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Termina presentación de pruebas contra Wander Franco, acusado de abuso sexual infantil

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Santo Domingo.– El Ministerio Público concluyó con la reproducción de todas las pruebas, 165 en total, durante el juicio por abuso sexual infantil que se sigue contra Wander Samuel Franco Aybar y la madre de una adolescente víctima de delitos sexuales.

El equipo de litigación del Ministerio Público, representado por los fiscales Claudio Cordero y José Martínez, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata, destacaron la fortaleza del expediente y enfatizaron en que las pruebas son suficientes para dictar sentencia condenatoria contra los acusados.

“En la cuarta jornada del juicio que se le sigue a Franco Aybar por abuso sexual infantil y a la madre de la víctima por exploración sexual y lavado de activos, el Ministerio Público desplegó sus peritos, que pudieron establecer con claridad meridiana las conversaciones entre los acusados, confirmando la existencia del abuso sexual por parte del procesado, además del pago a la madre de la víctima para evitar ser denunciado y continuar la relación con la menor”, resaltaron los fiscales litigantes.

También, indicaron que quedó establecida la vinculación de la acusada con los delitos de explotación sexual y lavado de activos en perjuicio de su hija.

En la audiencia los peritos de la Unidad de Investigación Criminal (UIC), del Ministerio Público, explicaron ante el Tribunal Colegiado de Puerto Plata el proceso de análisis de extracción de los dispositivos electrónicos ocupados durante los allanamientos practicados en este caso.

De igual manera, hicieron sus declaraciones una médica legista y una psicóloga forense, está última quien le dio apoyo emocional a la adolescente, tras ser rescatada el 28 de septiembre de 2023, luego de lo cual empezó un proceso de terapias al establecerse que se sentía ser objeto sexual de su madre.

Entre los aportes de los peritos de la UIC se destaca la presentación del informe financiero practicado a la madre del acusado, Nancy Yudelka Aybar, quien le hizo un depósito de un millón de pesos a la madre de la adolescente, fragmentado en dos depósitos de 500 mil pesos. Al día siguiente, el 6 de enero de 2023, el dinero fue utilizado por la acusada para comprar un vehículo de unos 26 mil dólares.

Otra perito presentó el perfil de fuentes abiertas practicado al acusado, donde se observa con la adolescente en varias fotografías y portando la víctima una cadena con una medalla con el No. 5, que utiliza el pelotero en su uniforme.

Los demás peritos expusieron en qué consistió una exigencia de la acusada para que Franco Aybar le diera más dinero, mientras la adolescente estuvo en el centro de todo, desprotegida y explotada.

A partir de esta etapa, el Ministerio Público presentará sus conclusiones y luego solicitará las penas a imponer a los acusados. Posteriormente, las defensas procederán con la reproducción de las pruebas a descargos, las cuales consideraron los fiscales que son impertinentes y que versan en hechos distintos a los de la acusación fiscal.

Los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez, del Tribunal Colegiado de Puerto Plata, aplazaron la audiencia hasta el próximo 17 de junio a las 10:00 de la mañana.

El expediente acusatorio señala que la conducta de Franco Aybar y la madre de la adolescente viola las disposiciones de varios artículos del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), el Código Penal Dominicano y la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata De Personas, así como la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.

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Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.

Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».

El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.

También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.

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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio

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Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.

Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.

Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.

A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.

En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.

De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.

Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.

Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.

Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.

Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.

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Siete años de prisión por narcotráfico a general retirado.

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Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.

La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.

En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.

¿Cómo operaban?

De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.

Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.

Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.

La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.

Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.

Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.

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