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Escogen a Yeni Berenice Reynoso como procuradora general de la República
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso fue seleccionada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, como la nueva procuradora general de la República.
La reunión, que se extendió por unas dos horas, tenía el objetivo de conocer la propuesta del presidente Abinader para el cargo de procurador, y ahí mismo se tomó la decisión a unanimidad.
«Esta es una sesión histórica, porque es la primera de un consejo que va a elegir al procurador o procuradora general de la República y también a los procuradores adjuntos«, dijo Abinader, en una rueda de prensa posterior a la reunión.
Salcedo, al hablar en nombre del presidente Abinader, indicó que Yeni Berenice Reynoso fue la propuesta del mandatario y que esto el Consejo Nacional de la Magistratura lo aprobó.
Además de Abinader, conforman el CNM, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco; de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier. También la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.
Es la primera vez que se escoge al procurador general del país mediante esta modalidad, propuesta por el presidente Luis Abinader y aprobada por la Asamblea Nacional en la reforma a la Constitución de octubre de 2024.
Con su escogencia, Reynoso sucederá a Miriam Germán Brito que dirige la Procuraduría General de la República desde el 16 de agosto de 2020.
Los adjuntos
Salcedo dijo que, el CNM se mantiene en sesión permanente por tres días, hasta el lunes, a las dos de la tarde, donde sesionarán de nuevo para decidir los adjuntos propuestos.
Los adjuntos son Fiordaliza Alduey Mercedes, Emilio Rodríguez Montilla, Isis Duarte, María del Carmen de León, Osvaldo Antonio Bonilla, Felipe Herrera e Iván Féliz.
Los perfiles serán evaluados el próximo lunes.
Quién es Yeni Berenice
Reynoso es una abogada y fiscal dominicana con una destacada trayectoria en el ámbito judicial. Nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros y cursó estudios de Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa). Posteriormente, realizó especializaciones en litigación penal, derecho procesal penal y derecho constitucional.
Inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal en Santiago, donde trabajó en diversos casos de relevancia. En 2011, fue designada como Fiscal del Distrito Nacional, convirtiéndose en la persona más joven en asumir esta posición. Durante su gestión, estuvo al frente de investigaciones y procesos judiciales de alto perfil.
Actualmente, se desempeña como procuradora adjunta de la Procuraduría General de la República, enfocándose en casos de corrupción y delitos financieros. Su labor ha estado marcada por la conducción de procesos judiciales de impacto nacional y la implementación de estrategias en la lucha contra la criminalidad.
A lo largo de su carrera, ha participado en diversas iniciativas para el fortalecimiento del sistema judicial dominicano, manteniendo una presencia activa en foros y espacios de debate sobre la justicia y el derecho penal en el país.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.