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Yeni Berenice valora cooperación de España en la atención a víctimas de género.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).– Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, destacó el compromiso de su gestión con la tutela efectiva de los derechos de las víctimas, al agradecer el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) a programas formativos y proyectos que, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos, fortalecen las capacidades de respuesta del Ministerio Público.
Reynoso se refirió al tema en el acto de lanzamiento del proyecto “Reforzado el Sistema Integral de Atención y Protección a Víctimas de delitos”, apoyado por la Aecid y coordinado por el servicio nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (Relevic).
El acto contó con la presencia de Eva María Granados Galiano, secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Reino de España, y Antonio Pérez-Hernández, embajador de esa nación en República Dominicana. También, Nuria Pérez Llavero, directora de gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional; Laura Oroz, directora de Cooperación con América Latina y el Caribe; Manuel Alba Cano, coordinador General de la Cooperación Española en el país; Ana Álvarez Rodríguez, responsable de proyectos Aecid, y Raquel Rojo, cooperante Aecid.
Del Ministerio Público estuvo el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, así como las fiscales María Rosalba Díaz y Ana Andrea Villa Camacho, responsables del Relevic y de la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, entre otros fiscales y colaboradores.
La procuradora general planteó que durante el año pasado el Ministerio Público recibió unas 70 mil denuncias de violencia de género. Resaltó que las víctimas son atendidas bajo el modelo multidisciplinario promovido por la Aecid, el cual se enfoca en iniciativas que evitan la revictimización y trata bajo criterios profesionales de especialistas.
“Pasamos de que una mujer tuviese que ir a un destacamento a conversar con un policía, a un sistema integral, multidisciplinario, donde hay psicólogos, forenses, trabajadores sociales, fiscales especializados, donde hay un protocolo, y eso tiene que ver muchísimo con la cooperación española”, puntualizó, al resaltar los avances en la materia.
Calificó la española como “una cooperación de lujo” para la implementación y desarrollo del proyecto que aborda los principales desafíos que afectan la atención, protección y reparación de las víctimas dentro del sistema de justicia penal en la República Dominicana.
Mientras, Eva María Granados Galiano valoró el proyecto “Reforzado el Sistema Integral de Atención y Protección a Víctimas de Delitos” como muestra del trabajo y del compromiso con la Procuraduría General de la República para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
“Con este proyecto hemos querido poner el sistema de protección a víctima español al servicio del sistema dominicano, aportando los mecanismos, los procesos que nos funcionan, poniendo en valor las experiencias de éxito y también las lecciones aprendidas”, explicó Granados Galiano, quien precisó que esta colaboración va más allá de la atención jurídica.
“Creo que se trata de ofrecer, desde los poderes públicos, una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica, estamos hablando de respuestas sociales a víctimas y con ello intentamos ofrecer una respuesta no solo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos que en su condición pueden generar”, sostuvo.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.