Editorial
Peligra en el país el Estado Social Democrático y de Derecho?
No hay otra explicación de que lo que se produce entre los que defienden y los que rechazan las candidaturas independientes no es otra cosa que lo que muchos tratadistas del tema han calificado como una fuerte confrontación entre la ciencia política y el derecho.
Y no es menos de ahí, porque todo el mundo sabe que los partidos políticos tienen el control total del poder público, desde el poder Legislativo hasta el Ejecutivo y el Judicial, pero además este tipo de organización también tiene el monopolio del sistema electoral.
De tal suerte que cuenta con las herramientas para sabotear cualquier alternativa de participación democrática que permita por lo menos modificar la democracia que se ha construido en el país, la cual hasta el año 2010 era totalmente desigual, pero que falta ver si toma fuerza la corriente de proteger los derechos fundamentales o que la Constitución sea un pedazo de papel o una pantalla, que no tiene nada que ver con el nuevo constitucionalismo que se practica e impacta mundo.
El derecho comparado habla muy claro con respecto a la referida figura jurídica de las candidaturas independientes, las cuales tienen su aparición y vigencia en prácticamente todos los países del hemisferio, como Colombia, Paraguay, argentina, Chile, El Salvador, Honduras, entre muchos otros.
El director de este diario ha dicho en muchos de los escenarios en los que ha hecho sentir su enfoque sobre las candidaturas independientes, que éstas no representan necesariamente una vía para que por ahí aparezca sólo un santo, sino también un diablo, pero que en razón de que los partidos son instrumentos muy corrompidos, las mismas tienen que ser una opción inaplazable para buscar mejorar la democracia nacional.
Este es un riesgo que debe correrse la democracia nacional, porque ya ha habido otros tantos que sólo han traído malestar y violación de los derechos sociales y fundamentales, total que tanto los que preconizan el Estado Liberal como el Estado Social defienden la libertad individual y la igualdad social, es decir, que ambos al final de cuentas abogan por causas que giran alrededor de los derechos ciudadanos.
Lo otro es que con esta figura jurídica se pone a prueba el Estado Social Democrático y de Derecho de que tanto se habla en el país y que está consignado en el artículo 8 de la Constitución de la República.
Es un verdadero reto para la democracia nacional, la cual es un principio de la Constitución, cuya amenaza a este respecto proviene del órgano que tiene la misión de dirigir y montar el proceso electoral, el cual ha presentado un proyecto de ley para reglamentar las candidaturas independientes que borra los avances que ha tenido el país en torno al derecho, valor y principio de igualdad.
El tema luce interesante en función de que el constitucionalismo dominicano siga por el camino trazado por la Constitución del 2010 y todo el derecho internacional, lo cual parece distorsionarse de una mala manera en algunas circunstancias como la que ocurre actualmente con las candidaturas independientes.
Todas las violaciones que se cometan en los actuales momentos implican que el país se dirige a un sistema de fuerza que se sale del principio de razonabilidad y de legalidad que caracteriza a todas las sociedades que han abrazado el neo-constitucionalismo y consecuentemente el Estado Social Democrático y de Derecho.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.