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Explican por qué Digesett controla tránsito con el semáforo funcionando.
Santo Domingo, R.D.-En respuesta al señor Héctor Acosta, quien preguntó por qué si un semáforo está funcionando a la perfección se le pone un agente de la Dirección General de Tránsito Transporte Terrestre (Digesett) y el mismo legislador se respondió cuando expresó que deben quitar el semáforo o el agente de la Digesett.
Esta fue la pregunta que le realizó este jueves el senador de Monseñor Nouel, Héctor Acosta, al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, mientras era interpelado por el órgano legislativo para que responda sobre la alarmante cantidad de siniestros viales que continúan ocurriendo en el país.
«Eso yo me lo preguntaba antes de estar en el Intrant. Estoy de acuerdo con usted: cuando un semáforo funciona, no se necesita la intervención humana, porque eso funciona. No tiene que estar; el agente tiene que estar viabilizando la intersección», afirmó.
Aunque Morrison dijo estar de acuerdo con el planteamiento del senador, no explicó el motivo que evidencia la necesidad de poseer a un agente fiscalizador del tránsito en una intersección en la cual el semáforo no presenta ningún inconveniente.
“En el Intrant se trabaja con la Digesett, diciéndole y orientándole cuáles son las calles, le decimos hasta dónde deben poner los agentes…”, dijo.
Sin embargo, expresó lo siguiente: «Lo ideal hubiera sido que tuviésemos un sistema como el que había en la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet). Amet era regulador y operador. Lo que pasa ahora es que la Ley 63-17 que hicieron los legisladores dividió el tema, entonces yo (el Intrant) regulo, digo lo que hay que hacer, pero es otro quien lo hace…», expresó sin abundar más sobre este tema.
Debilidades para sancionar
Al iniciar su intervención dirigida a los 32 representantes de la cámara alta, Morrison explicó su perspectiva sobre las actuales debilidades que aún impiden reducir los siniestros viales, señalando dos puntos en específico: “la educación vial y el sistema de sanciones”.
Morrison, quien dijo utilizar las referencias de países desarrollados en la seguridad vial como España, indicó que el 75 % para garantizar el respeto de los dominicanos al conducir radica en el “régimen de consecuencia, aplicación de la ley, multas y apresamientos”.
“Tenemos que atacar la raíz del problema, con el régimen de consecuencia”, dijo, aclarando que la forma correcta de tipificar los casos viales es utilizando la palabra siniestro y no accidente, ya que quien se moviliza tomando alcohol o siendo imprudente no está cometiendo un error, sino un delito en contra de la ley.
Las conclusiones de Morrison, expresadas a los senadores, fueron claras: No hay ningún régimen de consecuencias; (el actual) tiene fugas y limitaciones que no permiten operar.
Además, hay acciones que no está cumpliendo la Procuraduría General de la República (PGR) para asegurar el pago de las altas multas que establece la ley; las empresas no están cumpliendo con sus planes de seguridad vial corporativos. Sumado a esto, señaló la falta de capacidad que afecta a la Digesett, la cual no cuenta con las grúas ni los agentes suficientes para supervisar el cumplimiento de las normas del tránsito en el parque vehicular dominicano, que supera los 6 millones de diferentes tipos de vehículos.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.