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Leonel: déficit se debe a electricidad y crisis del 2003
El expresidente Fernández mientras participaba en el coloquio internacional que organizó Funglode. Fuente externa
El expresidente Leonel Fernández dijo anoche que desde el año 2008 ha habido un déficit fiscal en el país y que en el único año que hubo un superávit fue en 2007, por lo que justificó la reforma que está proponiendo el actual Gobierno, por considerarla necesaria.
Fernández afirmó que manejó con responsabilidad la economía durante su Gobierno y que la mantuvo estable en todos los indicadores. La muestra, dijo, es que no se ha alterado la tasa de cambio, ni disparado la inflación. “Aquí todo sigue estable”.
“De manera que estoy seguro que la sociedad dominicana sabrá entender la necesidad que tiene el Gobierno actual de incrementar sus ingresos, incluso para hacer frente a lo que ha sido una petición, llevar a un 4% del PIB la inversión en educación.
“Pero si se queda solo con un 13% quiere decir que va a gobernar el resto del país con un 9% y por tanto yo le podría predecir que en el año siguiente habrá de nuevo un déficit fiscal enorme, porque no es posible atender tantas necesidades cuando los recursos son tan magros, tan disminuidos”.
Por qué el déficit actual. Fernández dijo que del déficit actual, RD$96 mil millones fueron al subsidio eléctrico, de los combustibles y al Banco Central.
Dijo que RD$40 mil millones del total fueron absorbidos por el sector eléctrico, para no aumentar hasta un 40% la factura eléctrica, como pedía el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pidió asignar solo US$270 millones a ese sector, lo que afirmó él mismo les explicó que era imposible. “Ahí hay RD$40 mil millones de ese déficit que se explica por el sector eléctrico. Segundo caso, el Gobierno dominicano tiene que pagar anualmente ahora la recapitalización del Banco Central. De eso son RD$25 mil millones, pero el Banco Central tiene que aportar también esa misma cantidad adicional para sus gastos operativos y resolver el problema del déficit cuasi fiscal. Eso viene de la crisis del PRD del año 2003”.
Modernidad economía. Fernández dijo también que por concepto de absorber el precio de los combustibles el Estado destina RD$6 mil millones más, con lo que suman RD$96 mil millones. Asimismo, consideró que la economía dominicana se está modernizando y se está expandiendo, al igual que está creciendo la clase media. “El Estado se ha quedado pequeño frente al crecimiento de la economía”, dijo el exmandatario.
Inferior a la región. Consideró poco el incremento de los ingresos que se ha propuesto el Gobierno con la reforma, que sería de un 2% del PIB, lo que indica que pasaría de 13% a 15%.
“Y estando el 15% seguimos por debajo de todos los países de América Latina con excepción de Guatemala. De manera que esa es la manera responsable de ver el cómo funciona las finanzas públicas en la República dominicana”, agregó.
Fernández, quien habló a la prensa local por primera vez desde que terminó su mandato el 16 de agosto, fue cuestionado en la sede deFunglode, donde participó del panel “El Caribe dentro de las relaciones UE-ALC: ¿Qué lugar? ¿Qué rol?”, en el que estuvieron Irene Horejs, Jorge Valdez, Iban Ogando y Jorge Duany.
Ellos consideraron de vital importancia el formular una agenda de diálogo que implique profundos análisis y la puesta en marcha de políticas que garanticen mayor integración.
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Pretensiones FMI
Leonel Fernández afirmó que el FMI le pidió que del presupuesto de 2011 asignara al sector eléctrico 270 millones de dólares como subsidio, pero que él mismo le dijo que era imposible e irrealista porque nunca habían tenido un subsidio menor de 700 millones de dólares. “Y el subsidio va a ser ahora de 1,200 millones de dólares, pero es porque se genera más energía y, a mayor generación, mayor es el costo”, afirmó.
Santo Domingo. – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el presidente de la República promulgó en la mañana de este domingo 7 de diciembre de 2025 la Ley núm. 97-25, mediante la cual se realiza una importante reforma al Código Procesal Penal, dando cumplimiento a la Sentencia TC 0765 24 que ordenó sustituir la Ley 10-15.
Peralta Romero indicó que esta reforma, por demás, apuesta por una normativa acorde con los principios democráticos y asume distintos criterios que el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han venido creando en la materia.
Destacó que la nueva ley moderniza el texto vigente hasta hoy, ya que fortalece parte importante de los 28 principios del proceso penal. Igualmente consolida un modelo procesal más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de Derecho.
Dijo que, entre los elementos destacables del texto promulgado, está la ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, incluyendo justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, disponible ahora para hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.
El consultor jurídico expresó que es igualmente notorio que la reforma fortalece el derecho de defensa y las garantías al elevar los principios fundamentales y modernizar los procedimientos. Se refuerza la presunción de inocencia, se asegura la asistencia técnica integral para partes vulnerables, y se garantiza una aplicación más humana mediante el principio de favorabilidad procesal.
