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Emplazan al director Bienes Nacionales a precisar «mafia» de tierra.
Santo Domingo, R.D.-El director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos, fue emplazado por el expresidente Hipólito Mejía a precisar con hechos, casos y detalles todos los expedientes en los que él pudiera estar involucrado, directa o indirectamente, en supuesta pérdida de más de dos millones de tareas del Estado entre 2000 y 2020, dentro del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
“En defensa del honor y la transparencia, me veo en la obligación de responder públicamente a las declaraciones del Director General de Bienes Naciones que afectan directamente la integridad de mi gestión como presidente de la República” escribió Mejía en sus redes sociales acompañado de una carta enviada a Burgos Gómez.
En el texto le pidió al funcionario precisar los hechos que involucren tanto en su mandato presidencial, como en su desempeño como Secretario de Estado de Agricultura en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández.
En la misiva, Mejía le recordó al propio Burgos Gómez fue parte de su equipo, ocupando cargos relevantes durante su gestión, como asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de Zona Franca y gobernación de la Provincia de Santo Domingo, además de su participación en el proyecto político.
Burgos Gómez dijo que todavía hay tentáculos de esa mafia tanto en el CEA como en Bienes Nacionales, ambas instituciones dirigidas por él, donde personas se dedican a la venta y falsificación de títulos, de los que 14 casos fueron remitidos a la Procuraduría General República.
A continuación el texto íntegro de la carta de Hipólito Mejía
Señor
Rafael A. Burgos Gómez
Director General de Bienes Nacionales
Su despacho.-
Señor director:
He leído con atención la reseña aparecida en el periódico Diario Libre, columna «Diálogo Libre» de fecha 14 de julio de los corrientes, la cual recoge algunas contundentes afirmaciones de su parte, llegando a asegurar que «el Estado (dominicano) perdió más de 2 millones de tareas del 2000 al 2020», repartidos entre mafias de funcionarios, en lo que usted define como una «piñata».
Según cita el mencionado diario, usted dijo que de esa tierra, «el 70% fue adquirida por diferentes sectores de la vida nacional y muchas de ellas fueron regaladas o pagadas a un precio vil».
No es un secreto para nadie que quien suscribe desempeñó la presidencia de la República en el período 2000-2004. Tampoco es un secreto que en mi gobierno usted se desempeñó como Asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de Zona Franca, para luego pasar a ocupar la gobernación de la Provincia de Santo Domingo, amén de su participación destacada en mi proyecto político de entonces.
Como sus declaraciones salpican, alegremente, a todos cuantos trabajamos en el período gubernamental que me tocó presidir, deseo solicitarle que, en lo que pudiera referirse a mi persona, precise con hechos, casos y detalles todos los expedientes en que quien suscribe pudiera estar involucrado, directa o indirectamente, en relación con los hechos a que usted se ha referido.
Como usted asegura tener información de primera mano, también podría dar a conocer cualquier caso o situación que me involucre en apropiaciones dolosas en mi desempeño como Secretario de Estado de Agricultura, durante el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández.
En mi condición de expresidente de la República y como hombre público, convengo en el derecho que tiene el pueblo dominicano de conocer sobre la conducta de quienes hemos alcanzado algún nivel de liderazgo nacional. Por tanto, señor director, reclamo que usted establezca, de manera clara, precisa y contundente, por los mismos medios que expresó sus arriesgados comentarios frente a la opinión pública nacional, el alcance de sus declaraciones, especialmente en lo que se refiere a mi persona, a mi familia y al período gubernamental que me tocó servir.
Queda de usted,
Hipólito Mejía
Santo Domingo, R.D.-A partir de este jueves, la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en una visita realizada a Diario Libre.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
Implementación gradual
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Servicio de repatriación incluido
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó como «impostergable» el ordenamiento del sistema de tránsito terrestre en el país, advirtiendo que la falta de regulación real sobre las motocicletas se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana y la calidad de vida.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que la fragilidad institucional y la «pasividad de las autoridades» han permitido que el parque de motocicletas opere prácticamente sin controles efectivos, vinculándose frecuentemente con la delincuencia y la alta siniestralidad vial.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Ineficacia en aplicación de la ley
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la República, Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.