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Sugieren sistema de postulación único y eliminar Método D’ Hondt.
Santo Domingo, R.D.-Una gran cantidad de sugerencias hicieron los partidos políticos en su propuesta de un sistema de postulación único para los candidatos independientes, la eliminación del Método D’ Hondt para la repartición de escaños, el registro de agrupaciones civiles en una lista de elegibles antes de cada elección y hasta una propuesta legislativa fueron los planteamientos depositados por los partidos políticos ante la Junta Central Electoral (JCE).
Antes de que el plazo venciera a las cuatro de la tarde del martes, las mayorías de los partidos políticos habían depositado sus opiniones al respecto de cómo deberían funcionar las candidaturas independientes luego de que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la ley 20-23 de Régimen Electoral con relación a las candidaturas independientes, autorizando de facto que todos los dominicanos con aspiraciones inscriban sus candidaturas sin necesitar el sustento de las organizaciones políticas.
Una propuesta constante dentro de la sugerencia de los partidos fue la creación de un “sistema de postulación única” el cual prohíba que una persona pueda postularse como precandidato a través de una organización política y posteriormente presentarse como candidato independiente en el mismo certamen electoral.
El PLD fue más enfático en su propuesta y sugirió que se imponga que “ninguna persona podrá aspirar a una precandidatura o candidatura independiente en cualquier nivel de elección si previamente ha participado como aspirante en una precandidatura o candidatura en cualquier nivel de elección a través de un partido, agrupación o movimiento político, en el mismo proceso electoral correspondiente al periodo constitucional para el cual se postuló originalmente”.
Personería jurídica
Otra de las constantes entre las sugerencias de los partidos fue que las agrupaciones sociales y civiles que presenten esas candidaturas estén registradas ante la JCE, y que estas deben ser sometidas al mismo régimen de fiscalización económica que los partidos políticos.
“Las agrupaciones cívicas y sociales, así como las candidaturas independientes que sean sustentadas por estas estarán sujetas a los mismos derechos y deberes que las agrupaciones políticas en lo que concierne a los plazos, derechos y deberes de campaña electoral, prohibiciones, régimen sancionatorio, y demás disposiciones establecidas por la ley de régimen electoral a los fines de garantizar la equidad en la participación”, señala la propuesta del PRM.
Mientras que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) propuso que las organizaciones cívicas o sociales interesadas en presentar candidatos independientes deberán formalizar su intención ante las juntas electorales al menos un año antes del proceso electoral en el que deseen participar.
Eliminación del Método D’ Hondt
De su lado, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) manifestó que se debe de sustituir el Método D´ Hondt como sistema de distribución de escaños porque este favorece a la “mayoría” en violación al espíritu de la Constitución; los reformistas proponen el Método del Cociente y Resto Mayor u otro que termine con el “favoritismo a la mayoría”.
Otras propuestas
El PRSC además sugirió que se implemente un escrutinio automatizado que permitiría la “igualdad de condiciones” de todos los actores políticos durante ese proceso; al tiempo que el PLD presentó toda una propuesta legislativa que, entre otras cosas, la JCE debe reglamentar la cantidad de agrupaciones cívicas o sociales que figurarán en la boleta electoral, conforme al principio de razonabilidad.
Lo que sigue
El primer encuentro entre el órgano electoral y los partidos políticos se realizará el miércoles 26 de febrero a las 10:00 de la mañana en el auditorio del órgano electoral, donde los distintos partidos y organizaciones políticas podrán expresar sus consideraciones sobre el tema ante la comisión designada por la JCE para elaborar una propuesta de proyecto de ley que regule las candidaturas independientes.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.