Nacionales
El Codigo Penal siguen siendo objeto de interpretación por los actores de la justicia.
Santo Domingo. -La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ofreció una conferencia en el marco del 45 aniversario del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), con el titulo «Mejoras en el Código Penal» de la Republica Dominicana ante colaboradores e invitados.
Durante su exposición, la Procuradora abordó las innovaciones esenciales de la Ley 74-25, norma mediante la cual se instituyó el nuevo Código Penal en sustitución del antiguo régimen, vigente desde 1884.
Con su promulgación el 3 de agosto de 2025, esta reforma legal inaugura una etapa normativa más acorde con las realidades contemporáneas, aunque su entrada en vigencia está prevista dentro de 12 meses, en agosto de 2026.
Reynoso resaltó que este nuevo Código Penal eleva la pena máxima para delitos graves hasta 40 años de prisión y permite la acumulación de condenas hasta un límite de 60 años en casos de múltiples infracciones.
Durante la conferencia, la procuradora fue enfática en recordar que los servidores públicos son portadores de un rol y un deber que implica un compromiso mayor frente a la sociedad.
La magistrada llamó a todos los servidores públicos actuar de manera correcta, y recordó que la corrupción no es solo un delito, sino una violación a los derechos humanos.
La Procuradora resaltó el trabajo que hace INFOTEP para el país, afirmando que es una inversión para el presente y el futuro, y es un motivo para estar orgullosos, y continuar haciéndolo de manera correcta.
“El INFOTEP es una institución que impacta el país con el desarrollo de miles de dominicanos, que tienen la oportunidad de mejorar su calidad de vida a traves de la formación” expresó.
Recordó que, bajo el código anterior, existían limitaciones para afrontar delitos complejos del siglo XXI, como el crimen cibernético o las organizaciones criminales internacionales.
De su lado, el Rafael Santos Badía, director general del INFOTEP reafirmó el compromiso de la institución con la transparencia y la integridad, pilares que según destacó han caracterizado a la institución desde su fundación, el 16 de octubre de 1980.
“El INFOTEP funciona desde su fundación bajo reglas de transparencia. La ley establece un sistema tripartito, con una Junta de Directores integrada por empresarios, trabajadores y el Estado. Eso ha permitido que, sin importar quién dirija la institución, siempre prevalezca un sistema de transparencia”, expresó Santos Badía.
Enfatizó también la importancia de que todos los servidores públicos conozcan a fondo el nuevo Código Penal, para actuar conforme a la ley y evitar errores que puedan comprometer su gestión.
“Todo funcionario, no importa su rango, que desee vivir tranquilo, aun después de ejercer sus funciones, tiene que conocer el Código. Porque se peca, como dice el credo cristiano, por palabras, obras y omisiones”, afirmó.
El director general subrayó que el INFOTEP, además de formar técnicos competentes, forma en valores, ofreciendo oportunidades de superación a jóvenes que encuentran en la capacitación técnica una vía para transformar sus vidas.
El encuentro contó con la participación de colaboradores e invitados especiales del INFOTEP, institución que articula los sectores público y privado en un esfuerzo conjunto por fortalecer la formación técnico-profesional y los valores éticos en el ejercicio de las funciones públicas.
Santo Domingo, R.D.-Un procedimiento administrativo sancionador en contra la firma encuestadora ACD Media, SRL, ha iniciado la Junta Central Electoral (JCE) al formular un pliego inicial de cargos por la presunta publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del período legalmente habilitado, en aplicación del reglamento aprobado por el organismo en mayo pasado, cuya medida abre un proceso contradictorio, pero no implica una declaración definitiva de responsabilidad.
La actuación fue dispuesta por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE la apoderara para investigar dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media: una encuesta divulgada el 1 de junio y otra el 13 de julio de este año, ambas publicadas por Diario Libre.
Según el órgano electoral, los sondeos incluían mediciones sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales de cara a 2028, por lo que, de manera preliminar, poseen contenido político-electoral.
Los críticos del reglamento de la JCE, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostienen que el organismo fue más allá de ese marco legal al extender la prohibición hasta impedir la publicación de encuestas desde antes del inicio de la precampaña, una limitación que -afirman- no fue establecida por el Congreso en las leyes electorales. Esa es la cuestión que ahora deberá dilucidarse en la jurisdicción constitucional, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declinara conocer el fondo del caso y lo remitiera al Tribunal Constitucional.
La JCE sostiene que ambas publicaciones se realizaron después de la entrada en vigor del Reglamento sobre Encuestas, vigente desde el 22 de mayo de 2026, pero antes del inicio del período oficial de precampaña, durante el cual sí estaría permitida la difusión de este tipo de estudios. El artículo 13 de la normativa prohíbe expresamente la publicación de encuestas con fines electorales fuera de esos plazos y contempla como sanción principal la suspensión temporal del registro de la firma entre seis meses y un año; la cancelación definitiva solo procedería en caso de reincidencia.
