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Hay 43 juicios activos entre los 83 aspirantes a la SCJ y el TSE.
Santo Domingo, R.D.-Cuarenta y tres jueces activos están entre los aspirantes a entrar a cubrir las vacantes que se presentan en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, cuyas vistas publicas y evaluacion se iniciaron este martes.
El calendario del Consejo Nacional de la Magistrarua (CNM), órgano competente para designar a los jueces de las Altas Cortes, tiene un cronograma que se prolongará hasta el 20 de este mes, con la entrevista a los últimos 20 postulantes, tras lo cual deliberará y votará.
Los días de evaluación, además de este martes, son el viernes 14 y el martes 18 de este mes, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.
Cada postulante se presentará ante el CNM por el tiempo que se estime de rigor y sus integrantes podrán interrogarle sobre asuntos vinculados a su solicitud, así como clarificar cualquier aspecto de su expediente que lo amerite, conforme lo establece el artículo 28 del Reglamento 1-25.
Asimismo, el organismo podrá apreciar en los postulantes y sus expedientes las características subyacentes causalmente asociadas con el desempeño y la actuación exitosa, entre las que se encuentran integridad, temperamento, habilidad de comunicación, disciplina, honradez, compromiso ético, autocontrol, vocación de servicio público y sentido de justicia, entre otros.
El artículo 29 del Reglamento contempla que, durante el proceso de evaluación, el Consejo podrá conformar con dos o más de sus miembros, comisiones especiales para hacer investigaciones específicas sobre cualquier postulante.
Los resultados de las investigaciones deberán ser presentadas al CNM en la siguiente sesión.
Conforme lo estipula el artículo 30, luego de concluido el proceso de vistas públicas, el CNM volverá a sesionar en un plazo no menor de 24 horas para evaluar y ponderar las diferentes postulaciones.
Luego de esta evaluación y ponderación, el presidente del Consejo invitará a cada uno de los miembros a someter sus propuestas de postulantes para las posiciones a ser llenadas.
Acto seguido, el presidente someterá a votación a cada uno de los postulantes que estén en la lista de finalistas.
“Si el resultado de la votación arrojase más postulantes que posiciones disponibles, el presidente someterá nuevamente a votación las propuestas hasta que se reduzca la lista a la cantidad de posiciones que deben ser llenadas”, dice el párrafo uno del artículo 30.
Los miembros del Consejo podrán nominar a cualquiera de los jueces seleccionados para ser presidente o sustitutos según sea el caso, en virtud del artículo 31 del Reglamento.
En virtud del párrafo uno del artículo 34, para la designación de los jueces de la SCJ, el CNM seleccionará las tres cuartas partes de sus miembros de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial y la cuarta parte restante los escogerá de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público.
El grupo aspira a llenar las vacantes dejadas en la SCJ por el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, el juez Blas Rafael Fernández Gómez, quien se retira voluntariamente, así como los no confirmados magistrados por otro período de siete años, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón.
Además, procuran ser tomados en cuenta en las diez vacantes originadas a raíz del cumplimiento del período de cuatro años de los cinco jueces del TSE y sus suplentes.
Los candidatos a jueces de la SCJ y el TSE son
También Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Ygnacio Pascual Camacho, Hermenegilda Fondeur Ramírez, Manuel Hernández Victoria, Carmen Mancebo Acosta, Pedro Antonio Sánchez Rivera, Domingo Antonio Tineo, Wendy Martínez Mejía, Miguelina Beard Gómez, Carmen Tejeda Soto, Doris Josefina Pujols Ortiz, Alexis Gómez Geraldino, Rosanna Vásquez Febrillet, Julián Henríquez Puntiel, Edyson Alarcón Polanco, Cristian Perdomo Hernández, Fernando Fernández Cruz.
Igualmente, Erick Hernández Machado, Ylona de la Rocha Camilo, Roberto Quiroz, Víctor Manuel Pérez Duarte, José María Vásquez Montero, Pedro Antonio Mateo Ibert, Enelia Santos de los Santos, Samuel Moquete de la Cruz, Lenis García Guzmán, César René Peñaló Ozuna, Juan Angomás Alcántara, Claudio Stephen Castillo, Emerson Soriano Contreras.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.