Opinión
Del círculo vicioso al círculo virtuoso: la hora del pueblo ha llegado
Por Isaías Ramos
En nuestro país, la pobreza no es solo una consecuencia económica: es el resultado político de un sistema estructurado para excluir, saquear y concentrar el poder. Hemos vivido por décadas atrapados en un círculo vicioso de instituciones políticas y económicas extractivas, donde quienes se enriquecen lo hacen a costa del sudor, la dignidad y el futuro del pueblo dominicano.
Este Estado no es verdaderamente democrático ni pluralista: es un Estado corporativo, partidista, clientelar y de privilegios, sostenido por instituciones diseñadas para perpetuar a una élite en el poder. Los partidos políticos —sin distinción de color— se han convertido en empresas familiares disfrazadas de representación. Controlan el Congreso, los tribunales, las licitaciones, los medios y hasta los sindicatos. No rinden cuentas, pero devoran miles de millones del erario. No representan al pueblo, pero legislan en su nombre.
Y cuando el pueblo exige justicia, le dan miseria. Cuando pide oportunidades, le entregan migajas. Y cuando levanta la voz, lo etiquetan, lo excluyen o lo compran.
El problema es más profundo: los sectores estratégicos de la nación han sido entregados al capital privado, mediante estructuras legales que disfrazan el saqueo como desarrollo.
Se han privatizado servicios esenciales —electricidad, puertos, aeropuertos, hospitales y seguridad social— convirtiendo derechos fundamentales en negocios millonarios para élites empresariales y actores políticos.
La energía, la minería que arrasa montañas y ríos, los aeropuertos entregados bajo contratos oscuros, y la seguridad social, con más de dos décadas beneficiando a las AFP y ARS sin garantizar salud ni pensiones dignas: todos son parte del mismo modelo extractivo, encubierto bajo términos técnicos como “alianzas público-privadas”, “fideicomisos públicos” y “concesiones”.
No modernizan la patria: la hipotecan.
Son mecanismos legalizados para robar a la nación, garantizar ganancias privadas con riesgo público y robarle el futuro a generaciones aún no nacidas, endeudándolas sin fin y sin justicia.
Es un saqueo con firma, toga y discurso tecnocrático. Y mientras tanto, el pueblo sobrevive, paga y calla.
En este sistema, el poder no está limitado por la voluntad popular, sino blindado por pactos de impunidad. Las instituciones políticas dominicanas protegen a quienes detentan el poder. En vez de frenar la corrupción, la facilitan. En vez de garantizar justicia, la neutralizan. En vez de promover el pluralismo, lo sabotean.
Y mientras más poder acumulan, más feroz es su lucha por conservarlo. Porque en este régimen, el poder no es un medio para servir al pueblo: es el botín más codiciado. Da acceso a contratos, medios, presupuesto e impunidad.
Por eso los partidos se matan por el poder, pero nunca se enfrentan entre sí para desmontar el sistema. Porque todos, aunque se disfracen de cambio o se “reinventen”, son parte del mismo engranaje.
Sin embargo, la historia no está cerrada. La sentencia del Tribunal Constitucional TC/0788/24, que reconoce el derecho pleno a las candidaturas independientes, ha roto el cerrojo de la partidocracia y ha devuelto al pueblo una herramienta que le habían robado: su soberanía.
Las candidaturas independientes no son una utopía ni un lujo electoral. Son una realidad. Representan la única vía legítima y pacífica para que ciudadanos honestos, sin compromisos con mafias políticas ni grupos empresariales, sirvan a su país sin ser esclavos del sistema.
Y más aún: son el único camino para reconstruir, desde abajo, un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, como manda nuestra Constitución. Un Estado donde el poder sirva a la vida, no a la avaricia. Donde la ley defienda al pueblo, no lo oprima. Donde el trabajo se traduzca en dignidad y el futuro deje de ser una sentencia para convertirse en promesa.
Este es el momento de pasar del círculo vicioso del privilegio, al círculo virtuoso del bienestar compartido.
De instituciones al servicio del saqueo, a instituciones al servicio de la vida.
De la impunidad garantizada, al imperio de la ley.
De una economía que beneficia a diez, a una que dignifique a diez millones.
Y ya está sucediendo.
El despertar ha comenzado y avanza a pasos agigantados por todo el país.
Cada vez más dominicanos se están organizando, formando y uniendo a la única vía legítima, pacífica y constitucional para rescatar la nación: las candidaturas independientes y la plataforma del Frente Cívico y Social (FCS).
Lo que falta no es coraje: es coordinación.
Lo que falta no es pueblo: es un propósito común.
Y ya lo tenemos: hacer realidad nuestra Constitución vigente.
Construir, desde abajo, el Estado Social y Democrático de Derecho que nos prometieron y nos han negado.
Un país donde reine el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades para todos, no solo para una minoría privilegiada.
Pero cuidado. No basta con despertar. Hay que tomar partido. La historia nos recuerda que incluso cuando surge un libertador con fuerza para derribar al opresor, el propio pueblo —por miedo o comodidad— puede traicionarlo y entregarlo.
Hoy, las candidaturas independientes son el Sansón del pueblo dominicano. No nacieron del sistema, no obedecen a mafias ni se doblegan ante los privilegios. Son la única posibilidad real, legítima y constitucional de romper las cadenas del saqueo institucional.
Pero si el pueblo no se une —si prefiere seguir atado al yugo partidista— podría repetir el error de entregar a su Sansón, atarlo con sogas nuevas y condenarse a más décadas de miseria.
No traicionemos nuestra única oportunidad.
No entreguemos la fuerza que puede liberarnos.
El Frente Cívico y Social no nació para pactar con los opresores.
Nació para refundar la patria con los principios y valores que le dieron su origen, y devolverle el poder a quienes siempre debió pertenecerle: al pueblo dominicano.
¡Despierta,RD!
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.