Opinión
Del círculo vicioso al círculo virtuoso: la hora del pueblo ha llegado
Por Isaías Ramos
En nuestro país, la pobreza no es solo una consecuencia económica: es el resultado político de un sistema estructurado para excluir, saquear y concentrar el poder. Hemos vivido por décadas atrapados en un círculo vicioso de instituciones políticas y económicas extractivas, donde quienes se enriquecen lo hacen a costa del sudor, la dignidad y el futuro del pueblo dominicano.
Este Estado no es verdaderamente democrático ni pluralista: es un Estado corporativo, partidista, clientelar y de privilegios, sostenido por instituciones diseñadas para perpetuar a una élite en el poder. Los partidos políticos —sin distinción de color— se han convertido en empresas familiares disfrazadas de representación. Controlan el Congreso, los tribunales, las licitaciones, los medios y hasta los sindicatos. No rinden cuentas, pero devoran miles de millones del erario. No representan al pueblo, pero legislan en su nombre.
Y cuando el pueblo exige justicia, le dan miseria. Cuando pide oportunidades, le entregan migajas. Y cuando levanta la voz, lo etiquetan, lo excluyen o lo compran.
El problema es más profundo: los sectores estratégicos de la nación han sido entregados al capital privado, mediante estructuras legales que disfrazan el saqueo como desarrollo.
Se han privatizado servicios esenciales —electricidad, puertos, aeropuertos, hospitales y seguridad social— convirtiendo derechos fundamentales en negocios millonarios para élites empresariales y actores políticos.
La energía, la minería que arrasa montañas y ríos, los aeropuertos entregados bajo contratos oscuros, y la seguridad social, con más de dos décadas beneficiando a las AFP y ARS sin garantizar salud ni pensiones dignas: todos son parte del mismo modelo extractivo, encubierto bajo términos técnicos como “alianzas público-privadas”, “fideicomisos públicos” y “concesiones”.
No modernizan la patria: la hipotecan.
Son mecanismos legalizados para robar a la nación, garantizar ganancias privadas con riesgo público y robarle el futuro a generaciones aún no nacidas, endeudándolas sin fin y sin justicia.
Es un saqueo con firma, toga y discurso tecnocrático. Y mientras tanto, el pueblo sobrevive, paga y calla.
En este sistema, el poder no está limitado por la voluntad popular, sino blindado por pactos de impunidad. Las instituciones políticas dominicanas protegen a quienes detentan el poder. En vez de frenar la corrupción, la facilitan. En vez de garantizar justicia, la neutralizan. En vez de promover el pluralismo, lo sabotean.
Y mientras más poder acumulan, más feroz es su lucha por conservarlo. Porque en este régimen, el poder no es un medio para servir al pueblo: es el botín más codiciado. Da acceso a contratos, medios, presupuesto e impunidad.
Por eso los partidos se matan por el poder, pero nunca se enfrentan entre sí para desmontar el sistema. Porque todos, aunque se disfracen de cambio o se “reinventen”, son parte del mismo engranaje.
Sin embargo, la historia no está cerrada. La sentencia del Tribunal Constitucional TC/0788/24, que reconoce el derecho pleno a las candidaturas independientes, ha roto el cerrojo de la partidocracia y ha devuelto al pueblo una herramienta que le habían robado: su soberanía.
Las candidaturas independientes no son una utopía ni un lujo electoral. Son una realidad. Representan la única vía legítima y pacífica para que ciudadanos honestos, sin compromisos con mafias políticas ni grupos empresariales, sirvan a su país sin ser esclavos del sistema.
Y más aún: son el único camino para reconstruir, desde abajo, un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, como manda nuestra Constitución. Un Estado donde el poder sirva a la vida, no a la avaricia. Donde la ley defienda al pueblo, no lo oprima. Donde el trabajo se traduzca en dignidad y el futuro deje de ser una sentencia para convertirse en promesa.
Este es el momento de pasar del círculo vicioso del privilegio, al círculo virtuoso del bienestar compartido.
De instituciones al servicio del saqueo, a instituciones al servicio de la vida.
De la impunidad garantizada, al imperio de la ley.
De una economía que beneficia a diez, a una que dignifique a diez millones.
Y ya está sucediendo.
El despertar ha comenzado y avanza a pasos agigantados por todo el país.
Cada vez más dominicanos se están organizando, formando y uniendo a la única vía legítima, pacífica y constitucional para rescatar la nación: las candidaturas independientes y la plataforma del Frente Cívico y Social (FCS).
Lo que falta no es coraje: es coordinación.
Lo que falta no es pueblo: es un propósito común.
Y ya lo tenemos: hacer realidad nuestra Constitución vigente.
Construir, desde abajo, el Estado Social y Democrático de Derecho que nos prometieron y nos han negado.
Un país donde reine el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades para todos, no solo para una minoría privilegiada.
Pero cuidado. No basta con despertar. Hay que tomar partido. La historia nos recuerda que incluso cuando surge un libertador con fuerza para derribar al opresor, el propio pueblo —por miedo o comodidad— puede traicionarlo y entregarlo.
Hoy, las candidaturas independientes son el Sansón del pueblo dominicano. No nacieron del sistema, no obedecen a mafias ni se doblegan ante los privilegios. Son la única posibilidad real, legítima y constitucional de romper las cadenas del saqueo institucional.
Pero si el pueblo no se une —si prefiere seguir atado al yugo partidista— podría repetir el error de entregar a su Sansón, atarlo con sogas nuevas y condenarse a más décadas de miseria.
No traicionemos nuestra única oportunidad.
No entreguemos la fuerza que puede liberarnos.
El Frente Cívico y Social no nació para pactar con los opresores.
Nació para refundar la patria con los principios y valores que le dieron su origen, y devolverle el poder a quienes siempre debió pertenecerle: al pueblo dominicano.
¡Despierta,RD!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.