Nacionales
463 paquetes de cocaína y 509 de marihuana ocupan a 7 canadienses en La Romana
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que junto a efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea, (FARD) y agencias de Inteligencia del Estado ocupó otro cargamento de 463 paquetes presumiblemente cocaína, frente a las costas de la provincia Peravia.
Mientras que en el aeropuerto de La Romana, los agentes y militares destacados en la terminal, intervinieron el equipaje de varios extranjeros que llegaron desde Canadá con 12 maletas conteniendo 509 paquetes de marihuana.
En cuanto a la droga ocupada en las costas de Peravia, la DNCD indica que los equipos operativos y de reacción montado un amplio dispositivo de vigilancia y control, para abordar a varios hombres, que se movilizaban en actitud sospechosa en una embarcación, hacia las costas de la República Dominicana. Esto se suma al alijo de 548 paquetes de cocaína incautados enfrente a las costas de Pedernales.
“En la operación, que forma parte de las estrategias para combatir el tráfico ilícito de drogas, se ocupó además dos Gps, marca Garmin, 11 garrafones de combustibles, varias lonas, sogas, agua, comestibles y otras evidencias, las cuales están en poder de los organismos correspondientes”.
La DNCD con la intensa cooperación de las Fuerzas Armadas (Armada, Fuerza Aérea y Ejército), la Procuraduría, agencias de Inteligencia del Estado y la colaboración internacional, han logrado reforzar la operatividad de las fuerzas, lo que ha permitido continuar asestando importantes golpes a las redes de narcotráfico nacional e internacional.
“Se trata de redes de narcotráfico, cuyo modo operativo es tratar de introducir al país importantes cargamentos de drogas en lanchas rápidas, procedentes de Sudamérica”.
“Se trata de redes de narcotráfico, cuyo modo operativo es tratar de introducir al país importantes cargamentos de drogas en lanchas rápidas, procedentes de Sudamérica”
Droga en el aeropuerto de La Romana
De acuerdo con la DNCD, sus agentes y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Dirección general de Aduanas, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), así como por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DINTEL), confiscaron 12 maletas llenas presumiblemente marihuana, durante una operación de seguimiento e interdicción, desarrollada en el aeropuerto Internacional de La Romana.
Los agentes y militares intervinieron el equipaje de varios extranjeros que llegaron a la terminal procedente de Canadá, cuando una de las máquinas de rayos X, detectaron imágenes distorsionadas en su interior, procediendo aplicar el protocolo de actuación para estos casos.
En presencia del fiscal, se procedió a abrir las maletas, encontrando distribuidos en su interior, un total de 509 paquetes de presunta marihuana, así como varias porciones de otras sustancias pendientes de analizar.
“Las autoridades creen que se trata de una red que trae sustancias controladas desde Canadá por los aeropuertos del país; se recuerda que recientemente se confiscaron en la terminal de Punta Cana, en dos operativos, 169 pacas y un paquete de una sustancia que se presume es crack. No se descarta que los casos guarden relación con este decomiso en el aeropuerto de La Romana.
Por el caso, las autoridades detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres, todos con pasaportes canadienses, quienes serán entregados en las próximas horas a la Jurisdicción de Atención Permanente de esa demarcación para los fines correspondientes.
El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico internacional, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.