Nacionales
Informan deportación de más de 142,000 indocumentados desde octubre
Santo Domingo, R.D.-Quince mil trescientos cuarenta y tres extranjeros que vivían en el pais de forma irregular han sido deportados en los primeros 15 días de febrero por la Dirección General de Migración (DGM), lo que eleva la cantidad de expulsados del territorio nacional desde octubre del 2024 a 142,378.
En octubre pasado, el presidente Luis Abinader ordenó la ejecución de un programa de deportaciones masivas de personas sin la documentación de rigor para residir en el país, destacó Migración en un comunicado.
Las reconducciones abarcaron operaciones diurnas y nocturnas en rutas de trabajo planificadas y desarrolladas por la DGM, y con equipos humanos, técnicos y de movilidad que actúan en coordinación con otras instituciones gubernamentales.
El organismo responsable de administrar y controlar el flujo migratorio y regular la permanencia de los extranjeros en el territorio nacional indicó que en los últimos 15 días desplegó 135 operativos de interdicción, asegurando las garantías procedimentales y sin poner en riesgo la integridad física y la vida de los 6,906 deportados y 8,437 repatriados a sus respectivos países de origen.
De los operativos realizados en este mes, 29 fueron en el Gran Santo Domingo, 15 en Santiago, 9 en Puerto Plata, 8 en La Vega, 13 en Dajabón, 14 en Elías Piña, 11 en Independencia, 12 en Pedernales, 9 en Azua y 15 en La Altagracia.
La mayor cantidad de detenidos fueron de nacionalidad haitiana (el 98.8 %) y el resto de Ghana, Santa Lucía, Nigeria, Nicaragua, Trinidad y Tobago, China y Venezuela.
Los deportados son aquellos a quienes se ha procesado y tomado los datos biométricos y de identidad en los centros de detención y acogida de Haina, Dajabón, Benerito y Santiago; los repatriados han sido devueltos a su país directamente desde los puntos fronterizos.
El plan ampliado de interdicción y contención migratoria se ejecuta en todas las provincias del país, ordenado y en estricto cumplimiento de la Ley 285-04, agregó Migración.
La DGM informó, igualmente, que en el curso de este mes ha sometido a 14 personas imputadas en delitos penales vinculados a las regulaciones de la institución, especialmente el tráfico ilícito de migrantes y falsificación de documentos. En lo que va de año van 26 sometimientos a la Justicia.
En 2025 la DGM también ha otorgado 143 certificaciones, 2,168 permisos y 1,062 residencias renovadas por diferentes causas, incluyendo para inversionistas.
La Dirección de Migración, por otra parte, comunicó que la organización y planificación del trabajo que realiza para regular los flujos migratorios, preserva «nuestra identidad como nación», y es una norma básica que forma parte de su doctrina operacional.
Explicó que previo a los equipos salir para realizar los operativos se hace un levantamiento de inteligencia y en base a este se elabora una programación en la que no sólo se trazan las rutas con los puntos por donde van a desplazarse los agentes, sino que se definen los horarios y los integrantes de cada equipo de interdicción, que debe llevar varios miembros de las Fuerzas Armadas, un inspector y agentes migratorios, así como un autobús o camión, entre otros elementos.
«Siempre se actúa conforme a las regulaciones de las leyes migratorias vigentes y velamos para que todos los ciudadanos extranjeros estén debidamente documentados y registrados», dice la nota de la DGM.
Nacionales
JCE realiza audiencia pública para conocer el borrador del Reglamento de Aplicación de la Ley 4-23
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) celebró este lunes una audiencia pública con la participación de representantes de organizaciones políticas, de la sociedad civil y de instituciones del Estado, para debatir el borrador del Reglamento de Aplicación de la Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil.
El encuentro se desarrolló en cumplimiento del artículo 31 de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo. Fue presidido por el Pleno de la JCE, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Fernández, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández y Rafael Armando Vallejo Santelises, así como el secretario general Sonne Beltré.
Durante la audiencia, diversos sectores expresaron sus observaciones al borrador del reglamento. Al cierre de la jornada, Jáquez Liranzo informó que el Pleno evaluará tanto las opiniones presentadas de forma oral como las remitidas por escrito a través de la Secretaría General de la institución, antes de oficializar el documento.
El secretario Sonne Beltré indicó que el borrador fue publicado en la página web de la JCE y que se otorgó un plazo hasta el 28 de marzo para recibir sugerencias. Además, se notificó a las instituciones convocadas mediante correo electrónico, mensajería instantánea y comunicación física.
