentido muy mal, muy mal. Eso, para mí, fue un maltrato”, confesó, tras afirmar que la excusa para atraparlo fue mostrarle la foto de una persona no conocida, para luego requerirle su identificación.
No tenía documentos de identidad a mano, pero sí mostró su licencia y pidió se le permitiera buscar los documentos solicitados.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.