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Poder Ejecutivo somete proyecto de ley para regular juegos de azar, incluidos los virtuales
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader, a través de la Consultoría Jurídica, sometió este martes un proyecto de ley para regular, supervisar y enfrentar el lavado de activo en los juegos de azar.
Para ello se creará la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como órgano rector autorizado para las licencias operativas a 15 tipos de los juegos de azar definidos en la normativa.
Estos son: casinos, salas de juegos de máquinas tragamonedas, casas de apuestas deportivas, casas de lotería, agencias hípicas, sorteos de la lotería nacional, loterías electrónicas, puntos de ventas de apuestas de lotería, máquinas tragamonedas, salas tragamonedas, juegos de azar y apuestas por internet, juegos de azar virtuales, bingos tradicionales, bingos electrónicos y rifas benéficas y no benéficas.
El artículo 36 de la propuesta señala que los casinos solo podrán operar dentro de hoteles de cuatro estrellas en adelante. Los que tengan entre una a 15 mesas, pagarán 55,853 pesos por cada una. Mientras que para los de 36 en adelante, la tarifa por mesa será de 85,927 pesos.
Además, cada máquina tragamonedas en un casino pagará al mes el 5 % de las ventas brutas. Se agrega un párrafo transitorio para cobrar una cuota mensual de 14,000 hasta que las autoridades tributarias desarrollen un sistema tecnológico.
Las bancas deportivas deben estar a 500 metros de las entidades antes señaladas. Tampoco deben pasar de las 10 máquinas tragamonedas y no deben estar instaladas en ninguna sección o paraje del país.
Las que operen en el área metropolitana —Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, Duarte, Puerto Plata y San Cristóbal— pagarán 386,673 pesos anuales por concepto de operación, y las del resto del territorio, 257,782 pesos.
El proyecto de ley indica que las máquinas tragamonedas solo serán permitidas en casinos, hoteles de una a tres estrellas, así como casas de apuestas.
Se sancionará a los propietarios que las instalen en colmados y centros de diversión y entretenimiento.
El impuesto a cobrar será del 5 % de las ventas brutas. Sin embargo, hasta que se desarrolle una plataforma, se cobrará una tarifa mensual de 14,000 pesos.
Los juegos por internetLos juegos a través de internet tendrán un impuesto de 10 % de las ventas brutas al mes.
No obstante, otro párrafo transitorio señala que las empresas pagarán cinco millones de pesos cada 30 días hasta que se habilite una plataforma tecnológica.
De no hacerlo, la DGJA suspenderá el dominio de la página web.
Sobre las loterías
Con relación a las casas o bancas de lotería, dice que deberán estar ubicadas a una distancia mínima de 200 metros de escuelas y colegios, estancias, centros de salud, iglesias e instituciones estatales.
El proyecto modifica el artículo 36 de la Ley 139-11 para aumentar de 50 a 60,149 pesos el impuesto anual a las casas de lotería. Además, se agrega un impuesto de un 1 % a las ventas brutas del mes.
Asimismo, para registrar una casa de lotería se deberá pagar 317,765 pesos por concepto de registro o pago inicial de operaciones. Se agrega un párrafo transitorio para cobrar 2,400 pesos al mes hasta que complete el proceso de interconexión.
Loterías electrónicas
Las loterías electrónicas, que también deberán estar a 200 metros de centros educativos y de salud, el proyecto propone que paguen al mes el 24 % de las ventas brutas de los sorteos acumulativos, el 5 % de los no acumulativos y 54,000 pesos al año por concepto de operación. También incluyen el 1 % de las ventas brutas de las ventas diarias.
- En cuanto a los bingos, estos deben estar a 100, 300 y 500 metros de escuelas, de otros bingos, zonas rurales, respectivamente, y, deberán pagar un impuesto de 10 % de las ventas brutas del mes.
Sobre las infracciones
Las infracciones a la normativa serán penadas con multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público. Dependiendo el grado, la penalidad podría ser tipificada en la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Además, se aplicarán penas entre los seis meses a 10 años de prisión, según la reincidencia.
- De aprobarse la legislación, cada empresa tendrá un periodo para adecuarse.
Otros puntos
Cada negocio tendrá obligatoriamente el mensaje en su entrada: «Jugar compulsivamente afecta tu salud«, parecido a la ley sobre el consumo de alcohol.
El artículo 34 señala que la Dirección General de Juegos de Azar, se reservará la entrega de licencia a empresas y personas que hayan sido sancionadas en los cuatro años previos en los delitos de fraude contra el Estado, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, falsedad, contrabando y delito contra la salud.
Todas las operaciones estarán almacenadas en el Sistema Único de Registro, según estipula el artículo 102 del proyecto de ley.
La justificación de Abinader
El presidente Abinader, en su carta a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, señala que, además se busca establecer mecanismos legales y tecnológicos que eviten la participación de menores de edad en las plataformas de apuestas en línea; asimismo, crear mecanismos que permitirán resguardar la ciberseguridad de los usuarios.
El Pleno del Senado envió la legislación a una comisión para su estudio y posterior rendición de informe.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.