Opinión
Cuando la Miopía Gobierna
Por Isaías Ramos
Hay decisiones que marcan la diferencia entre civilización y barbarie. Esta es una de ellas.
El gobierno dominicano ha decidido mutilar el Jardín Botánico con la excusa de “mejorar la fluidez vehicular”. ¿Puede llamarse visión sacrificar un pulmón verde para ocultar el fracaso histórico de la movilidad nacional? No. Esto no es planificación: es barbarie disfrazada de modernidad.
El Jardín Botánico no es un lujo: es vida. Es el último respiro de una capital que se asfixia en humo, ruido y cemento. Arrancarlo para abrir más asfalto es como amputarse los pulmones para correr más rápido. Ningún país que respete la vida mutila sus reservas naturales para tapar la improvisación de sus gobernantes. Pero esta no es solo una decisión equivocada: es la prueba de que el poder sigue en manos de hombres miopes que hipotecan el futuro por minutos en el tránsito.
Hace décadas, Joaquín Balaguer —con todas las críticas que merece su legado— entendió que la planificación urbana era la base del desarrollo. Por eso construyó parques, avenidas y áreas verdes que todavía hoy amortiguan el caos. Si no fuera por esa visión, Santo Domingo sería una jungla intransitable. Después de él, ¿qué vino? Gobiernos sin propósito, que cambiaron la visión por parches y la ética por clientelismo.
Las cifras son un grito que no se puede silenciar: la República Dominicana tiene más de seis millones de vehículos, y 3.5 millones son motocicletas: el 58 % del parque vehicular. Este dato no es cultura popular: es el retrato brutal de gobiernos que renunciaron a planificar. El costo humano es devastador: en lo que va de 2025, más de 1,400 dominicanos han perdido sus vidas en accidentes de tránsito, y más del 70 % de esas tragedias involucran motocicletas. Desde hace años, el país ocupa uno de los primeros lugares del mundo en muertes por accidentes viales, un ranking que nos llena de vergüenza y dolor.
En promedio, cerca de siete dominicanos pierden la vida cada día en accidentes de tránsito. Y no hablamos de palomas ni de pollos: hablamos de vidas humanas. Cada día, siete familias dominicanas reciben la peor llamada: que un hijo, un padre o una madre no volverá a casa. Si esto no es violencia, ¿qué lo es? No solo se mata con fusiles —como en las dictaduras sanguinarias— también se mata con la falta de oportunidades, la ausencia de visión, la falta de formación humana, educación urbana, cívica y moral. Se mata con el clientelismo y la opresión de un sistema que prefiere perpetuar la miseria antes que planificar el desarrollo.
No es casual que la nación esté atrapada en este desorden. Como dice la Escritura: “Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena; pero bienaventurado el que guarda la ley” (Proverbios 29:18). Y cuando el pueblo se desenfrena, la anarquía y la muerte se convierten en normalidad, porque quienes gobiernan lo hacen sin propósito ni dirección.
Por eso necesitamos recuperar la visión. Porque está escrito: “Donde no hay visión, el pueblo perece”. Hoy, nuestra Constitución —nuestra ley suprema— nos ordena construir un Estado Social y Democrático de Derecho. Esa debe ser nuestra visión. Pero la partidocracia la ignora y la traiciona, y ha hecho del atraso su negocio.
Y que nadie se engañe: ese cambio no vendrá de la partidocracia. El pueblo dominicano debe empoderarse para respaldar candidaturas independientes auténticas, libres de ataduras a ese sistema extractivo y comprometidas con hacer realidad el Estado Social y Democrático de Derecho.
En el Frente Cívico y Social asumimos esta lucha como un compromiso irreversible con la nación. No buscamos parches: buscamos un cambio estructural que devuelva al pueblo su derecho a vivir con dignidad, en un país planificado, seguro y justo. Nuestra hoja de ruta es clara: Orden, Justicia e Igualdad de Oportunidades.
El Jardín Botánico no es solo un jardín: es la línea divisoria entre el país que improvisa y el país que se atreve a planificar su futuro. Porque gobernar no es mutilar pulmones: gobernar es anticipar el porvenir y garantizar la vida.
Hoy, más que nunca, el pueblo tiene el poder de romper la cadena de improvisación. No es un sueño: es un deber histórico. El futuro comienza cuando decimos basta y elegimos gobernarnos con visión. Porque la miopía en el poder mata tanto como la dictadura; solo que lo hace en silencio, con asfalto, humo y miseria.
Visión es vida. Miopía es muerte. Elige la visión.
¡Despierta, RD!
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.