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En medio de groseras manipulaciones llegan vistas públicas sobre candidaturas independientes.
Por Elba García
En medio de grandes equivocaciones y enfoques distorsionados sobre el neo-constitucionalismo, el cual se fundamenta en la interpretación de valores y de principios del derecho, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados convocó para el próximo lunes 9 de junio vistas públicas para que los diferentes sectores de la vida nacional expongan sus consideraciones sobre un descabellado proyecto de ley que busca regular la referida figura jurídica.
Las vistas públicas tendrán lugar en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados, las cuales se celebran después de un debate totalmente manipulado por los partidos políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil que les sirven de soporte.
El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes y director de este diario, doctor José Cabral Salcedo, ha subrayado que no se entiende cómo instituciones como la Fundación e Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, y Participación Ciudadana (PC) sostienen que para implementar en el sistema electoral dominicana la referida figura jurídica hay que reformar la Constitución de la República, cuya posición, en opinión del FPCI, es una visión tradicional y equivocada de enfocar la sentencia del Tribunal Constitucional.
El especialista en derecho constitucional planteó que lo más grave del asunto es que estas organizaciones de la sociedad civil no explican de forma puntual por qué entienden que ante la decisión del TC debía producirse una reforma a la carta magna, porque parece una tesis que no tiene nada que ver con el constitucionalismo moderno.
El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) expresó que ambas organizaciones de la sociedad civil, las cuales han hecho importantes aportes a la democracia nacional, deben ajustar sus planteamientos con el neo-constitucionalismo, el cual hoy está muy presente en el derecho comparado y en todos los sistemas jurídicos del planeta, lo cual de no hacerse representa un impedimento para que haya una lectura correcta de la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con Cabral Salcedo el neo-constitucionalismo prioriza los valores y principios constitucionales sobre la lectura literal de las normas y reglas, dado que, en lugar de una visión estricta y legalista de la constitución, se busca una interpretación más amplia que considere los ideales y objetivos fundamentales.
El abogado constitucionalista recordó que el neo-constitucionalismo, que en el país se aplica desde la Constitución del 2010, no resiste el análisis que se hace a partir del concepto tradicionalista del derecho constitucional, ya que se centra en las reglas escritas más que en los principios como guías interpretativas.
Cabral Salcedo sostuvo que con el neo-constitucionalismo se produce una comprensión más amplia de la Constitución, a partir principalmente de los valores y principios fundamentales, lo cual explica el error de lo planteado por ambas organizaciones de la sociedad civil.
Expresó que la PC y FINJUS deben hacer una interpretación más flexible de la constitución, en lugar de una lectura literal de sus disposiciones, ya que el neo-constitucionalismo desplaza el enfoque tradicional que se centraba en la aplicación rigurosa de la ley para que sea una lectura más amplia y contextualizada en el constitucionalismo moderno.
En la sentencia del TC se ha hecho una interpretación del derecho, valor y principio de elegir y ser elegido, el cual tiene necesariamente que ser a partir del ciudadano o lo que es lo mismo de la persona física, la cual tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, lo que es encontrado en el espíritu de la Constitución y en una serie de sus articulados como el 2, el 22, el 2008 y el 272, que habla del referendo aprobatorio.
Tanto es así que el método que se aplica en el neo-constitucionalismo es el de la ponderación cuando hay un conflicto entre principios, que permite que el juez haga uso de la discrecionalidad para resolver casos complejos.
Observó que tanto Participación Ciudadana (PC) como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) entienden que las normas y las reglas están por encima de los valores y los principios, lo que los coloca en una perspectiva equivocada si se ve desde el neo-constitucionalismo, ya que ambas entidades están ancladas en artículos como el 216 y otros que hacen referencia a los partidos políticos.
Reiteró que el actor principal en el neo-constitucionalismo es el ciudadano, que no es otro que la misma persona física que tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, pero que la democracia representativa, la cual en este modelo es algo del pasado en una serie de aspectos, de alguna manera estableció el mecanismo para la elección de los funcionarios públicos, como los legisladores y el presidente de la República, entre otros, cuya representación no implica abandonar y no respetar los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano.
Advirtió que enarbolar el criterio de ambas organizaciones, que sin dudas han hecho grandes aportes a la democracia nacional, hace más daño que bien para la mejoría del sistema político nacional, el cual por su profunda descomposición pone en peligro todo el orden institucional del país.
El doctor José Cabral Salcedo llamó a PC y la FINJUS a revisar sus posiciones para que las ajusten a la corriente que prevalece en esta época en el derecho comparado, dado que por su carácter internacional impacta el derecho interno, a los fines de que no represente una negación de la corriente del neo-constitucionalismo, que es la bandera en la actualidad de los derechos fundamentales.
Explicó que el neo-constitucionalismo se focaliza en la justicia, la igualdad, la dignidad de la persona y los derechos como pilares fundamentales de la Constitución, la cual ocupa la supremacía que guía la interpretación de todas las demás normas legales.
Con el planteamiento de los que se oponen a las candidaturas independientes demuestran que no entienden que el espíritu de la sentencia del TC se fundamenta en cumplir con una serie de principios del derecho como son el de legalidad, finalidad, legitimidad y proporcionalidad, porque los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 restringen el derecho y principio de participación y en cuya decisión también el alto tribunal partió del contexto de razones políticas y sociales.
El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) está conformado por una serie de profesionales e intelectuales, entre los que se encuentran el doctor José Cabral Salcedo, doctor Alberto Fiallo Billini, autor de la acción directa de inconstitucionalidad; doctor José Dunker Lamber, doctor Isaías Ramos, doctor Sixto Ureña, doctor Jensy Cid, doctora Ilianni Berrido García, licenciado Miguel Valoy, licenciado Rommel Santos, licenciada Elba García Hernández, ingeniero Guillermo Caram, licenciado Rafael Céspedes Morillo y el señor Edgar Paniagua Miguel.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.