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Miles engañados con apuestas deportivas en el país.
Con la promesa de duplicar sus inversiones en 30 días mediante un modelo piramidal, la plataforma no autorizada ATB Football, captó millares de dominicanos atraídos a participantes con un enlace de registro y acceso a un grupo de Telegram, donde se les instruía sobre apuestas supuestamente “ganadoras”, la cual ahora aparece inactiva y fue el epicentro de transacciones sospechosas, donde los usuarios cargaban fondos a billeteras virtuales o cuentas bancarias.
Apenas este lunes, decenas de personas se congregaron frente a las oficinas de ATB Football en San Francisco de Macorís, donde exigieron la devolucion de su dinero. Esto, luego de que le advirtieran de fraude.
Puntos clave de la estafa piramidal de ATB Football en República Dominicana
- Reclutamiento piramidal: Ganancias basadas en referidos, no en apuestas reales.
- Uso de criptomonedas: Recargas en USDT para evadir regulaciones.
- Oficinas físicas: Estrategia para generar confianza falsa.
- Advertencia gubernamental: DCJA operaciones confirman ilegales.
- Pérdidas masivas: Inversores sin acceso a sus ahorros tras el cierre.
Mecánica del Fraude: Recargas, Criptomonedas y Reclutamiento
Para mantener la ilusión de rentabilidad, el sistema incentivaba a los miembros a reclutar nuevos participantes, ofreciendo comisiones del 5% al 8% sobre las inversiones de sus referidos. Las apuestas diarias, como partidos de la AFC Champions League, garantizan ganancias independientemente del resultado real. Además, promocionaban bonificaciones del 2% al 8% por recargas en USDT (Tether), atrayendo a quienes buscaban ingresos pasivos.
El papel de las redes sociales y las oficinas físicas
ATB Football expandió su influencia mediante oficinas en municipios como San Francisco de Macorís y Santo Domingo Este, además de publicidad agresiva en Telegram. Un caso destacado fue el de Kendwit Antonio Jiménez, quien alcanzó el nivel VIP8 y ganó un vehículo Toyota Highlander tras reclutar a más de 2,000 personas. Sin embargo, tras el cierre, estos “éxitos” se revelaron como parte de un montaje para perpetuar el engaño.
Kendwi Antonio Jiménez, “gerente” de una supuesta oficina de ATB Football en San Francisco de Macorís, fue detenido para su protección luego de que una multitud de inversionistas se presentara en busca de respuestas sobre los problemas en la plataforma.
Según las declaraciones de Jiménez, la plataforma enfrentó complicaciones debido a una supuesta solicitud del Estado de un 30% de las ganancias, lo que habría impedido la concreción de una negociación. Asimismo, mencionó que no sabe si el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) cerró la señal para la plataforma, ya que varios usuarios se quejaron de no poder acceder a ella.
El gerente también expresó que no solo los inversionistas están siendo afectados, ya que él mismo intentó retirar su capital de 7 millones de pesos, pero dicho retiro fue cancelado.
Cabe destacar que la principal promoción de ATB Football se realizaba a través de las redes sociales. Especialmente, en plataformas como TikTok donde utilizaban la frase “ATB es la vuelta” para promocionar sus “beneficios”.
Lecciones aprendidas: cómo evitar estafas similares
La DCJA instala a verificar si las plataformas de apuestas cuentan con el Permiso de Operación de Bancas de Apuestas Deportivas. Además, recomienda desconfiar de esquemas que:
- Prometan ganancias exorbitantes sin riesgo.
- Exijan reclutar participantes para obtener beneficios.
- Utilice criptomonedas o transferencias a cuentas personales.
El futuro de las víctimas: ¿Recuperarán su dinero?
Aunque algunos usuarios han iniciado demandas colectivas, las posibilidades de recuperar los fondos son escasas. Los expertos advierten que los esquemas piramidales suelen colapsar cuando no hay nuevos inversores, dejando a la mayoría en pérdidas totales. Este caso subraya la importancia de la educación financiera y la regulación estricta de actividades de inversión.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.