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El escándalo de corrupción en el Intrant todavía tiene muchas más aristas.
Santo Domingo, R.D.-La Contraloría General de la República depositó ante la Procuraduría General de la República el expediente de investigación sobre el proceso contractual entre el Instituto Nacional de Transito y Transporte (Intrant) y la empresa Dekolor, SRL, la cual revelo inconsistencias en la ejecución, registro de contratos y pagos relacionados con el servicio de emisión de licencias de conducir.
El informe señala que se determinaron graves irregularidades, violaciones normativas y serias inconsistencias, el cual reproducimos a continuación.
La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República depositó ante la Procuraduría General de la República el expediente de investigación sobre el proceso contractual entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT) y la empresa DEKOLOR, S.R.L, que reveló inconsistencias en la ejecución, registro de contratos y procesamiento de pagos relacionados con el servicio de emisión de licencias de conducir.
El documento emitido por la Unidad Antifraude, generado a partir de un informe financiero forense, detalla la evolución de la relación contractual entre el INTRANT y la empresa Dekolor, S.R.L., iniciada con la licitación pública núm. INTRANT-CCC-LPN-2019-0007, publicada el 8 de agosto de 2019., y formalizada mediante el contrato núm. DJ-CSB-001-2020, firmado el 7 de enero de 2020.
Posteriormente, se emitieron tres adendas: la primera, durante el período 2020-2021, que incluyó el servicio de examen médico psicofísico sin estar contemplado en los términos iniciales, no fue registrada ante la Contraloría; la segunda, en el año 2022, introdujo un incremento de precios sin justificación técnica suficiente y fue rechazada por la Contraloría por falta de documentación; y la tercera, registrada formalmente en el año 2022, reconoció la existencia de las adendas anteriores, sin que estas hubiesen sido regularizadas. Estas actuaciones evidencian serias debilidades en el cumplimiento del marco normativo, comprometiendo los principios de legalidad, transparencia y control administrativo.
La Unidad Antifraude al examinar los contratos suscritos por el INTRANT con las empresas DEKOLOR, S.R.L. y PAGORD XCHANGE S.R.L., incluyendo sus adendas, modificaciones y convenios complementarios, para verificar la legalidad y cumplimiento de los registros contractuales ante los órganos de control y requerir información mediante oficios institucionales a funcionarios del INTRANT, áreas administrativas y jurídicas, así como a otras entidades públicas y privadas vinculadas al proceso, determinó graves irregularidades, violaciones normativas y serias inconsistencias.
La empresa Dekolor, S.R.L. resultó adjudicataria del contrato para la emisión de licencias de conducir, con un monto fijado en RD$805.69 por cada servicio. No obstante, durante la revisión del contrato y sus adendas se identificaron inconsistencias relacionadas con los precios y los servicios contratados. Asimismo, se detectaron pagos realizados sobre la base de adendas que no fueron registradas en el sistema.
Por otra parte, se detectó que el convenio con Pagord Xchange, S.R.L., firmado en julio de 2021 para el cobro de servicios con una comisión del 10%, fue un mecanismo no aprobado por el órgano competente y no fue un contrato registrado formalmente, en violación de la normativa vigente.
Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron violaciones a la Ley núm. 10-07 sobre el Sistema Nacional de Control Interno, al Decreto núm. 3-19 sobre certificados médicos psicofísicos y a la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Estos incluyen: firma de contratos y adendas sin registro adecuado ante la Contraloría General, adjudicación de contratos sin publicación de ofertas económicas en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, modificaciones contractuales no justificadas, falta de transparencia en los procesos de contratación y convenios firmados con empresas privadas sin criterios claros de selección ni registros oficiales.
En cuanto al comportamiento financiero del INTRANT entre enero de 2021 y julio de 2022, se constató la falta de conciliaciones bancarias adecuadas que permitieran transparentar el comportamiento de los cobros efectuados a través de los distintos mecanismos, incluyendo PagordXchange S.R.L. Asimismo, se detectaron conciliaciones sin las firmas requeridas, lo que debilita los controles internos y afecta la transparencia en la gestión y el debido recaudo de los fondos.
La Unidad Antifraude reitera su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del control interno en las instituciones del Estado. El informe fue remitido la Procuraduría General de la República para la profundización en los hallazgos, la determinación de responsabilidades y la aplicación de las sanciones previstas por la ley; de igual modo, fue remitido a la Dirección General de Contrataciones Públicas para los fines correspondientes.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.