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República Dominicana con el riesgo el más bajo de América Latina en febrero de 2025
Santo Domingo, R.D.-La República Dominicana tiene en los actuales momentos el indicador de riesgo de pais mas bajo de América Latina, aventajando a sus pares como un destino de inversión seguro en medio de un contexto global caracterizado por una alta volatilidad y liquidez restringida en los mercados financieros, con tasas de interés elevadas, una fuerte apreciación del dólar y tensiones comerciales crecientes.
Según el indicador de bonos de mercados emergentes de la compañía JP Morgan (conocido como EMBI, por sus siglas en inglés), el riesgo país de la República Dominicana era de 530 puntos básicos (pbs) en marzo del 2022, más alto que el riesgo promedio de América Latina, de 460 puntos básicos.
A partir de ese momento, ambos índices comenzaron a mejorar.
Sin embargo, mientras el EMBI latino comenzó a percibirse como más riesgoso desde abril del 2024, situándose en 410 puntos básicos en febrero del 2025, el de la República Dominicana mejoró hasta alcanzar 200 puntos básicos en este mes, “su nivel histórico más bajo”, señala un análisis publicado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
El riesgo país dominicano, de 200 puntos básicos, es menor que el de Colombia (316 pbs), México (301 pbs) y Panamá (277 pbs), todos con grado de inversión por al menos una compañía calificadora.
Perspectiva positiva
A esto se suma que la República Dominicana es el único país con una perspectiva positiva en su calificación de riesgo según la agencia Fitch Ratings, si se le compara con los países de la región de Centroamérica.
Estas proyecciones se reflejan en las cifras al alza de la inversión extranjera directa (IED), que ha superado los 4,000 millones de dólares en los últimos tres años, y de la cual se espera una expansión de hasta 4,700 millones de dólares al cierre del 2025.
Alza del dólar e indicadores macroeconómicos
Desde septiembre del 2024 hasta la fecha, el dólar se ha apreciado en más de un 7 % con respecto a las seis principales monedas del mundo, influenciado en las expectativas de los agentes económicos por las medidas arancelarias anunciadas por Trump y las altas tasas de interés que prevalecen en el gigante estadounidense, combinado con una inflación de 3 % –por encima de la meta de mediano plazo de 2 %–.
Siendo este el escenario global actual, los indicadores macroeconómicos de República Dominicana cobran importancia.
Ante esto, el BCRD destacó que la economía dominicana se posicionó como la de mayor crecimiento en la región el año pasado, cerrando con un 5.0 %, a la vez que mantuvo una inflación interanual de 3.35 %, por debajo del rango meta (4.0 % ± 1.0 %), con una tasa de desempleo de solo 4.8 % y un nivel de ocupación de más de 5 millones de personas.
Esto ha tenido, como resultado que el producto interno bruto nominal (PIB) se situará en 124,500 millones de dólares al cierre del 2024, posicionando al país como la séptima economía de mayor tamaño en la región, con un PIB per cápita que promedió los 11,500 dólares.
Las proyecciones de crecimiento apuntan a un crecimiento de 4.5 % para el presente año, superando el promedio de América Latina –de 2.5 % según el Fondo Monetario Internacional (FMI)–, pese a que el entorno mundial sigue siendo incierto.
La robustez de la macroeconomía también se refleja en un sector financiero saludable y bien capitalizado. En el más reciente informe de Estabilidad Financiera que publicó el BCRD, la entidad concluyó que no hay evidencia de riesgos macrofinancieros significativos que comprometan la provisión de servicios financieros en la economía dominicana en el corto plazo.
Aunque la nación se encuentra bien posicionada en la región, existen oportunidades para ampliar el nearshoring y la diversificación de sus exportaciones para atraer aún más inversión extranjera, “afianzando la importante contribución de esta a la estabilidad cambiaria”, estima el BCRD.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.