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Sugieren sistema de postulación único y eliminar Método D’ Hondt.
Santo Domingo, R.D.-Una gran cantidad de sugerencias hicieron los partidos políticos en su propuesta de un sistema de postulación único para los candidatos independientes, la eliminación del Método D’ Hondt para la repartición de escaños, el registro de agrupaciones civiles en una lista de elegibles antes de cada elección y hasta una propuesta legislativa fueron los planteamientos depositados por los partidos políticos ante la Junta Central Electoral (JCE).
Antes de que el plazo venciera a las cuatro de la tarde del martes, las mayorías de los partidos políticos habían depositado sus opiniones al respecto de cómo deberían funcionar las candidaturas independientes luego de que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la ley 20-23 de Régimen Electoral con relación a las candidaturas independientes, autorizando de facto que todos los dominicanos con aspiraciones inscriban sus candidaturas sin necesitar el sustento de las organizaciones políticas.
Una propuesta constante dentro de la sugerencia de los partidos fue la creación de un “sistema de postulación única” el cual prohíba que una persona pueda postularse como precandidato a través de una organización política y posteriormente presentarse como candidato independiente en el mismo certamen electoral.
El PLD fue más enfático en su propuesta y sugirió que se imponga que “ninguna persona podrá aspirar a una precandidatura o candidatura independiente en cualquier nivel de elección si previamente ha participado como aspirante en una precandidatura o candidatura en cualquier nivel de elección a través de un partido, agrupación o movimiento político, en el mismo proceso electoral correspondiente al periodo constitucional para el cual se postuló originalmente”.
Personería jurídica
Otra de las constantes entre las sugerencias de los partidos fue que las agrupaciones sociales y civiles que presenten esas candidaturas estén registradas ante la JCE, y que estas deben ser sometidas al mismo régimen de fiscalización económica que los partidos políticos.
“Las agrupaciones cívicas y sociales, así como las candidaturas independientes que sean sustentadas por estas estarán sujetas a los mismos derechos y deberes que las agrupaciones políticas en lo que concierne a los plazos, derechos y deberes de campaña electoral, prohibiciones, régimen sancionatorio, y demás disposiciones establecidas por la ley de régimen electoral a los fines de garantizar la equidad en la participación”, señala la propuesta del PRM.
Mientras que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) propuso que las organizaciones cívicas o sociales interesadas en presentar candidatos independientes deberán formalizar su intención ante las juntas electorales al menos un año antes del proceso electoral en el que deseen participar.
Eliminación del Método D’ Hondt
De su lado, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) manifestó que se debe de sustituir el Método D´ Hondt como sistema de distribución de escaños porque este favorece a la “mayoría” en violación al espíritu de la Constitución; los reformistas proponen el Método del Cociente y Resto Mayor u otro que termine con el “favoritismo a la mayoría”.
Otras propuestas
El PRSC además sugirió que se implemente un escrutinio automatizado que permitiría la “igualdad de condiciones” de todos los actores políticos durante ese proceso; al tiempo que el PLD presentó toda una propuesta legislativa que, entre otras cosas, la JCE debe reglamentar la cantidad de agrupaciones cívicas o sociales que figurarán en la boleta electoral, conforme al principio de razonabilidad.
Lo que sigue
El primer encuentro entre el órgano electoral y los partidos políticos se realizará el miércoles 26 de febrero a las 10:00 de la mañana en el auditorio del órgano electoral, donde los distintos partidos y organizaciones políticas podrán expresar sus consideraciones sobre el tema ante la comisión designada por la JCE para elaborar una propuesta de proyecto de ley que regule las candidaturas independientes.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.