Añadió que, los derechos del investigado se activan desde los primeros actos, como la citación o la inmovilización de fondos, y se amplía el plazo para que la defensa presente su escrito. Además, se otorgan más oportunidades para que la defensa solicite contraperitaje, y se fijan plazos máximos de dos años para los archivos provisionales, que antes no tenían límite.
Asimismo, en el régimen de medidas de coerción, la reforma establece reglas más claras sobre el arresto y las órdenes de comparecencia, e impone un mayor rigor en el control judicial en la revisión obligatoria, respondiendo a las exigencias de necesidad, razonabilidad y estricta motivación para la restricción de libertad. Se incluye el criterio explícito de plazo razonable, estableciendo un máximo de cuatro años para casos ordinarios y cinco años para casos complejos, con criterios claros para su cómputo. Adicionalmente, se garantiza un recurso de apelación efectivo al eliminar el «nuevo juicio» y otorgar facultades a las cortes para instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, asegurando un doble grado de jurisdicción real y funcional.
En definitiva, sostuvo, el reformado Código Procesal Penal está orientado a mejorar la administración de justicia penal y modernizar profundamente el sistema, impulsando una transformación basada en la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso entre las partes, con el objetivo de lograr una justicia más rápida, eficaz y centrada en la solución del conflicto. Por demás, presenta una necesaria armonización con el nuevo Código Penal, que se expresa en la adecuación a la nueva clasificación de infracciones.
En ese sentido, explicó, las extensas sesiones de trabajo que dieron como resultado esta importante reforma, participaron, además de los legisladores, importantes sectores de la sociedad y el Estado, lo que permitió que se arribaran a consensos importantes. Estuvieron presentes en el proceso el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y distintos representantes de la comunidad jurídica.
Con estas transformaciones, que se une la Ley de Extinción de Dominio y la reforma al Código Penal, entre otras normas de reciente impulso, la República Dominicana consolida una justicia penal más humana, moderna y efectiva, en sintonía con los estándares constitucionales y los desafíos del sistema judicial contemporáneo.
Nacionales
Eduardo Read: el empresario detrás de Khersun S.R.L., bajo investigación por desfalco en Senasa
Santo Domingo.– Eduardo Read Estrella es el propietario de «Khersun S.R.L.», una empresa que habría sido contratada por el Seguro Nacional de Salud (Senasa) desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado.
Según los registros vinculados a la investigación, bajo su administración la empresa habría recibido pagos mensuales fijos «por cápita» por cada afiliado asignado, independientemente de si los beneficiarios utilizaban los servicios médicos o no.
Su empresa habría llegado a gestionar la atención de miles de afiliados, lo que la convertiría en uno de los principales proveedores privados del sistema público de salud.
¿A que se debe su implicación en el caso?
Las autoridades señalan a Eduardo Read como parte de un presunto esquema de corrupción y fraude millonario.
Los contratos con Khersun y los pagos «por cápita» estarían entre los mecanismos usados para facturar servicios de salud sin garantizar que estos se prestaran realmente.
Se investiga que existía un sistema irregular de autorizaciones de procedimientos médicos y compras de medicamentos, en algunos casos gestionados mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, sin el consentimiento de los afiliados y que los pagos se realizaban rápidamente, eludiendo controles internos.
Papel de su empresa en la red de contratos de Senasa
- Su empresa habría suscrito contratos con Senasa para atender al régimen subsidiado, supuestamente cubriendo a medio millón de afiliados.
- A partir de octubre de 2020, bajo la gestión de Hazim en el Senasa, se firmó un addendum con Khersum para ampliar la red de prestadoras.
- Ese contrato forma parte de los objetos de auditoría e investigación por presunta doble contabilidad y manejo irregular de fondos públicos.
Estado actual
En los días recientes, durante la investigación del «caso Senasa», Eduardo Read acudió a la PGR voluntariamente este sábado, y fue detenido bajo presunta vinculación con los hechos investigados, junto al exdirector de Senasa y ortopeda, Santiago Hazim, y otras personas vinculadas al caso.
Ahora permanece bajo custodia en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional mientras se formaliza la solicitud de medidas de coerción y se profundizan las investigaciones.
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República y el Ministerio de Educación (Minerd) establecieron una Mesa de Trabajo permanente para garantizar la tutela efectiva de los derechos de los niños en el sistema educativo de la República Dominicana.
El acuerdo, enfocado en la prevención y respuesta oportuna, garantiza la acción inmediata de las autoridades ante cualquier caso.
La mesa de trabajo fue establecida tras una reunión entre la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García.
El acuerdo subraya la importancia de la cooperación interinstitucional y el enfoque preventivo, teniendo como objetivo principal elaborar una guía para abordar temas que afecten a la población estudiantil.
En cuanto a los temas a tratar, se incluye la violencia en el espacio escolar y sus entornos, bullying, entre otros, además del inicio de trabajos operativos: Los trabajos se iniciarán por la provincia de Santiago, en donde de acuerdo a los indicadores, se requiere una atención especial.
Acordaron, además, realizar inspecciones conjuntas de centros educativos donde han ocurrido incidentes, estableciendo un monitoreo permanente con un informe de novedades en tiempo real.
jt-am