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Procuraduría es emplazada a investigar corrupción de Odebrecht en Punta Catalina
Santo Domingo.– El Comité Nacional de Lucha Contra Contra el Cambio ante la reciente publicación de los resultados de la auditoría financiera de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, practicada por la Cámara de Cuentas, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, emplazaron a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, a abrir de inmediato una investigación sobre los actos de corrupción del Consorcio Odebrecht y sus cómplices en la generadora de electricidad.
Según la Cámara de Cuentas, la auditoría financiera de Punta Catalina reveló que el costo de la construcción de esta termoeléctrica ascendió a RD$148 mil millones y que se produjo una sobrevaluación de unos 442 millones de dólares.
Las entidades exigen a la Cámara de Cuentas la publicación tanto de la auditoría financiera que practicada por esta entidad a Punta Catalina, como la auditoría financiera forense que realizó una firma de auditores internacionales contratada por el Ministerio de Energía y Minas, cuyos resultados fueran anunciados públicamente por el entonces ministro de esa cartera, Antonio Almonte, en abril del año pasado.
«El público debe tener acceso a los informes de estas dos auditorías para poderlas comparar, porque no es poca cosa que exista una diferencia de más de 600 millones de dólares en cuanto a la sobrevaluación entre una y otra auditoría. Esto debe ser dilucidado de forma transparente y pública», insistieron.
Informaron que las organizaciones desde hace meses han estado reclamando por vía de libre acceso a la información pública, la auditoría financiera forense que el ministro Antonio Almonte anunciara, sin que la Cámara de Cuentas o el Ministerio de Energías y Minas entregaran este documento, a pesar de que es de naturaleza pública.
Momento adecuado
Plantearon que este es el momento adecuado para que el Ministerio Público inicie la investigación contra la corrupción del Consorcio Odebrecht y sus cómplices, ya que existen pruebas materiales de estos delitos.
Indicaron que hasta la fecha, ni el Ministerio Público ni la justicia han abordado la colosal corrupción cometida por el Consorcio Odebrecht en Punta Catalina, a pesar de que cientos de miles de personas lo han reclamado en las calles del país.
Dijeron que a principios de este año 2025, las organizaciones denunciaron la corrupción del Consorcio Odebrecht y sus cómplices en Punta Catalina, ante la Audiencia sobre Corrupción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, celebrada en Washington, EUA,
Recordaron que Odebrecht rompió el acuerdo de lenidad que suscribió en 2017 con el Ministerio Público, al dejar de pagar la indemnización de 184 millones de dólares a favor del Estado dominicano. Hasta la fecha únicamente ha pagado de esta suma, 60 millones de dólares, quedando pendientes 124 millones de dólares.
Las organizaciones expresaron su esperanza de que la magistrada Yeni Berenice Reynoso cumpla la promesa que les hizo el 30 de agosto del año pasado, cuando era la directora de persecución de la PGR, de que iniciaría la persecución contra el Consorcio de Odebrecht por la corrupción cometida en la construcción de Punta Catalina.
Se debe investigar a la actual administración de Punta Catalina
Manifestaron que la investigación debe abarcar a todos los miembros del consorcio, que son Odebrecht, Tecnimont y el Grupo Estrella.
Consideraron que esta investigación debe incluir a la actual gerencia de Punta Catalina que conociendo la existencia de estas fallas técnicas estructurales o vicios de construcción, escondió su existencia y tomó recursos del Estado dominicano para corregir parte de estas fallas, contratando a Odebrecht y a Tecnimont, responsables directos de haberlas causado.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.