Opinión
¿Por qué la DEA le ha hecho esa mala pasada a Abinader?
Por Narciso Isa Conde
Hace una semana el gobierno dominicano alertó sobre la presencia en el país de varios capos del Cartel de Sinaloa, considerada la mayor organización de tráfico de drogas de México.
Sin embargo, días después, el presidente Luis Abinader en persona y el vicealmirante Manuel Cabrera, que dirige la Dirección Nacional Contra la Droga (DNCD), recularon y desmintieron oficialmente lo que se había informado sobre ciertas operaciones de ese cartel en el país.
Pero a pesar de que el Gobierno dominicano de esa manera negó «tajantemente» que el Cártel de Sinaloa tenga grupos o células operativas en la República Dominicana, Tony Velázquez, vocero de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) para la región del Caribe, contradijo la versión gubernamental y ofreció detalles consistentes que avalan su afirmación
Está claro, pues, que es la DEA del régimen de TRUMP la que dirige todas las investigaciones sobre el Cártel de Sinaloa aquí y en El Caribe.
Es evidente que no es la DNCD la que conduce ese proceso, a la cual la DEA le da informaciones y órdenes a conveniencia, y le oculta lo que le interesa ocultar con fines predeterminados.
Pasa esto último con las informaciones sensibles que la DEA y el sistema judicial estadounidense obtiene de las “confesiones premiadas” de delincuentes extraditados o capturados por autoridades gringas.
Ahora bien, hay demasiadas evidencias de que el Cártel de Sinaloa no simplemente tiene aquí una que otra célula operativa integrada por mexicanos, sino que cuenta y controla el cartel más importante de la especie nativa: el Cártel del Cibao.
Es notorio –y el reciente manejo estadounidense del incidente de los capos mexicanos aquí lo confirma- que a la DEA no le ha interesado hasta ahora destruir el Cártel del Cibao, sino más bien encubrir su dimensión, infiltrarlo y usarlo.
Más aún, a la DEA, en general, no le interesa eliminar el narco-tráfico, ni la narco-política, ni el lavado, ni la narco-economía capitalista.
En ninguna parte.
La DEA manipula la oferta y la demanda de droga, protege temporalmente los carteles que le convienen y les da garantías a sus propios carteles en territorio estadounidense.
También manipula a favor de las estrategias de EEUU el lavado de dinero sucio, una parte importante en favor de los grandes bancos de negocios estadounidenses
El Cártel del Cibao hace de puente doble Panamá-Santiago de los Caballeros-EEUU y Sinaloa-Santiago de los Caballeros-EEUU, y ha convertido a nuestro Santiago en una gran plaza del lavado del dinero de ese tráfico.
Es posible sí, que la incursión del Cártel de Sinaloa en el negocio del fentanilo, les esté causando problemas con la Administración Trump, interesada en contener el ingreso de ese tipo de droga en EEUU.
Pero, de todas maneras, es válida la pregunta:
¿Por qué el jefe de la DEA en el Caribe le ha hecho está mala pasada a Abinader y al vicealmirante Cabrera?
En verdad los hizo quedar feos, incluso como mentirosos, aunque reduciendo el grave problema de la asociación de los dos carteles referidos sólo a la presencia de algunas células operativas mexicanas en materia de lavado y sicariato.
· ¿NARCO-CHANTAJE IMPERIAL?
Este luce ser un recurso de presión y una amenaza latente de la DEA, ahora trumpista, para subordinar más aun al Estado neocolonial dominicano bajo la conducción de Abinader, del PRM y su claque oligárquica.
Esto tiene que ver con las huellas de la narco-política en el Cibao y más allá.
Miguel Gutiérrez, capturado en Miami por la DEA, es un prominente capo empresarial del Cartel del Cibao de la República Dominicana.
A través de él, ese cartel financió campañas del PLD y Gutiérrez mismo fue candidato perdedor del PLD en Santiago en el 2016.
En el 2020 los jefes del cartel, entre ellos Miguel Gutiérrez, a tono con la política gringa, cambiaron de partido preferido y decidieron apoyar las candidaturas del PRM.
Gutiérrez fue el intermediario del apoyo financiero al PRM desde el Cartel del Cibao en Santiago y en todo el Cibao Central. Fue postulado por ese partido a diputado por Santiago y resultó ganador.
Recordemos que Miguel Gutiérrez entonces era socio de la narco-familia López Pilarte, vinculada a la red de tráfico de éxtasis, la cual se involucró de igual manera en favor de PRM y de su candidatura presidencial…Vínculos directos, candidaturas, visitas, intercambios fotografiados… muestran esa determinación de ambas partes.
Arrestado en Miami, Miguel Gutiérrez se ha convertido en una fuente de “confesiones premiadas” que les permiten a la DEA y a EEUU darle un uso político en función de la dominación neocolonial, a esas y otras informaciones sensibles.
La alta dirección del PRM en Santiago, en La Vega y a nivel nacional, mordieron el anzuelo del narco-financiamiento electoral.
Ese partido, su gobierno, su Congreso… son entidades “chantajeables” por el poder imperialista estadounidense.
El PRM tiene sobre su cabeza esos y otros casos como los de Yamil Abreu y los diputados involucrados en la Operación Falcón.
El fenómeno no es exclusivo del PRM…los demás partidos tradicionales y sus gobiernos, el sistema de partido y electoral vigentes, han dado muestra de esa narco-contaminación en el marco de un narco-estado y un narco-empresariado de larga data.
En situaciones así la impunidad de partidos y de gobiernos, auspiciada por el padrino imperialista, tiene un precio alto.
Ese precio se llama aceptación sin límites del coloniaje estadounidense y utilización del régimen mientras no entre en crisis mayor, hasta que el desprestigio obligue a su reemplazarlo
Sobran los ejemplos como los casos de los Salinas de Gortari en México y Luis Orlando Hernández en Honduras.
Aquí esa reacción imperialista no ha llegado a ese extremo, pero ya aparecen las primeras señales de chantaje.
Esto, y no otra cosa, puede explicar las reacciones contradictorias de la DEA y de las altas instancias del gobierno en relación con el Cártel de Sinaloa y su presencia aquí.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.