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Ni una coma aporto Abinader al proyecto de ley de libertad de expresión, según lo reveló el propio mandatario.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader reveló que que el proyecto de ley que crearía la ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales no es de autoría del Gobierno, aunque fue remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo.
El mandatario fue enfático al señalar que la pieza que está en el Senado para su estudio «no tiene ni una coma de su autoría».
«Quien les habla no ha puesto una coma en ese proyecto de ley, una coma», acotó Abinader.
Refirió que el proyecto es producto de aportes de varios sectores de la sociedad, incluyendo representantes de medios de comunicación y abogados. «Ese es un proyecto que se originó de consenso entre diferentes sectores«, agregó el presidente.
También dijo que la pieza está en proceso de estudio y que los sectores interesados en aportar algo pueden hacerlo en el referido hemiciclo.
Pide a inconformes que vayan al Congreso
«Si hay algunos sectores que no han sido consultados, ya Ricardo de los Santos, el presidente del Senado, dijo que estaba dispuesto a escuchar a los demás sectores«, abundó.
«Pero los que faltan, que vayan al Congreso para que los escuchen y puedan determinar si tienen méritos sus observaciones», dijo en referencia a los sectores del país que han mostrado oposición al proyecto de ley, sometido el pasado dos de abril de este año.
Abinader tocó el tema al ser cuestionado por una periodista durante la sesión de preguntas y respuestas de LA Semanal con la Prensa. Se le preguntó su opinión sobre las quejas e inconformidades de algunos sectores en torno a la propuesta.
El proyecto de ley fue sometido a través del Senado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, debido a que la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, coordinada por el abogado Namphi Rodríguez, se acercó al jefe de Estado para someter la modificación de la actual Ley 61-32, la cual data de 1962 y cuya actualización es demanda desde hace años por la sociedad y los medios de comunicación.
Quejas y apoyo
El proyecto está en comisión de Estudio en el Senado de la República. Desde hace semanas ha sido objeto de críticas bajo alegato de que tendría poder para establecer censura previa a medios digitales.
Este punto lo planteó el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez. De acuerdo al político, la mormativa contiene artículos «que aparentan proteger derechos, pero que en la práctica consolidan un modelo de control disfrazado».
Dijo que la pieza «crea un organismo regulador dependiente del Ejecutivo, capaz de sancionar, multar y suspender medios sin necesidad de un juez».
La suspicacia nace por la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), adscrito al Ministerio de Cultura, que asumiría las funciones de la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Esta nueva entidad tendría el mandato de velar por el ejercicio pleno de la libertad de expresión, supervisar a los prestadores de servicios de comunicación y garantizar una programación diversa y plural.Pero también el proyecto ha logrado en respaldo de algunos actores. Es el caso de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), cuyo presidente, Servio Tulio Castaños Guzmán, planteó que Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que el proyecto, elaborado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, está alineado con la realidad nacional y responde a las nuevas dinámicas comunicacionales, especialmente en el ámbito digital.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.