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Tribunal del Distrito Nacional fallará caso Antipulpo el 13 de agosto.
Santo Domingo, R.D.-El fallo sobre el caso Antipulpo será emitido el próximo 13 agosto por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual es uno de los casos judiciales por corrupción administrativa más grande de la historia nacional, en el que están involucrados funcionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Las expectativas crecen en si habrá condena o no en este proceso judicial en el que el Ministerio Público pide hasta 20 años de prisión y decomiso de bienes contra los imputados.
El caso involucra una cantidad significativa de bienes sujetos a decomiso: en total, 60 inmuebles, 67 vehículos, RD$553,063,784 en efectivo y US$1,495,682 entre entregados e inmovilizados.
Para el sociólogo Cándido Mercedes, este expediente judicial no solo representa uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en la historia reciente de República Dominicana, sino también una expresión clara de lo que se denomina “captura del Estado”: la capacidad de ciertos actores gubernamentales de operar al margen de la ley desde posiciones de poder, violando normas, desfigurando procedimientos e institucionalizando la impunidad.
Según el sociólogo, si los implicados no reciben condena, más allá de las demoras procesales, la sociedad dominicana asistirá a una regresión de su incipiente institucionalidad judicial.
Uno de los principales problemas que señala Mercedes es la lentitud del sistema de justicia. El caso Antipulpo lleva casi cinco años en los tribunales.
«Por suerte no se cayó por extinción del tiempo, gracias a que las juezas entendieron que los aplazamientos en muchos casos se debían a tácticas dilatorias de los propios imputados», explica.
Desde solicitudes por razones médicas, hasta excusas por luto o malestares menores, el proceso ha sido saboteado, sostiene, por prácticas que buscan alargar indefinidamente la espera de justicia.
“Esas excusas no pueden tomarse en cuenta para extinguir procesos tan graves”, señala.
Uno de los elementos que, a juicio del sociólogo, fortalece la causa del Ministerio Público es el volumen y solidez de las pruebas presentadas. “Una de las críticas era que los expedientes estaban sobrecargados», apuntó.
Sostuvo que Yeni Berenice Reynoso tenía razón cuando dijo que en estos tipos de casos se trata de megacorrupción y que había que sobrecargar de pruebas, porque los fisclaes «se enfrentan a los mejores abogados del país”.
Agregó que este expediente cuenta con más de 12 mil páginas; contiene pruebas documentales, periciales, testimoniales, transacciones y hasta devoluciones de dinero por parte de algunos implicados.
Para Mercedes, la devolución de fondos por sí sola ya constituye una forma de admisión de culpa.
Cándido Mercedes no se limita al ámbito judicial. Su análisis es también político, sociológico e histórico.
“Si esos personajes no son condenados -reitera-, los jueces que fallen en ese sentido serán condenados por el juicio de la historia y de la sociedad”.
El pueblo, dice, suele confundir el Ministerio Público con el Poder Judicial. “Pero son distintos. Aquí el Ministerio Público ha avanzado mucho; la justicia está tratando de modernizarse, pero todavía está rezagada”.
El sociólogo recuerda etapas oscuras del sistema de justicia dominicano: “Con Balaguer estábamos en 20, con Leonel llegamos a 60 o 70. Con Mariano Germán retrocedimos. Era un buen abogado, pero no debía dirigir una institución tan compleja. Hubo incluso casos bochornosos que reflejaban la falta de institucionalidad”.
La conclusión de Mercedes es contundente: “Sociológicamente, si no hay condenas, eso va a generar un terrible daño en la esperanza de una sociedad regenerada”.
El caso Antipulpo se convierte así en un termómetro del verdadero compromiso del país con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
El coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez (Pancho), también coincide en que existen grandes expectativas con esta sentencia, ya que es el primero de los grandes casos de corrupción que recibirá fallo de fondo.
“Entiendo que el Ministerio Público hizo un buen trabajo en este caso y presentó una acusación robusta, basada en una cantidad impresionante de pruebas”, evaluó.
Recordó que originalmente eran 27 imputados, de los cuales varios llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, como Francisco Pagán, Domingo Antonio Santiago Muñoz y Julián Esteban Suriel Suazo.
El que varios implicados admitieran su responsabilidad fortalece el caso contra los que no lo hicieron. Además, la acusación fue sustentada por 169 testigos, 1,946 pruebas documentales, 81 pruebas periciales y 115 pruebas materiales.
Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.
Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.
Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.
Buscan a los tripulantes
La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.
- En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.
«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.
De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.
«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.
Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024
Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.
- La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.
Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.
Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.
La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.