Nacionales
Hay 43 juicios activos entre los 83 aspirantes a la SCJ y el TSE.
Santo Domingo, R.D.-Cuarenta y tres jueces activos están entre los aspirantes a entrar a cubrir las vacantes que se presentan en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, cuyas vistas publicas y evaluacion se iniciaron este martes.
El calendario del Consejo Nacional de la Magistrarua (CNM), órgano competente para designar a los jueces de las Altas Cortes, tiene un cronograma que se prolongará hasta el 20 de este mes, con la entrevista a los últimos 20 postulantes, tras lo cual deliberará y votará.
Los días de evaluación, además de este martes, son el viernes 14 y el martes 18 de este mes, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.
Cada postulante se presentará ante el CNM por el tiempo que se estime de rigor y sus integrantes podrán interrogarle sobre asuntos vinculados a su solicitud, así como clarificar cualquier aspecto de su expediente que lo amerite, conforme lo establece el artículo 28 del Reglamento 1-25.
Asimismo, el organismo podrá apreciar en los postulantes y sus expedientes las características subyacentes causalmente asociadas con el desempeño y la actuación exitosa, entre las que se encuentran integridad, temperamento, habilidad de comunicación, disciplina, honradez, compromiso ético, autocontrol, vocación de servicio público y sentido de justicia, entre otros.
El artículo 29 del Reglamento contempla que, durante el proceso de evaluación, el Consejo podrá conformar con dos o más de sus miembros, comisiones especiales para hacer investigaciones específicas sobre cualquier postulante.
Los resultados de las investigaciones deberán ser presentadas al CNM en la siguiente sesión.
Conforme lo estipula el artículo 30, luego de concluido el proceso de vistas públicas, el CNM volverá a sesionar en un plazo no menor de 24 horas para evaluar y ponderar las diferentes postulaciones.
Luego de esta evaluación y ponderación, el presidente del Consejo invitará a cada uno de los miembros a someter sus propuestas de postulantes para las posiciones a ser llenadas.
Acto seguido, el presidente someterá a votación a cada uno de los postulantes que estén en la lista de finalistas.
“Si el resultado de la votación arrojase más postulantes que posiciones disponibles, el presidente someterá nuevamente a votación las propuestas hasta que se reduzca la lista a la cantidad de posiciones que deben ser llenadas”, dice el párrafo uno del artículo 30.
Los miembros del Consejo podrán nominar a cualquiera de los jueces seleccionados para ser presidente o sustitutos según sea el caso, en virtud del artículo 31 del Reglamento.
En virtud del párrafo uno del artículo 34, para la designación de los jueces de la SCJ, el CNM seleccionará las tres cuartas partes de sus miembros de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial y la cuarta parte restante los escogerá de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público.
El grupo aspira a llenar las vacantes dejadas en la SCJ por el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, el juez Blas Rafael Fernández Gómez, quien se retira voluntariamente, así como los no confirmados magistrados por otro período de siete años, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón.
Además, procuran ser tomados en cuenta en las diez vacantes originadas a raíz del cumplimiento del período de cuatro años de los cinco jueces del TSE y sus suplentes.
Los candidatos a jueces de la SCJ y el TSE son
También Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Ygnacio Pascual Camacho, Hermenegilda Fondeur Ramírez, Manuel Hernández Victoria, Carmen Mancebo Acosta, Pedro Antonio Sánchez Rivera, Domingo Antonio Tineo, Wendy Martínez Mejía, Miguelina Beard Gómez, Carmen Tejeda Soto, Doris Josefina Pujols Ortiz, Alexis Gómez Geraldino, Rosanna Vásquez Febrillet, Julián Henríquez Puntiel, Edyson Alarcón Polanco, Cristian Perdomo Hernández, Fernando Fernández Cruz.
Igualmente, Erick Hernández Machado, Ylona de la Rocha Camilo, Roberto Quiroz, Víctor Manuel Pérez Duarte, José María Vásquez Montero, Pedro Antonio Mateo Ibert, Enelia Santos de los Santos, Samuel Moquete de la Cruz, Lenis García Guzmán, César René Peñaló Ozuna, Juan Angomás Alcántara, Claudio Stephen Castillo, Emerson Soriano Contreras.
Santo Domingo, R.D.-Un procedimiento administrativo sancionador en contra la firma encuestadora ACD Media, SRL, ha iniciado la Junta Central Electoral (JCE) al formular un pliego inicial de cargos por la presunta publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del período legalmente habilitado, en aplicación del reglamento aprobado por el organismo en mayo pasado, cuya medida abre un proceso contradictorio, pero no implica una declaración definitiva de responsabilidad.
La actuación fue dispuesta por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE la apoderara para investigar dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media: una encuesta divulgada el 1 de junio y otra el 13 de julio de este año, ambas publicadas por Diario Libre.
Según el órgano electoral, los sondeos incluían mediciones sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales de cara a 2028, por lo que, de manera preliminar, poseen contenido político-electoral.
Los críticos del reglamento de la JCE, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostienen que el organismo fue más allá de ese marco legal al extender la prohibición hasta impedir la publicación de encuestas desde antes del inicio de la precampaña, una limitación que -afirman- no fue establecida por el Congreso en las leyes electorales. Esa es la cuestión que ahora deberá dilucidarse en la jurisdicción constitucional, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declinara conocer el fondo del caso y lo remitiera al Tribunal Constitucional.
