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Condenados en el caso FM movieron millones de pesos de forma ilícita
Santo Domingo, R.D.-Fueron condenados este miércoles por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste a los siete implicados en la red de lavado de activos desmantelada mediante la Operación FM, ejecutada por el Ministerio Público en el año 2022.
Los sentenciados forman parte de una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba desde República Dominicana con vínculos internacionales. Entre ellos figuran exfuncionarios y familiares de estos, vinculados a actividades ilícitas que involucraron la movilización de millones de pesos y dólares a través de empresas, bienes y cuentas bancarias.
El tribunal impuso 20 años de prisión a Juan Gabriel Pérez Tejada, señalado como el cabecilla de la red. Su padre, Juan Isidro Pérez de la Rosa, exdirector de Migración en Santiago y exfuncionario del PLD, recibió una condena de 15 años de prisión por movilizar millones de pesos en nombre de su hijo y participar en la constitución de empresas fachada.
- También fueron sentenciados Anabel Altagracia Sánchez Santana (esposa del cabecilla) 10 años, Dyna Madison Noguera Polanco también a 10 años y Rolando Miguel Reyes Javier a 12 años de prisión.
Los condenados fueron hallados culpables de violar la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y se les impusieron multas que oscilan entre 100 y 400 salarios mínimos, además del decomiso de bienes.
Pérez Tejada también fue condenado por violar varios artículos de la Ley 631-16 sobre armas y municiones.
Así era el modus operandi de la red criminal
Según el Ministerio Público, Juan Gabriel Pérez Tejada, también conocido como «el Gordo» o «Único», operaba como líder de la red desde República Dominicana, apoyado por su círculo familiar.
Indica que la red lavó dinero proveniente del narcotráfico a través de empresas como Santiago Único Auto Detailing Pérez, Azcona Tours y Getaway Property Investment, así como mediante la compra y venta de bienes de lujo.
- El expediente señala que Pérez Tejada y sus allegados movilizaron más de 100 millones de pesos en el sistema financiero nacional, sin justificación económica.
- Anabel Sánchez, es acusada de movilizar más de 20 millones de pesos y de tener vehículos de lujo a su nombre, incluidos un Porsche y un Land Rover.
- Rolando Reyes Javier, hijo de crianza de la exdiputada Azcona, coordinaba desde EE.UU. el flujo de dinero ilícito. Fundó empresas como Azcona Tours y Getaway Property Investment junto a otros implicados.
- Dyna Noguera Polanco, socia en ambas compañías, ayudaba a blanquear el dinero convirtiéndolo en inmuebles. Movilizó más de 43 millones de pesos, de los cuales solo medio millón tenía justificación legal.
- Gladys Azcona de la Cruz, exfuncionaria del PLD, aparece como socia principal de Azcona Tours. Movilizó más de 158 millones de pesos, sin tener justificación económica para ese volumen de fondos.
- Ramluis Mejía Azcona, su hijo, fungió como gerente operativo de Azcona Tours y participó directamente en el transporte de divisas desde EE.UU. hacia el país.
Millones de dólares en bocinas
La red fue desmantelada en marzo de 2022 durante la Operación FM, encabezada por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos. La red está vinculada a un decomiso realizado en agosto de 2020, cuando se encontraron 4.3 millones de dólares camuflados en bocinas dentro de un contenedor.
La Operación FM incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana. Durante el operativo, el Ministerio Público ocupó más de un millón de dólares en efectivo, 760 mil pesos, 13 vehículos de lujo incluyendo un Ferrari y dos Porsche, y múltiples evidencias relacionadas con el lavado de dinero.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.