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Posponen la Cumbre de las Américas a celebrarse en R.D.
Santo Domingo, R.D.-No parecía ser un buen escenario para un dialogo productivo por las profundas divergencias que actualmente sobresalen en la referida cumbre, lo que ha llevado a la Republica Dominicana y los Estados Unidos supender la Cumbre de las Américas, la cual ha sido pospuesta para el 2026.
La posposición de la Cumbre para el próximo año culmina con la planificación de una actividad que había generado varias críticas de actores internacionales luego de que se anunciara la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba provocando que países como Colombia y México desistieran de participar, alegando que en la exclusión no se puede ejecutar el dialogo.
A principios del mes de octubre, el Mirex emitió un comunicado señalando que al igual que en la cumbre celebrada en Estados Unidos, los estados de Venezuela, Cuba y Nicaragua no serían invitados a participar en la edición de la cumbre que estaba supuesta a celebrarse el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, indicando que la exclusión de esos países aseguraría “la mayor participación posible” en la Cumbre.
La exclusión de esos países generó que los mandatarios de México (Claudia Sheinbaum) y Colombia (Gustavo Petro) desistieran de participar en la Cumbre, con ambos jefes de Estado citando esa decisión como razón principal para rechazar la invitación.
Por igual, se generó una reacción de rechazo producida desde el gobierno cubano, mediante su canciller Bruno Rodríguez, quien acusó a Estados Unidos de ser responsable de esa «decisión impuesta» al país anfitrión.
Ministerio de Relaciones Exteriores comunica la suspención de la Cumbre de las Américas.
Ante esas reacciones, a pesar de mostrarse indiferente al ser cuestionado en ocasiones anteriores, el presidente Luis Abinader llegó a manifestar que aunque la República Dominicana será el país anfitrión, es Estados Unidos el encargado de realizar las convocatorias a los gobiernos que participaran en la Cumbre.
En el documento despachado a los medios de comunicación la noche del lunes, el Mirex resaltó que la decisión de la posposición fue consensuada tanto con Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países clave; además de consultar al el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Agradecemos todos los esfuerzos para apoyar la organización de este cónclave: países hermanos, organismos internacionales, representantes del sector privado, de la juventud, de la sociedad civil y las instituciones del Gobierno dominicano, cuyo compromiso y entusiasmo han sido esenciales. República Dominicana reafirma su apuesta por el multilateralismo, la política de buena vecindad y las alianzas para impulsar la integración regional”, exclama el comunicado.
Apoyo de EEUU
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, apoyó la decisión del Gobierno Dominicano de posponer el evento.
A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que se mantendrán colaborando con la República Dominicana para planificar un “evento productivo” en el 2026.
“En nombre de los Estados Unidos, agradecemos al presidente Abinader su amistad y su disposición a ser anfitrión de la Cumbre de las Américas. Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cumbre y seguiremos colaborando con la República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento productivo en 2026 que se centre en fortalecer las alianzas y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos”, dice la publicación de Rubio en la red social.
Ampliar el dialogo
El Gobierno manifestó que el hecho de posponer el evento para el siguiente año “conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan”.
Cumplieron con las garantías
En el mismo comunicado, el Mirex resaltó que el Gobierno Dominicano cumplió con todas las solicitudes para “garantizar” el éxito del evento.
“República Dominicana propuso su candidatura para sede de la Décima Cumbre de las Américas durante la Novena, celebrada en Los Ángeles, California, EE.UU., en junio de 2022. La Asamblea General de la OEA la aprobó por aclamación ese mismo año, en Lima, Perú. Desde aquel momento, el Gobierno dominicano ha venido trabajando arduamente para garantizar el éxito del evento. Este esfuerzo incluyó la coordinación logística con la OEA y todas las organizaciones involucradas. El país ha cumplido cabalmente con todos los requerimientos de este compromiso”, reseña el documento.
República Dominicana propuso su candidatura para sede de la Décima Cumbre de las Américas durante la Novena, celebrada en Los Ángeles, California, EE.UU., en junio de 2022. La Asamblea General de la OEA la aprobó por aclamación ese mismo año, en Lima, Perú.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.