Opinión
No es que no saben. Es que no quieren.
Por Isaías Ramos
Esta semana acudí al Congreso Nacional para participar en la vista pública organizada por la comisión de diputados que estudia el Proyecto de Ley sobre las Candidaturas Independientes y el cumplimiento de la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional.
Desde que crucé la puerta del recinto, me encontré con un espacio pulcro, ordenado y funcional. El personal de protocolo —al que reconozco y felicito públicamente— mostró una actitud de servicio que, francamente, desarma al más escéptico. En mi caso particular, atravesaba el pico de un fuerte proceso gripal: congestión, debilidad general, ojos llorosos, flemas que apenas me dejaban respirar. Como agravante, había olvidado mi mascarilla. Pero bastó que el personal notara mi condición para que, sin preguntar demasiado, se activaran con diligencia ejemplar: en minutos ya tenía una mascarilla, permitiéndome entrar al salón sin poner en riesgo a los demás.
Esa experiencia, en medio del malestar físico, me dejó una inquietud más punzante que el propio virus: ¿por qué, si aquí —en este edificio público— sí se puede hacer todo con orden, humanidad y eficiencia… afuera, en el país, todo parece caerse a pedazos?
No, no es por ignorancia. No es por falta de capacidad. Tampoco es por escasez de recursos o carencia de formación técnica.
Es simplemente que no quieren.
No quieren hacer lo correcto. No quieren hacer lo justo. No quieren servir.
Y eso —esa decisión consciente de no hacer el bien pudiendo hacerlo— es la forma más cruel y cobarde de violencia institucional.
Vaya usted a una emergencia de hospital público con un niño febril en brazos: la espera puede ser interminable. Horas enteras de angustia, sin garantía de atención, sin médicos suficientes, sin insumos, sin sillas… sin humanidad.
Pero en los pasillos del Congreso, hasta una mascarilla aparece con la misma rapidez con que se desaparecen los fondos públicos en una licitación amañada.
Visite una escuela pública y compare esa realidad con los salones donde se redactan leyes que luego nunca se cumplen: aulas sin baños, pizarras sin marcadores, niños sin desayuno.
Y no, no es por ignorancia de las autoridades: es que simplemente no les importa.
Como funcionarios públicos, sí saben cómo deben funcionar las cosas —porque para ellos sí funcionan—, pero deciden ignorar ese mismo estándar cuando se trata del pueblo.
Y si usted recorre los barrios del país, no se encontrará solo con abandono: encontrará miedo.
Miedo a salir de noche, miedo a que su hijo no regrese, miedo a perderlo todo en un atraco.
La inseguridad no es fruto de la casualidad ni del azar. No es por falta de estrategia: es por falta de voluntad política.
Porque donde hay voluntad, hay patrullaje real, hay inversión social, hay prevención del delito y oportunidades para los jóvenes.
Pero donde hay desprecio, hay abandono, impunidad y desesperanza.
Y si hablamos de servicios básicos, el retrato es igual de indignante:
el agua nunca llega, el sistema cloacal no existe, y el sistema eléctrico —además de ineficiente e insostenible— nos desangra.
Solo en los primeros cuatro meses del año, más de 30 mil millones de pesos fueron tragados por un sistema que no alivia la pobreza, sino que la perpetúa.
Un sector voraz ha convertido ese fracaso en negocio, en modelo de saqueo del presupuesto nacional… que perpetúa la miseria y endeuda a los que aún no han nacido.
Nos quieren hacer creer que el problema es por falta de recursos…
Mentira.
Es carencia de conciencia social. Lo que pasa allá afuera no es por falta de capacidad: es por desprecio a la vida de los demás.
Por eso, cuando un ciudadano muere por falta de atención médica,
cuando una madre llora en silencio porque su hijo no aprende, no avanza, no sueña,
porque la escuela que debería abrirle puertas le cierra el futuro con abandono y mediocridad…
cuando una comunidad entera sobrevive sin agua potable, sin seguridad, sin esperanza…
eso no es accidente.
Es resultado.
Resultado de una decisión consciente: no hacer lo bueno pudiendo hacerlo.
Hoy me recupero de una simple gripe. Pero este país necesita mucho más que reposo y medicina: necesita decencia.
Y esa, lamentablemente, no se compra en farmacia ni se reparte en mascarillas.
¿Qué país vamos a dejarles a nuestros hijos si normalizamos este abandono como si fuera destino?
Desde el Frente Cívico y Social hacemos un llamado firme y urgente al pueblo dominicano:
no aceptemos más la excusa de que “no se puede”.
Sí se puede —y ellos lo saben—, pero simplemente no quieren.
La dignidad, la justicia, la salud, la educación, la seguridad y el respeto al ciudadano no son favores: son derechos constitucionales.
No podemos seguir tolerando que lo que es posible para una élite en oficinas climatizadas sea negado diariamente al pueblo que trabaja, que enferma, que lucha y que espera.
Es hora de despertar, de exigir, de organizarnos y de reclamar un país donde la eficiencia no sea privilegio de los salones del poder, sino el estándar en cada barrio, campo, colina y orilla.
Nosotros no estamos aquí para pedir permiso.
Estamos aquí para hacer valer la Constitución, empoderar a los ciudadanos y abrir paso a una nueva forma de hacer patria: con orden, justicia y dignidad para todos.
El cambio comienza con la verdad, y la verdad es esta:
sí saben cómo hacerlo bien… simplemente no quieren.
Desde el FCS confiamos en el empoderamiento del pueblo a través de las candidaturas independientes como vía para romper este círculo vicioso de opresión y miseria.
¡Despierta, RD!
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.