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Continúan aún los viajes ilegales hacia Puerto Rico por parte de dominicanos.
Sabana de la Mar (EFE).- Los dominicanos se siguen aventurando en viajes irregulares a Puerto Rico en busca de oportunidades, a pesar de los naufragios y de la nueva política migratoria de los Estados Unidos.
Uno de los principales puertos de salida de la emigración irregular hasta la isla vecina es el municipio de Sabana de la Mar, ubicado en la provincia de Hato Mayor, en la región este, donde desde hace décadas miles de dominicanos han partido en las llamadas ‘yolas’, pequeñas embarcaciones de madera o fibra.
«Desde los años ’80 (del siglo pasado) la migración hacia Puerto Rico ha sido la principal alternativa para buscar una mejor calidad de vida», señaló a EFE Luis Carlos López, exregidor de Sabana de la Mar y coordinador regional nordeste del Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana.
Una salida ante la falta de oportunidades
Para López, la situación económica «es la raíz de este mal» que hace que hombres y mujeres de todas las edades quieran migrar en busca de una mejor vida.
Según el exregidor, hay personas que pagan incluso 5.000, 10.000 o incluso 20.000 dólares por un viaje.
«Toman préstamos bancarios, venden terrenos o casas, venden todo lo que tienen a su alcance para lograr migrar a Puerto Rico», dijo.
López participó en el rescate de uno de los naufragios más devastadores de las últimas décadas, ocurrido en febrero de 2012, en el que fallecieron más de 50 personas por el hundimiento de la barca en la que viajaban más de 70 personas con destino a Puerto Rico.
«Fue una situación muy triste, los familiares estaban desesperados tratando de identificar los cuerpos. Cuando llegábamos a la costa dejábamos a los cadáveres en la orilla de la playa donde estaba la Defensa Civil y los voluntarios, y teníamos que regresar otra vez con la lancha para dentro a seguir sacando más cadáveres. Fue algo muy desgarrador que no quisiera volver a vivir», recordó López.
Eugenio Reyes, también vecino de este municipio pesquero, participó en rescates de varios naufragios, incluida la tragedia del 2012 en la que él cree que hubo «más muertos» que no se pudieron contabilizar en el recuento oficial.
«Exhorto a la juventud a que se lo piensen antes de montarse en una ‘yola’ para irse», indicó Reyes, que también trató de llegar de manera irregular a la isla de Puerto Rico en 1997, cuando tenía 22 años.
Viajes afectados por la política migratoria de Trump
Por su parte, Alejandro De La Rosa, sabanalamarino de 34 años, aseguró haber intentado llegar a Puerto Rico, un estado asociado de Estados Unidos, en once ocasiones, en viajes que suelen tardar dos días en el mar.
«Es mejor ir a Puerto Rico que tratar de trabajar en otras partes de República Dominicana. Porque si sales de aquí para buscar una mejoría y tienes que pagar apartamento, a veces con el sueldo mínimo que pagan en este país, no alcanza», indicó De La Rosa.
«Hay jóvenes que han llegado a Puerto Rico y han logrado algo, hay algunos que se han construido una casa aquí en poco tiempo desde que están allí», afirmó.
Desde la llegada en enero pasado de Donald Trump a la presidencia de los EE.UU., los viajes irregulares con destino a Puerto Rico se han visto afectados.
«Ahora, como está Trump, no se quiere ir nadie», reconoció De La Rosa.
Por su parte, López también indicó que «las nuevas políticas del gobierno de Donald Trump han afectado significativamente» a Sabana de la Mar puesto que «las remesas son una de las principales fuentes de economía de este municipio».
Para López, un apasionado del municipio, gran parte de la solución para mejorar las condiciones de vida de la provincia pasa por mejorar las vías de acceso de Sabana de la Mar hacia el Parque Nacional de los Haitises para que puedan llegar más turistas.
«Cuando tengamos vías de acceso, Sabana de la Mar no va a tener suficientes hoteles ni restaurantes para dar respuesta a la gran cantidad de turistas que van a venir aquí».
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.