Opinión
Narciso responsabilizó a Abinader de agresión criminal
Por Narciso Isa Conde
En su condición de Jefe de Estado es a usted a quien le toca detener la ruta criminal del paramilitarismo y todo lo relacionado con las inconductas neofascistas al interior de su gobierno, de la jefatura militar-policial estatal y del régimen político-empresarial que lidera.
Lic. Luis Abinader Corona
Presidente de la República, Su despacho
Palacio Nacional, Ciudad
Ciudadano presidente:
Esta vez me dirijo a usted para referirme a los intentos criminales y graves agresiones cometidas contra la integridad física y el derecho a la vida de ciudadanos/as dominicanos/as en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, dado que compete a sus funciones reaccionar frente a este tipo de hechos, y adoptar las medidas correspondientes ante acontecimientos tan ampliamente difundidos.
En una gestión de Estado mínimamente responsable no deberían obviarse hechos como los acaecidos el pasado domingo 27 de abril, inmediatamente después de concluir la marcha conmemorativa del 60 aniversario de la gesta de abril de 1965: marcha no objetada por su gobierno ni por el Ministerio correspondiente, expresamente comprometido a proteger a sus participantes.
Esperé un tiempo prudente antes de escribir estas líneas, atento a la reacción oficial correspondiente del Poder Ejecutivo que usted preside y del Ministerio Público que deberían representar las personas agredidas y/o amenazadas. Ambas instancias han pasado por alto la gravedad de estos acontecimientos.
En esta oportunidad, la organización paramilitar que responde al nombre de Antigua Orden Dominicana nueva vez exhibió sus uniformes policiales y militares, exhortó públicamente a sus integrantes a portar armas y a ejercer violencia; suplantando a la vez funciones policiales y abrogándose el derecho a determinar quiénes pueden y quienes no pueden ejercer los derechos a transitar, a reunirse manifestarse, y dónde hacerlo.
En esa tesitura, integrantes de esa organización paramilitar se agruparon abiertamente en los alrededores del Parque Independencia de esta ciudad, con una significativa concentración en las proximidades de TELEMICRO, desde donde desplegaron personas vestidas de civil, armadas de puñales, cuchillos, machetes y pequeños bloques de hormigón reforzado, con las instrucciones de agredir a quienes ellos denominaron “comunistas promotores de la marcha haitiana”. La Policía Nacional, que los ha protegido en circunstancias parecidas, volvió a hacerlo con el mayor descaro del mundo.
Previamente, el mismo cuerpo policial que protege a los paramilitares, intentó disolver a bombazos a la agrupación de los trabajadores cañeros que formaban parte de la Marcha Patriótica, y además se dedicó a cambiar la ruta acordada y a apresar personas negras en las proximidades de esta actividad a lo largo de la trayectoria, con manifiesta intención de perturbar la iniciativa.
Entre los casos de agresiones armadas se han señalado con mucha precisión el ataque a la Escuela Multitemática del Partido Comunista del Trabajo-PCT, la agresión al profesor universitario Diego Polo, los intentos de agresión al ex vice ministro Freddy González y a la antropóloga Tahira Vargas.
De mi parte denuncié por diferentes medios el intento de apuñalarme por la espalda en la calle Beller, al doblar la Palo Hincado, cuando acompañado de varios camaradas, avanzábamos hacia el vehículo en que me retiré de esa zona.
Quienes me acompañaban identificaron a tiempo a los agresores y lograron quitarles a dos de ellos un puñal y una cuchilla.
Con anticipación, en diferentes puntos de los alrededores del Parque, se le escuchó a los jefes y activistas paramilitares expresiones anticomunistas en las que mencionaban mi nombre como objetivo de sus ataques.
Voceros de este régimen, políticos de extrema derecha que medran a la sombra del Palacio Nacional y espacios radio-televisivos que disfrutan de jugosa publicidad gubernamental, transmiten en la misma onda cargada de odio y acusaciones perversas.
La intencionalidad criminal está confirmada después del alevoso proceder de esa agrupación paramilitar neofascista que solo ha podido crearse, desarrollase y perdurar con el auspicio de la CIA, el MOSSAD israelí, corporaciones mineras tipo Barrick Gold y enclaves ultraderechistas del actual poder militar, policial, empresarial y político, que han contado con respaldo y protección del régimen que usted preside.
El proceder de esa banda paramilitar resulta demasiado coincidente con las expresiones y el modo de actuar de esa corriente transnacional neofascista, con su impacto al interior de las estructuras de mando de los sistemas estatales y las elites capitalistas y militares, subordinadas a EEUU y alimentadas por sus fuentes conceptuales, tanto a nivel del oficialismo como de la oposición de derecha, ahora bajo la ominosa tutoría del trumpismo.
En su condición de Jefe de Estado es a usted a quien le toca detener la ruta criminal del paramilitarismo y todo lo relacionado con las inconductas neofascistas al interior de su gobierno, de la jefatura militar-policial estatal y del régimen político-empresarial que lidera.
Por tanto, sobre usted y su gestión recaerá la principal responsabilidad de cualquier acción que afecte mi existencia y mi integridad física, o la de cualquier militante, activista o dirigente social bajo amenaza de alguna de las expresiones criminales paramilitares, militares o policiales de este régimen cada vez más proclive al despotismo ultraconservador.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.