Análisis Noticiosos
Abuelas caminaron en tierra quemada para evitar que jóvenes fueran violadas
El conflicto ha provocado una huida masiva a países como Sudán del Sur. Allí, en pueblos fronterizos como Atham, algunas mujeres vuelven a sus hogares a recuperar bienes que abandonaron. Pero el viaje lo hacen las mayores para evitar que las chicas sufran agresiones sexuales
Atham, Sudán del Sur .-Halima Hamed, de 25 años, y Nema Musa, de 22, se tocan primero el pecho, luego las costillas y finalmente la cadera. Primero con las manos, después con los dedos. Pechos, costillas, cadera. Así manosean los paramilitares a las chicas jóvenes que huyen la guerra en Sudán. A ellas no les pasó nada, pero saben que esto ocurre muy a menudo durante el trayecto. “A veces, [los milicianos de las Fuerzas de Apoyo Rápido] paran los autobuses, hacen bajar solo a las más jóvenes y se las llevan”, explica Hamed desde el centro de tránsito de Renk, en Sudán del Sur. “Algunas vuelven, pero a otras no las vemos más”, añade.
La guerra, que esta semana ha cumplido dos años, ha devastado el país y provocado el desplazamiento forzado de más de 12,9 millones de personas, de las cuales 3,8 millones han huido fuera de Sudán, según datos de marzo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Sudán del Sur es uno de los países receptores de personas desplazadas y el pueblo de Atham, situado a cinco kilómetros de la frontera con Sudán, se ha convertido en uno de los principales destinos.
Bout está a cinco horas a pie de Atham, lo suficientemente cerca para volver, aunque sea una vez, a buscar lo que tuvieron que abandonar de manera precipitada. Es por esto que una treintena de mujeres ancianas del pueblo, que ahora están refugiadas en Atham, se organizaron cuando la situación mejoró para volver todas juntas a Sudán y ver qué había quedado de sus recuerdos, propiedades y, sobre todo, del sorgo que habían cultivado. Fueron ellas, las más mayores, las que hicieron el trayecto de vuelta para proteger a sus nietas, bisnietas e hijas. Los milicianos prefieren a las jóvenes. “Yo tengo miedo de volver porque a las más jóvenes nos violan y nos hacen sus esclavas”, dice Al Nur.
El buma o alcalde de Atham, Diing Aguer Chol, explica que el día anterior “unos militares rescataron a una chica que había sido violada por las RSF justo cerca de la frontera”. Cordula Haeffner, trabajadora de Médicos Sin Fronteras en el terreno, afirma que las mujeres sufren violencia sexual “en el lugar de origen, durante el trayecto y en el sitio de llegada”. De acuerdo con ONU Mujeres, en 2024 aumentó en un 288 % la demanda de servicios contra la violencia de género en Sudán, en comparación con los datos de 2023.
A las chicas jóvenes nos violan y a los chicos más jóvenes los rebeldes les dicen que, o se unen a ellos, o los matanNasrin Al Nur, refugiada sudanesa en Sudán del Sur
La violencia sexual es el fantasma que planea entre las mujeres sudanesas. Abdarahaman es consciente del riesgo, aunque, afortunadamente, nunca ha sufrido una agresión. Ella fue una de las mujeres que caminaron hacia Bout para ir a buscar comida y las pocas cosas que le quedaban, porque en Atham no hay alimentos ni ayuda internacional. “Solo volví una vez, vi mi casa quemada y el campo devastado. Me sentí desolada”, recuerda.
Aisha Malek, de 65 años, también formó parte del grupo de mujeres que hizo el camino. La mujer afirma que “no es seguro volver” y que no dejaría a su hija ir sola. Sentada en un camastro, recuerda su travesía. Detrás de ella hay dos colchones, uno rosa y otro azul. También un catre que consiguió recuperar de su antigua casa. Malek explica que pagó 5.000 libras sursudanesas (aproximadamente 1 euro en el mercado negro, el más común y accesible para la población) en un puesto de control de las Fuerzas de Apoyo Rápido para que le dejaran pasar. A la vuelta, trajo las pertenencias que pudo encontrar con la ayuda de un burro.
Violencia sexual como arma de guerra
“El sistema de violencia sexual que se está perpetuando como arma de guerra en Sudán, incluso contra los niños, es terrorífico”, afirmaron miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado marzo. El último informe de Unicef publicado a principios del mes pasado hizo saltar todas las alarmas: desde el inicio de 2024 se habían documentado 221 violaciones contra niños, incluidos cuatro de solo un año de edad y otros 16 menores de cinco. Según el análisis, esta violencia sexual sucede durante la invasión de ciudades, mientras se huye del conflicto, durante detenciones, en el trayecto hacia otro país con una intención de explotación sexual, a cambio de alimentos u otros suministros esenciales y durante las actividades del día a día, como ir a buscar agua.
En febrero de este año, la organización Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) hizo una declaración en Ginebra delante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en la que afirmó que habían documentado 300 casos de violencia sexual en Sudán, de los cuales un 23,5% involucraban a niños. También denunciaron que hay 230 casos de desaparición forzada de mujeres que, temen, hayan sido sometidas a esclavitud sexual o matrimonio forzado. SIHA atribuye la mayoría de estos crímenes de guerra “sistemáticos y deliberados” a las RSF pero también al ejército sudanés que, aseguran, buscan “controlar y dominar las comunidades”.
Laetitia Bader, directora de Human Rights Watch (HRW) en África, afirmaba en un informe de 86 páginas en el que se describe la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto de Sudán que “los grupos armados han aterrorizado a las mujeres y a las niñas, y que las dos partes han bloqueado la entrada de ayuda humanitaria, lo que está provocando que sientan que no hay un lugar seguro dónde ir”.
Falta de comida en Atham
Chol, el alcalde de Atham, explica que, antes de la guerra, el pueblo tenía 1.000 habitantes y ahora son más de 24.000. “Tenemos un grave problema de falta de comida”, subraya preocupado. La refugiada Nasrin Al Nur confía en la buena voluntad de los vecinos para su manutención. “No sé lo que voy a comer hoy”, admite. Su trabajo consiste en construir hornos de adobe para comerciar con ellos, aunque no siempre los logra vender. Tanto ella como su madre y sus hermanos han decidido quedarse en Sudán del Sur, a pesar de la incertidumbre que planea sobre el país tras la suspensión de las elecciones previstas a finales de 2024, una situación que pone en jaque la estabilidad de los acuerdos de paz firmados en 2018.
Sudán del Sur ha sufrido claramente los efectos colaterales de la guerra en Sudán después de que en enero de 2024 la exportación de crudo del país —que representa el 85% del Producto Interior Bruto—, se paralizara de la noche a la mañana debido a la inestabilidad. La moneda, que se sostiene por la entrada de petrodólares, perdió más de la mitad de su valor y el país se hundió en una crisis económica sin precedentes y una inflación del 600%.
Por ello, en Atham hay gente que hace las maletas. “Mi hija parió en casa porque no la quisieron atender en el hospital”, explica, enfadada, Mazaer Musa, una mujer sudanesa que vive en Atham. Delante de su casa, un camión con catres, ropa, muebles y cortinas la espera a ella y sus hijas para irse, quizá, dice, hasta Etiopía. “Claro que me da miedo, pero aquí no hay comida”, concluye.
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.