Nacionales
La pregunta que muchos se hacen es cuándo entra en funciones el Ministerio de Justicia
Santo Domingo, R.D.-El ámbito administrativo del sistema judicial del país pasará a manos del Ministerio de Justicia a partir de la entrada en vigencia de la ley que crea el mismo, la cual fue promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado sábado.
El marco legislativo establece en el artículo 72 que su contenido entra en vigencia de manera inmediata, luego de que el Gobierno complete el procedimiento constitucional, etapa que precisamente se encuentra finalizada.
Sin embargo, la pieza no le coloca al presidente Luis Abinader un plazo para que disponga el funcionamiento de esta entidad gubernamental. Esto debido a que el inicio de las operaciones del Ministerio de Justicia depende completamente de la designación del incumbente que debe realizar el primer mandatario.
“Plazo para puesta en funcionamiento del Ministerio de Justicia. A partir de la designación del ministro de Justicia, se dispondrá de un plazo máximo de doce meses para la puesta en funcionamiento definitiva del Ministerio de Justicia y los organismos autónomos y descentralizados que les son adscritos”, ordena el artículo antes mencionado.
Además, establece que el funcionario deberá desarrollar una “estrecha coordinación” con cada una de las instituciones de las cuales asume algún tipo de función. Estas son el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al igual que cualquier otra entidad de los poderes judiciales y ejecutivo del Estado.
Funciones
Este nuevo ministerio asumirá la gestión de las operaciones penitenciarias en las 32 provincias del territorio nacional, auxiliaría a los tribunales y órganos de investigación con los trabajos científicos forenses, así como la administración del registro y certificación de los documentos oficiales, entre otras atribuciones.
Con esto, el Ministerio Público podrá encargarse “únicamente” de las políticas de persecución criminal.
Mientras que, sobre los fondos económicos de gestión y el personal, la ley ordena al funcionario comunicarse con el Ministerio de Administración Pública (MAP), la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Bienes Nacionales para la asignación y traspaso de los activos que le correspondan.
Reglamentos
El artículo 68 de la ley le establece al presidente Luis Abinader las siguientes fechas con las que debe cumplir para elaborar los reglamentos y las normativas:
– Un plazo máximo de seis meses, para la aprobación del reglamento general de aplicación de esta ley y el reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.
– Un plazo máximo de ocho meses, para la aprobación de los reglamentos correspondientes a la Dirección General de Servicios Penitenciarios Correccionales y la Oficina del Abogado General de la Administración Pública.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, no se opone a que se otorgue una prórroga al Ministerio Público para presentar acusación.
El doctor Miguel Valerio dijo que es un caso complejo y que es un derecho que tienen los fiscales de la de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Mientras que el abogado Hiroito Reyes, quien representa al imputado German Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico de Senasa, tampoco puso oposición a que se dé un tiempo al Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión luego de que la defensa del imputado, Francisco Minaya no compareciera a la audiencia, debido que su padre falleció la noche del martes y se encontraba en la funeraria.
Wilson Camacho y Mirna Ortiz procuran que se de cuatro meses más para presentar acusación formal, pedimento que se suman los abogados que representan al Estado dominicano.
Los primeros cinco guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.
También figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.
Al grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.