El expediente enfatiza, sin embargo, que la imputación tiene carácter provisional. La JCE deberá determinar durante la instrucción el grado de participación de ACD Media en la elaboración, autorización y difusión de las encuestas, mientras la empresa dispondrá de 10 días calendario para presentar su defensa, pruebas y argumentos jurídicos.
La decisión se produce en medio de un intenso debate jurídico sobre la validez del reglamento. La Finjus sostuvo desde su aprobación que la JCE excedió las facultades que le confieren las leyes electorales al prohibir la publicación de encuestas antes de la precampaña. La entidad argumentó que la restricción carece de respaldo legal expreso y podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de empresa, la libertad de información y el acceso de la ciudadanía a datos de interés público.
Las objeciones no provinieron únicamente de ACD Media. También Participación Ciudadana presentó un recurso de reconsideración solicitando la revocación del artículo que establece la prohibición, al entender que contradice la legislación electoral vigente. Incluso la miembro titular de la JCE, Hirayda Marcella Fernández Guzmán, remitió una opinión sobre la constitucionalidad del reglamento.
Ante esos cuestionamientos, el Pleno de la JCE decidió sobreseer el conocimiento de los recursos de reconsideración hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronunciara sobre las acciones de las que había sido apoderado, aunque el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, aclaró posteriormente que esa decisión no suspendía la vigencia del reglamento.
El TSE, sin embargo, no conoció el fondo de la controversia. La mayoría del tribunal se declaró incompetente para decidir la impugnación y remitió el caso al Tribunal Constitucional, al entender que corresponde al control concentrado de constitucionalidad. Esa decisión también generó críticas de juristas y de Finjus, que sostuvieron que el TSE sí tenía competencia para examinar la legalidad del reglamento y advirtieron que trasladar automáticamente este tipo de controversias al Tribunal Constitucional altera el diseño institucional previsto por la Constitución.
Nacionales
Más de cien mil dólares deben tener de fianza dominicanos solicitantes de residencia a EU.
Santo Domingo, R.D.-Los dominicanos considerados como una carga pública por el cónsul que evalúe su caso tendrán que tener una fianza de más de 100 mil dólares, según un plan piloto anunciado por el Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), siendo la República Dominicana el primer pais escogido para aplicar la medida.
Los montos de las fianzas serán de seis cifras, una información que fue publicada por el medio Washington Free Beacon y que luego fue compartida por el Departamento de Estado junto a una imagen de Marco Rubio.
Las fianzas se están estimando entre los 100,000 y los 250,000 dólares, según el citado medio.
Diario Libre conversó con Natalia Molano, vocera en español del DOS, quien dijo que no hay un monto establecido, indicó que el mismo será determinado individualmente por el oficial consular tras evaluar las circunstancias particulares de cada caso, con base en la legislación migratoria vigente.
- Molano también explicó las razones por las cuales el país fue escogido para el inicio de este plan piloto que más adelante se extenderá a otros países.
«República Dominicana se escogió por el gran volumen y la escala de solicitudes de visa que maneja nuestra embajada en Santo Domingo. Es un programa piloto que se irá evaluando para determinar si se suman otros países o si se realizan modificaciones», explicó la funcionaria.
La portavoz explicó que el análisis sobre una posible carga pública comienza incluso antes de la entrevista consular.
Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de residencia, el expediente es remitido al consulado con la información financiera presentada por el patrocinador mediante el affidavit de apoyo económico, documento obligatorio en este tipo de solicitudes.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia económica de 10 mil pesos umpuso el Juzgado de Atencion Permanente del Distrito Nacional a un hombre captado en video mientras conducia en via contraria por la avenida John F Kennedy luego de presudentamente robarse el vehiculo que manejaba en un dealer ubicado en el sector de Villas Agriocolas.
El magistrado Rigoberto Sena, dispuso además impedimento de salida del país y presentación periódica para el imputado, Eugenio Mauricio Álvarez, y ordenó su inmediata puesta en libertad.
La medida fue cuestionada por Juan Carlos de Jesús Rosario, propietario del vehículo, quien denunció la impunidad y el desamparo que sienten los ciudadanos trabajadores frente al sistema de justicia. El comerciante manifestó su indignación y frustración, ya que el hecho estuvo a punto de costarle la vida a uno de sus hijos.
«Ese negocio me ha costado sacrificio y humillación para tenerlo ahí, gracias a Dios y a mis hijos que me han ayudado. Por poco aplasta a mi hijo y al conductor vienen y lo sueltan con una medida de 10,000 pesos. ¿Quién me paga a mí los daños y mi dinero?», expresó con impotencia.
Según el expediente, el imputado sustrajo una guagua Nissan NV350 Rider del establecimiento Cristal de Jesús Autoimport y emprendió la huida conduciendo de manera temeraria por varias vías del Distrito Nacional.
Los videos del recorrido del vehículo, transitando en sentido contrario por la avenida John F. Kennedy, se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación entre conductores y peatones.