La JCE sostiene que ambas publicaciones se realizaron después de la entrada en vigor del Reglamento sobre Encuestas, vigente desde el 22 de mayo de 2026, pero antes del inicio del período oficial de precampaña, durante el cual sí estaría permitida la difusión de este tipo de estudios. El artículo 13 de la normativa prohíbe expresamente la publicación de encuestas con fines electorales fuera de esos plazos y contempla como sanción principal la suspensión temporal del registro de la firma entre seis meses y un año; la cancelación definitiva solo procedería en caso de reincidencia.
El expediente enfatiza, sin embargo, que la imputación tiene carácter provisional. La JCE deberá determinar durante la instrucción el grado de participación de ACD Media en la elaboración, autorización y difusión de las encuestas, mientras la empresa dispondrá de 10 días calendario para presentar su defensa, pruebas y argumentos jurídicos.
La decisión se produce en medio de un intenso debate jurídico sobre la validez del reglamento. La Finjus sostuvo desde su aprobación que la JCE excedió las facultades que le confieren las leyes electorales al prohibir la publicación de encuestas antes de la precampaña. La entidad argumentó que la restricción carece de respaldo legal expreso y podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de empresa, la libertad de información y el acceso de la ciudadanía a datos de interés público.
Las objeciones no provinieron únicamente de ACD Media. También Participación Ciudadana presentó un recurso de reconsideración solicitando la revocación del artículo que establece la prohibición, al entender que contradice la legislación electoral vigente. Incluso la miembro titular de la JCE, Hirayda Marcella Fernández Guzmán, remitió una opinión sobre la constitucionalidad del reglamento.
Ante esos cuestionamientos, el Pleno de la JCE decidió sobreseer el conocimiento de los recursos de reconsideración hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronunciara sobre las acciones de las que había sido apoderado, aunque el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, aclaró posteriormente que esa decisión no suspendía la vigencia del reglamento.
El TSE, sin embargo, no conoció el fondo de la controversia. La mayoría del tribunal se declaró incompetente para decidir la impugnación y remitió el caso al Tribunal Constitucional, al entender que corresponde al control concentrado de constitucionalidad. Esa decisión también generó críticas de juristas y de Finjus, que sostuvieron que el TSE sí tenía competencia para examinar la legalidad del reglamento y advirtieron que trasladar automáticamente este tipo de controversias al Tribunal Constitucional altera el diseño institucional previsto por la Constitución.
Nacionales
Más de cien mil dólares deben tener de fianza dominicanos solicitantes de residencia a EU.
Santo Domingo, R.D.-Los dominicanos considerados como una carga pública por el cónsul que evalúe su caso tendrán que tener una fianza de más de 100 mil dólares, según un plan piloto anunciado por el Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), siendo la República Dominicana el primer pais escogido para aplicar la medida.
Los montos de las fianzas serán de seis cifras, una información que fue publicada por el medio Washington Free Beacon y que luego fue compartida por el Departamento de Estado junto a una imagen de Marco Rubio.
Las fianzas se están estimando entre los 100,000 y los 250,000 dólares, según el citado medio.
Diario Libre conversó con Natalia Molano, vocera en español del DOS, quien dijo que no hay un monto establecido, indicó que el mismo será determinado individualmente por el oficial consular tras evaluar las circunstancias particulares de cada caso, con base en la legislación migratoria vigente.
- Molano también explicó las razones por las cuales el país fue escogido para el inicio de este plan piloto que más adelante se extenderá a otros países.
«República Dominicana se escogió por el gran volumen y la escala de solicitudes de visa que maneja nuestra embajada en Santo Domingo. Es un programa piloto que se irá evaluando para determinar si se suman otros países o si se realizan modificaciones», explicó la funcionaria.
La portavoz explicó que el análisis sobre una posible carga pública comienza incluso antes de la entrevista consular.
Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de residencia, el expediente es remitido al consulado con la información financiera presentada por el patrocinador mediante el affidavit de apoyo económico, documento obligatorio en este tipo de solicitudes.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia económica de 10 mil pesos umpuso el Juzgado de Atencion Permanente del Distrito Nacional a un hombre captado en video mientras conducia en via contraria por la avenida John F Kennedy luego de presudentamente robarse el vehiculo que manejaba en un dealer ubicado en el sector de Villas Agriocolas.
El magistrado Rigoberto Sena, dispuso además impedimento de salida del país y presentación periódica para el imputado, Eugenio Mauricio Álvarez, y ordenó su inmediata puesta en libertad.
La medida fue cuestionada por Juan Carlos de Jesús Rosario, propietario del vehículo, quien denunció la impunidad y el desamparo que sienten los ciudadanos trabajadores frente al sistema de justicia. El comerciante manifestó su indignación y frustración, ya que el hecho estuvo a punto de costarle la vida a uno de sus hijos.
«Ese negocio me ha costado sacrificio y humillación para tenerlo ahí, gracias a Dios y a mis hijos que me han ayudado. Por poco aplasta a mi hijo y al conductor vienen y lo sueltan con una medida de 10,000 pesos. ¿Quién me paga a mí los daños y mi dinero?», expresó con impotencia.
Según el expediente, el imputado sustrajo una guagua Nissan NV350 Rider del establecimiento Cristal de Jesús Autoimport y emprendió la huida conduciendo de manera temeraria por varias vías del Distrito Nacional.
Los videos del recorrido del vehículo, transitando en sentido contrario por la avenida John F. Kennedy, se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación entre conductores y peatones.