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Tribunal del Distrito Nacional fallará caso Antipulpo el 13 de agosto.
Santo Domingo, R.D.-El fallo sobre el caso Antipulpo será emitido el próximo 13 agosto por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual es uno de los casos judiciales por corrupción administrativa más grande de la historia nacional, en el que están involucrados funcionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Las expectativas crecen en si habrá condena o no en este proceso judicial en el que el Ministerio Público pide hasta 20 años de prisión y decomiso de bienes contra los imputados.
El caso involucra una cantidad significativa de bienes sujetos a decomiso: en total, 60 inmuebles, 67 vehículos, RD$553,063,784 en efectivo y US$1,495,682 entre entregados e inmovilizados.
Para el sociólogo Cándido Mercedes, este expediente judicial no solo representa uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en la historia reciente de República Dominicana, sino también una expresión clara de lo que se denomina “captura del Estado”: la capacidad de ciertos actores gubernamentales de operar al margen de la ley desde posiciones de poder, violando normas, desfigurando procedimientos e institucionalizando la impunidad.
Según el sociólogo, si los implicados no reciben condena, más allá de las demoras procesales, la sociedad dominicana asistirá a una regresión de su incipiente institucionalidad judicial.
Uno de los principales problemas que señala Mercedes es la lentitud del sistema de justicia. El caso Antipulpo lleva casi cinco años en los tribunales.
«Por suerte no se cayó por extinción del tiempo, gracias a que las juezas entendieron que los aplazamientos en muchos casos se debían a tácticas dilatorias de los propios imputados», explica.
Desde solicitudes por razones médicas, hasta excusas por luto o malestares menores, el proceso ha sido saboteado, sostiene, por prácticas que buscan alargar indefinidamente la espera de justicia.
“Esas excusas no pueden tomarse en cuenta para extinguir procesos tan graves”, señala.
Uno de los elementos que, a juicio del sociólogo, fortalece la causa del Ministerio Público es el volumen y solidez de las pruebas presentadas. “Una de las críticas era que los expedientes estaban sobrecargados», apuntó.
Sostuvo que Yeni Berenice Reynoso tenía razón cuando dijo que en estos tipos de casos se trata de megacorrupción y que había que sobrecargar de pruebas, porque los fisclaes «se enfrentan a los mejores abogados del país”.
Agregó que este expediente cuenta con más de 12 mil páginas; contiene pruebas documentales, periciales, testimoniales, transacciones y hasta devoluciones de dinero por parte de algunos implicados.
Para Mercedes, la devolución de fondos por sí sola ya constituye una forma de admisión de culpa.
Cándido Mercedes no se limita al ámbito judicial. Su análisis es también político, sociológico e histórico.
“Si esos personajes no son condenados -reitera-, los jueces que fallen en ese sentido serán condenados por el juicio de la historia y de la sociedad”.
El pueblo, dice, suele confundir el Ministerio Público con el Poder Judicial. “Pero son distintos. Aquí el Ministerio Público ha avanzado mucho; la justicia está tratando de modernizarse, pero todavía está rezagada”.
El sociólogo recuerda etapas oscuras del sistema de justicia dominicano: “Con Balaguer estábamos en 20, con Leonel llegamos a 60 o 70. Con Mariano Germán retrocedimos. Era un buen abogado, pero no debía dirigir una institución tan compleja. Hubo incluso casos bochornosos que reflejaban la falta de institucionalidad”.
La conclusión de Mercedes es contundente: “Sociológicamente, si no hay condenas, eso va a generar un terrible daño en la esperanza de una sociedad regenerada”.
El caso Antipulpo se convierte así en un termómetro del verdadero compromiso del país con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
El coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez (Pancho), también coincide en que existen grandes expectativas con esta sentencia, ya que es el primero de los grandes casos de corrupción que recibirá fallo de fondo.
“Entiendo que el Ministerio Público hizo un buen trabajo en este caso y presentó una acusación robusta, basada en una cantidad impresionante de pruebas”, evaluó.
Recordó que originalmente eran 27 imputados, de los cuales varios llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, como Francisco Pagán, Domingo Antonio Santiago Muñoz y Julián Esteban Suriel Suazo.
El que varios implicados admitieran su responsabilidad fortalece el caso contra los que no lo hicieron. Además, la acusación fue sustentada por 169 testigos, 1,946 pruebas documentales, 81 pruebas periciales y 115 pruebas materiales.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.