Entre las entidades invitadas se encuentran: los partidos políticos, Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales, Poder Judicial, Procuraduría General, Ministerio de Educación, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Supérate, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la primera dama Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Consejo Nacional de Discapacidad, Ministerio de Relaciones Exteriores, Participación Ciudadana, Defensor del Pueblo, Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) y diversas universidades y órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
Algunas de las organizaciones que enviaron sus consideraciones por escrito fueron Unicef, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Defensor del Pueblo, la Consultoría Jurídica de Supérate, la Suprema Corte de Justicia, la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Generación de Servidores y varios juristas.
La JCE reiteró su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en la formulación de reglamentos que fortalezcan el sistema de registro civil y garanticen derechos fundamentales.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la República, Luis Abinader, consideró este lunes que el país debe ser exonerado del arancel del 10% impuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a productos dominicanos.
Durante el espacio La Semanal con la Prensa, Abinader manifestó su preocupación por el sector productivo nacional y el sector industrial, calificando este último como “fundamental para nuestro país”.
Ante esto, el mandatario declaró han discutido el tema de los aranceles de manera bilateral, al momento que apuntó que el 10% es el nivel de impuesto más bajo que ha colocado Estados Unidos, por lo que República Dominicana posee una ventaja competitiva referente a otras naciones.
“Nosotros discutimos bilateralmente parte de esa preocupación para que ese 10% que quiero decir, es el nivel de impuesto más bajo que colocó Estados Unidos, o sea que tenemos una ventaja competitiva relativa con otros países”, expresó el presidente.
De igual forma, sostuvo que “nosotros pensamos que se nos debe exonerar y por eso estamos luchando para que se exonere, con este contacto bilateral”.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez indicó que el pasado viernes se contactó con el enviado especial de Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, quien le dio la información de que el arancel que se había aplicado al país era el mínimo, por lo que veía “muchas ventajas”.
“Por ejemplo: República Dominicana en los últimos 10 años, de 2015 al 2024, en el intercambio comercial con Estados Unidos, unos 152 mil millones de dólares, de los cuales 42 mil millones fueron un excedente a favor de estados Unidos. Por lo que estamos en una situación en cuanto al comercio que privilegia a Estados Unidos”, dijo Álvarez.
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MP pide 20 años de prisión para Alexis Medina y entre 3 y 15 años para otros implicados Antipulpo
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público pidió a los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenar a Alexis Medina a 20 años de prisión y el decomiso de los bienes ilícitos, por su culpabilidad en el caso de la Operación Antipulpo.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por su titular, Mirna Ortiz, solicitan al tribunal que la condena impuesta a Alexis Medina se cumpla en la cárcel de Najayo.
También pidieron al tribunal el decomiso de todos los bienes ilícitos, la inhabilitación por el mismo período para prestar servicios o ser contratado por intermediarias de intermediación financiera, mercados de valores y entidades públicas, así como la degradación cívica.
Mientras que, en cuanto a Fernando Rosa (exdirector de Fonper) y Carmen Magaly Medina Sánchez, pidieron que sean condenados a 10 años de prisión para ser cumplidos en la cárcel de Najayo Hombres y Mujeres, así como el pago de una multa de 400 salarios mínimos para cada uno, el decomiso de sus bienes y la inhabilitación.
En tanto, en torno a los imputados Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel, Lina de la Cruz Vargas, Liny Valenzuela Paola, Carlos Andrés Monte de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino, Fulvio Antonio Gómez y Sergio Alfonso Brea Martínez, solicitaron que sean condenados a 10 años de prisión para ser cumplidos en Najayo Hombres y Mujeres, el decomiso de sus bienes, multas de 200 salarios mínimos y su inhabilitación por el mismo período.
En cuanto a Freddy Hidalgo (exdirector de Salud Pública) y Antonio Germosen Andújar (excontralor general de la República), pidieron que sean condenados a 5 años de prisión para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
En tanto que, en cuanto a Aquiles Alejandro Crisfopfer Sánchez (exfiscalizador de la Oficina Supervisora de Obras del Estado – OISOE), solicitaron que sea condenado a 3 años de prisión cumplida, y para Víctor Encarnación Montero, una condena de 3 años de prisión suspendida y el decomiso de sus bienes por 15 millones de pesos.