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Llaman a J.CE retirar a la mayor brevedad posible proyecto para regular candidaturas independientes.
SANTO DOMINGO.-;El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) emplazó en rueda de prensa celebrada en el Salón de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a la Junta Central Electoral (JCE) a retirar a la mayor brevedad posible el proyecto de ley sometido al Congreso Nacional para regular la referida figura jurídica, porque a su entender el órgano comicial con esa iniciativa deja muy mal parada la democracia dominicana.
Sostiene el FPCI que la JCE hace pedazos los logros que ha habido en el país en lo referente al derecho, valor y principio de igualdad, el cual es transversal a todos los demás derechos, cuya visión del órgano destinado por el Estado para manejar los asuntos electorales es realmente penoso y vergonzante.
El proyecto que busca regular las candidaturas independientes es una especie de negación del proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, máxime cuando quien preside la JCE es una persona que fue juez del Tribunal Superior Electoral (TSE).
La propuesta de regulación de las candidaturas independientes de la JCE no sólo cae en una posición descabellada cuando plantea que los aspirantes en esta categoría deben dotarse de personalidad jurídica a través de la Ley 122-05 sobre organizaciones sin fines de lucro, sino que además lo hace mediante una legislación que no contempla la figura de las asociaciones accidentales como lo dispone la sentencia del TC, ya que la misma sí aparece en la Ley 479-08 de instituciones con fines de lucro, las cuales, paradójicamente, no necesitan tener personalidad jurídica.
El Frente Pro-Candidaturas Independientes entienden que es un verdadero tollo el proyecto de la Junta Central Electoral, ya que además plantea que los aspirantes de este tipo de modalidad tengan que presentar el 2 por ciento de las firmas registradas en el padrón electoral cuando los partidos políticos para su reconocimiento sólo necesitan el 2 por ciento de la última votación que se ha producido en el país, como precisamente lo consigna el artículo 15, numeral 6, de la Ley 33-18 del régimen electoral.
Otro atropello al principio de igualdad en el proyecto de la JCE es que los candidatos independientes sean excluidos del financiamiento público, como si los impuestos de los ciudadanos son sólo para beneficiar a una parte de la población en violación del principio de que la ley es igual para todos, sobre todo cuando no hay una causal que justifique semejante disparate.
En virtud de que el contenido del proyecto de regulación de las candidaturas independientes cae en la vulneración de la misma sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional, el FPCI reitera su pedido de que el órgano comicial retire el proyecto del Congreso Nacional a la mayor brevedad posible, ya que sus pretensiones de regulación son una franca violación de una serie de derechos, valores y principios constitucionales.
El FPCI anunció, asimismo, el inicio de toda una campaña nacional para hacer ver a la población las bondades de la sentencia del Tribunal Constitucional para hacer más participativa la democracia dominicana, la cual está secuestrada por la llamada partidocracia.
Explicó la organización que la campaña consistirá en un ciclo de conferencias en todos y cada uno de los pueblos del país y del extranjero, principalmente en las plataformas que tienen la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras altas casas de estudios en el país y el extranjero.
También informó que hace gestiones para impartir conferencias en universidades como Columbia y Harvard de los Estados Unidos de América como una forma de incorporar al más alto nivel las comunidades de dominicanos en el exterior a la lucha para que en la República Dominicana prevalezca una democracia ajustada al nuevo constitucionalismo y no al capricho de los partidos políticos.
El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) está conformado por una serie de profesionales e intelectuales, entre los que se encuentran el doctor Alberto Fiallo Billini, doctor José Dunker Laber, doctor Isaías Ramos, doctor José Cabral Salcedo, señor Edgar Paniagua Miguel, licenciada Elba García Hernández, licenciado Miguel Valoy, doctor Sixto Ureña, doctora Iliany berrido, doctor Jensi Cid, doctor Federico Peña, licenciado Rafael Céspedes Morillo y el ingeniero Guillermo Caram, entre otros.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.