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“RD se ha convertido en uno de los socios más confiables de Estados Unidos”, dice Abinader.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana se ha convertido en uno de los socios más confiables que tiene los Estados Unidos, según lo consideró el presidente Luis Abinader.
Al pronunciar un discurso de aceptación tras recibir el premio al Liderazgo por parte del Instituto Congresual de Liderazgo Hispano (CHLI, por sus siglas en ingles), el mandatario resaltó que entre 2015 y 2024, el comercio bilateral totalizó unos 154 mil millones de dólares, con un superávit comercial de 42 mil millones para los Estados Unidos.
El presidente explicó que so en 2024, el 53% de las exportaciones realizadas por las empresas dominicanas fueron hacia los Estados Unidos.
“Somos un proveedor líder de dispositivos médicos y ultravioleta, interruptores eléctricos y cigarros. Pero nuestros lazos van mucho más allá del comercio. Las empresas estadounidenses están invirtiendo fuertemente en sectores como el turismo, la manufactura, la energía y los servicios financieros. El año pasado, alcanzamos un récord de $4.5 mil millones en inversión extranjera directa, con los Estados Unidos como la fuente principal”, detalló el jefe del Estado dominicano.
Abinader igual destacó que la República Dominicana es el principal aliado de Estados Unidos en el Caribe contra la delincuencia transnacional ya que desde el 2020 se han ampliado las operaciones conjuntas con la Administración para el Control de Drogas (DEA); al tiempo de que han liderado las extradiciones per cápita en la región y que han ayudado a contener la migración irregular de Haití hacia ese país.
Otro llamado por Haití
Durante su disertación, el mandatario aprovechó la oportunidad para destacar que la crisis sociopolítica que se vive en Haití afecta directamente a las instituciones dominicanas y los planes de crecimiento de la economía del país, por lo que realizó otro llamado a la comunidad internacional para que ayude a esa nación.
“La crisis humanitaria y de seguridad en Haití sigue afectando a nuestras instituciones. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que asuma un papel sostenido y responsable en la estabilización de Haití. No podemos dejar que se olvide de nuevo”, exclamó el mandatario.
Crecimiento de RD
Abinader por igual resaltó el crecimiento económico que ha obtenido la República Dominicana, señalando que el del pasado año fue de un cinco por ciento el cual fue el “doble del promedio regional”.
“Nuestro objetivo es duplicar el tamaño de la economía en diez años y aumentar el ingreso per cápita a $15,000. Este crecimiento debe ser inclusivo, y estamos trabajando para expandir nuestra clase media del 40% al 50% de la población”, manifestó el mandatario.
El presidente de la República señaló que esas metas se lograran gracias a la reserva de tierras raras que tiene el país, la política de reducción del desempleo y la pobreza aplicada por su administración gubernamental y las acciones para mitigar la inseguridad ciudadana; además del crecimiento del sector turístico.
“La República Dominicana está progresando: más fuerte, más estable y más abierta al mundo que nunca. Buscamos una colaboración aún más estrecha con Estados Unidos y la administración del presidente (Donald) Trump”, expresó el mandatario al cierre de su discurso.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.